El abogado del joven que hace un par de semanas destrozó la puerta de la sede del PSOE en Almendralejo (Badajoz) con una retroexcavadora, ha solicitado que se le exonere del delito de daños por aplicación de la ley de amnistía que perdona y olvida todas las infracciones de los separatistas catalanes a lo largo del cansino procés. La igualdad ante la ley de todos los españoles es un principio constitucional ante el que no cabe aducir excepcionalidades ni pueden oponerse leyes de menor rango. Y de esta anécdota se deduce una perspectiva de consecuencias jurídicas imprevisibles.
Desde ya, todos los ciudadanos delincuentes que hayan cometido sus fechorías entre el 11 de noviembre de 2011 y el 11 del mismo mes de 2023, acogiéndose a dicho principio de igualdad, pueden reclamar el sobreseimiento de sus causas penales, el archivo de las mismas, la excarcelación si se encuentran cumpliendo condena, la anulación de los antecedentes penales y la extinción de responsabilidades civiles derivadas de aquellos procedimientos. Todos a la calle, limpios de polvo y paja.
Habrá que ver lo que dicen los tribunales de justicia en cuanto empiecen a presentarse estos recursos, una lucha legal que seguro se lleva con paciencia de abogacía que pide justicia para sus defendidos y con la esperanza del reo que aguarda su medida de gracia. Si los españoles somos iguales, somos iguales: que se note.
¿Estaremos ante un “sí es sí” pero a lo bestia? ¿Volverán a nuestras calles, por efecto de la amnistía a la catalana, miles de reclusos condenados por delitos graves contra las personas y contra la propiedad? No descartemos ese panorama porque los adefesios legales paridos por el gobierno del doctor Sánchez tienen una característica muy curiosa: se sabe cuándo empieza el baile pero nunca se sabe hasta hasta dónde llega la música y cómo termina la fiesta.
