Los primeros pasos
Mientras en algunas partes de la capital española sonaba el estribillo
No se ha ido, que le hemos barrido
No se ha marchado, que le hemos echado,
los próximos rectores del nuevo régimen salían de la cárcel o regresaban del exilio. Mientras se agotaban las telas moradas para sustituir la franja inferior roja de la tradicional bandera de España, la reina Victoria, acompañada de la familia real, con excepción de Alfonso XIII, que horas antes había partido de Cartagena rumbo a un incierto destierro, se trasladaba en automóvil a El Escorial para tomar el tren que la llevaría a Francia.
Ante el vacío de poder, el nuevo Gobierno procedía a la elaboración de decretos, mientras masas entusiastas se entregaban a la sustitución de nombres de calles, y en iconoclastia vertiginosa destruían estatuas de reyes, sin exclusión de los godos.
Las primeras actuaciones de los componentes del Gobierno señalaban orientaciones que se confirmarían en el futuro. Mientras Prieto, desde el ministerio de Hacienda difundía una imagen tranquilizadora encaminada a generar confianza en los sectores financieros e industriales nacionales y extranjeros, la mayoría de sus compañeros ministeriales, no iban en sus pronunciamientos más allá de expresiones de retórica acerca del pasado.
Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, se fijaba como meta la secularización de la enseñanza, dejando al arbitrio de los maestros la decisión de explicar, o no, clases de religión. Desde el ministerio de la Guerra, Azaña tomaba decisiones destinadas a depurar al Ejército de aquellos destacados por su lealtad monárquica. El juramento de fidelidad al Rey, fue sustituido por la promesa de lealtad a la República. La intención de Azaña, expresada en el decreto, que por antonomasia sería conocido como «el decreto de Azaña», se cumplió en dos vertientes: la eliminación de oficiales monárquicos y la disminución del personal militar.
La presencia de los conservadores Alcalá Zamora y Miguel Maura en el Gobierno, dentro del conglomerado representado por socialistas, radicalsocialistas y radicales, quedó minimizada, aunque a Maura le correspondería afrontar, desde el ministerio de la Gobernación, los primeros problemas de orden público. En lo que podría definirse como el centro del Régimen destacaban Prieto y Azaña. El primero, pronto se destacaría como gran parlamentario, y el segundo, a través de sus primeras intervenciones en el Congreso, saldría del anonimato para las masas, anunciando una cerrera ascendente.
La primera crisis
El mismo día 14 de abril, a primera hora de la tarde, Lluis Companys había proclamado la República, y poco más tarde, Francesc Maciá declaraba «el Estado Catalán dentro de la República Española.» Su obstinación idílica de una Cataluña libre le llevó a esta precipitación que ocasionó una reprimenda desde el naciente Gobierno. Maciá se vio forzado a modificar su actitud inicial y se refirió a una «República catalana como “Estado integrante de la Federación Ibérica”.»
El alarmante brote secesionista, de la primera iniciativa de l’Avi (el abuelo), como era conocido Maciá, decidió al Gobierno a enviar dos ministros catalanes, Marcelino Domingo y Nicolau D’Olwer, y acompañados por Fernando de los Ríos, se trasladaron con urgencia a Barcelona para afrontar la crisis planteada por el antiguo teniente coronel del Ejército español. Los planteamientos de los emisarios obtuvieron, a regañadientes, la aceptación de dependencia del poder central, en el marco de un «Gobierno de la Generalitat de Cataluña.» Fruto de estas negociaciones se creó el clima propicio para la visita de Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional, a Barcelona. Aunque la recepción fue clamorosa, las precipitadas proclamas habían delatado una intención, que oculta por el momento, era el presagio de espera de mejor oportunidad.
La quema de conventos
El Gobierno provisional fue sorprendido en su optimismo por unos acontecimientos que se produjeron el 11 de mayo. Apenas sentados a la mesa del Consejo de ministros, les llegó la noticia de que estaba ardiendo la residencia de los jesuitas de la calle de la Flor. Uno de los ministros tomó en broma la noticia, y a otro le causó gracia que fueran los hijos de San Ignacio los primeros en pagar el «tributo» al «pueblo soberano.» Solo Maura y Prieto coincidieron con la mirada, sin mediar palabras, en la gravedad del asunto. Alcalá Zamora, ante el requerimiento de Maura recabando los poderes necesarios para actuar, intervino para exclamar: «Cálmese, Migué, que esto no es sino, como disia su padre fogata de virutas.» Y cuando Maura advirtió de que si no sacaba la fuerza a la calle arderían todos los conventos de Madrid, Azaña manifestó su opinión: «Eso, no. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.»
Como reguero de pólvora la furia incendiaria hizo pasto de las llamas un auténtico tesoro arquitectónico, pictórico, además de otros objetos de inestimable valor. Las quemas de Madrid sirvieron de estímulo en muchas partes de España.
Desde las páginas de El Sol, los fundadores de la Agrupación al Servicio de la República, difundieron la siguiente nota: «La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías. Quemar conventos e iglesias no demuestra un verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva democracia. Inspirado por esta, no hubieran quemado los edificios, sino más bien se habrían propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios.» Lo firmaban Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala.
El predominio en el nuevo régimen del dogmatismo oficial fue creando en la práctica un problema de nuevo cuño: el de la mayoría religiosa atacada. La contestación del Episcopado no se hizo esperar: el 3 de junio los metropolitanos hicieron llegar una protesta colectiva por los actos de violencia cometidos contra los derechos de la Iglesia, y el 12 del mismo mes, daban a conocer una declaración sobre los deberes de los católicos. En la misma recomendaban la sumisión de los católicos al poder constituido y protestaba contra «los atropellos y vejámenes de que son objeto la Religión y la Iglesia».
La República preconizada por Alcalá Zamora: «¡Una República con el arzobispo de Valencia y con el Toledo, que es más,!» estaba lejos de lo que se perfilaba en el horizonte
