Qué bonito, José Luis Rodríguez Zapatero iba a dar 2.500 € por cada bebé nacido en España. Más tarde, como si estuvieran en una puja, alguien dijo: “yo daré 3.500 €”, y alguien más, en competencias menores, subiría, “yo, 4.000 €”. ZP recapacitó, y movido por el celo de Carod & Company, el ejecutivo incluso va a llegar a 3.500 €, igualando así la plusmarca futurible. No sé si en Cataluña se atreverán a los 5.000 €, pero no sería de extrañar…
Sin embargo, ustedes vayan haciendo cuentas (3.500 € + 4.000 € = 7.500 € por bebé) y verán qué manera tan limpia, curiosa y “buenrollito” de subvencionar el borrado de nuestro país. Imaginen, por ejemplo, a un musulmán, con cuatro esposas (los hay en España, y no se esconden), a quien, en un año, puedan pagarle, si ha elegido bien su residencia, 30.000 € por cuatro eyaculaciones. ¿Quién va a trabajar? ¿Usted lo haría? Y no se preocupe, que a esos niños los ampararemos entre todos los españolitos de a pie, cuando tengan derecho a todas las ayudas por familia numerosa, los libros de textos gratuitos, la sanidad con preferencia, y becas de comedor porque están más desfavorecidos. En 2007, el 70 % del presupuesto de las concejalías de Asuntos Sociales de algunos ayuntamientos está destinado a atender las necesidades de los inmigrantes. Trabajen o no. Sean o no. Conozco de bien cerca el caso de un profesor universitario puertorriqueño (es decir, por si alguien no lo sabe, con pasaporte estadounidense, no de Bangladesh), de año sabático en España, quien mintió a la asistenta social para que su familia (cinco personas) fuera atendida gratuitamente en la Seguridad Social española sin pagar ni un solo céntimo (bueno, los pagamos usted y yo, claro). No sé de qué estúpida ONG sería la chica, ni qué sistema de control existe para que la ley no importe o no se cumpla, dependiendo de quién.
Lo peor (lo ridículo, sería mejor decir) es que ese sistema ha sido el de Francia, y los resultados han estado a la vista. Aquí, sin embargo, o no saben o no quieren aprender. En pocos años, tendremos enormes familias de extranjeros viviendo de las ayudas del Estado, pues por desgracia no se pararán en esos 7.500 €; conforme se les otorgue derecho al voto, las prebendas aumentarán. Y, mientras tanto, a las personas a las que despiden las multinacionales a los 50 años, nadie les dará un trabajo; las pensiones de jubilación descenderán, pues los inmigrantes también llegarán a la edad de jubilación; las prestaciones por viudedad serán cada vez más cuatro miserables euros; las desigualdades serán mayores, y crecerán bolsas de pobreza antes impensables. Qué duda cabe de que tales hechos conllevarán delitos, guetos y violencia. Lo estamos viendo en Francia, y pensamos que es otro mundo. El modelo político español para nuestras grandes ciudades parece ser Guatemala, Caracas o Rio de Janeiro. Eso tendremos. Los politicastros habrán destrozado España y Europa por asegurarse cuatro años más de poder. A fin de cuentas, ellos llevarán guardaespaldas.
Ahora bien, la medida de premiar la natalidad sería buena. Pero con una salvedad importante: que la ayuda se concediera exclusivamente a personas de nacionalidad española, y en sectores no tendentes a la reproducción. Lo que interesa para que España no desaparezca tal y como la hemos conocido es el nacimiento de asturianos, vascos, catalanes, castellanos… no de marroquíes, paquistaníes o argelinos. A esto se habría de añadir tomar ejemplo de los países económicamente más avanzados de nuestro entorno, donde sólo se puede acceder a la nacionalidad a los 20 ó 30 años de residencia, no a los 2, a los 4 o a los 10, plazos ridículos cuando la población autóctona está, demográficamente, por debajo del nivel de reemplazo.
Lo único positivo de estas medidas es que en aspectos así se ve el verdadero rostro de la partitocracia, ese maravilloso sistema en el que votamos para que “nuestros” políticos sirvan a los de fuera, y nos quiten, a los de dentro, más derechos. Sobre todo, el más importante: el de ser españoles, ser europeos, y que nuestros descendientes puedan seguir siéndolo.