En el bien nunca hay exceso, decía el clásico. Por eso la izquierda, que es el bien purísimo, nunca tiene suficientes lamentos ni histerias, nunca suficientes campañas de doctrina en esto y en lo otro, nunca bastante propaganda, nunca se pasa de agitación y sed de justicia, nunca dicta demasiadas leyes que nos regulen, nunca se da al exceso de alerta y censura, y por eso mismo andan tramando una ley de “regeneración democrática” —eso dicen sin descomponerse, sin que les tiemble la ceja—, que ponga coto a los bulos que últimamente los acosan y los cercan. Eso dicen, claro, y mienten como es debido, como manda el método. El único bulo, muy extendido por cierto, es que diseñan una ley antibulos para librar a la ciudadanía de las noticias falsas cuando la realidad y la verdad —esa cosa improbable en estos tiempos: la verdad—, la escandalosa verdad es que necesitan una ley para librar al presidente de las investigaciones periodísticas y judiciales sobre su querida esposa, también sobre su pintoresco hermano, dos individuos macbethianos que un día decidieron enriquecerse en la sombra junto al gran líder, siguiendo su estela, pero a quienes los periódicos y los jueces han expuesto bajo la luz incordiosa de la opinión pública, asomándolos al espejo de sí mismos como ejemplos desmoralizantes del trasfondo de su partido y correligionarios, allegados, abrevados y estipendiados.
No deja de tener grave acento paradójico, como exponente de los tiempos de ignominia que vivimos, la excusa que el gobierno y su príncipe andan buscando para amordazar a los medios que no los abanican. Van a luchar contra la mentira desde la trama insólita de una mentira monumental, van a luchar por la prensa libre y veraz desde el aliento envenenado de la prensa mercenaria y mendaz. En tiempos del Caudillo, cuando se aprobó la ley de prensa en 1966, los periodistas demócratas decían que la mejor ley de prensa es la que no existe. De pura lógica: una ley reguladora del derecho de expresión sólo puede tener un objetivo: limitar la libertad de expresión. La popular wikipedia afirma a día de hoy que “En el periodo democrático de los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI no existen leyes de prensa porque la libertad de expresión está reconocida y garantizada en el texto constitucional de 1978”; maravillosa bondad que ya veremos cuánto dura.