Seis meses para enmendar cuarenta años de opresión y adoctrinamiento… Seis meses: éste es el plazo durante el cual, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno intervendrá la autonomía rebelde. Es poco, es insuficiente, por supuesto. Pero es mucho en comparación con los dos o tres mesecitos que uno podía temerse. Y es mucho, es infinito, en comparación con la intervención “a la carta” (sólo algunas muy precisas competencias) que también —con las presiones del PSOE por en medio— habían dejado entrever.
Lo intervienen todo, todito, todo. Desde la Presidencia de la Generalidad hasta la totalidad de sus Consejerías. Sin olvidar el Parlamento catalán, que no es disuelto formalmente: sólo de facto. Será a partir de los ministerios del Interior y de Educación y Cultura desde donde se tomarán las medidas necesarias —esperemos que no les tiemble el pulso— tanto para impedir la insurrección de los Mozos de Escuadra como para limitar (en sólo seis meses eso no hay quien lo invierta) el adoctrinamiento en las aulas y en las teles.
¿Cómo reaccionará el enemigo? Cocomocho y sus secuaces, ¿van a atrincherarse (lo anunciaba hoy mismo El Confidencial) en el, por lo demás, tan precioso palacio gótico de la Generalidad, así como en el conjunto de sus edificios? ¿Van a colocar a las hordas como defensa de tales atrincheramientos a fin de que nuestras fuerzas tengan que intervenir y se puedan generar sanguinolentas imágenes con las que hacer gemir a las lloronas de Europa y del mundo? Lo pueden hacer, desde luego: uno, dos, tres días… Pero ¿más? Son muchos los edificios a proteger y serían muchos miles quienes deberían integrar unas hordas instaladas en pie de guerra las 24 horas del día.
¿Se atreverán a dar el siguiente y gravísimo paso: hacer que los Mozos que les sean afines defiendan con las armas tales atrincheramientos? No lo creo: la cobardía, como se demostró en octubre del 34, es lo que suele anidar debajo de las bravatas de los matones del independentismo. Todo es posible, sin embargo. Ahora bien, si sobre sus espaldas cayeran los primeros muertos, la causa y la propaganda —no ya independentista: catalanista— quedaría definitivamente muerta y enterrada. Se supone que entonces sí los partidos golpistas serían legalmente disueltos.
¿Y qué pasará con el boicot o el sabotaje que pueden tan fácilmente ejercer los jerarcas y funcionarios de la Generalidad? ¿Tratarán de este modo de impedir o, como mínimo, de obstaculizar la gestión de lo que van a denominar “el gobierno de ocupación”? Tratarlo, claro que lo tratarán. Pero pronto se acabarán sus ínfulas: tan pronto como empiecen a caer —esperemos de nuevo que siga sin temblarles el hasta hoy gelatinoso pulso— los primeros despidos, los primeros sueldos no percibidos, las primeras detenciones también si los boicots y sabotajes así lo requirieran.
¿Cómo entender la inusitada firmeza que, por primera vez en cuarenta años, despliega hoy el Gobierno de la nación? Dos razones permiten entenderlo. La primera es que los sediciosos han llegado demasiado lejos: o era esto, o ponerse a “dialogar”, es decir, a pastelear cualquier apaño con ellos. No cabe duda: eran las componendas lo que les pedía el cuerpo tanto a peperos como a sociatas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué Rajoy ha acabado haciendo “lo que no quiero —así decía— tener que hacer”? Sólo la reacción multitudinaria del pueblo español, sólo su milagroso renacimiento de estos días, permite explicarlo. La casta gobernante sabe o intuye que cualquier otra reacción por parte de ellos podría acabar poniéndoles en la picota.
