Cualquier persona en su sano juicio, ante estos datos escalofriantes, deduciría de inmediato que es urgente, inaplazable, extirpar de raíz la producción, comercialización y consumo de dicha sustancia. Prohibirla de la misma manera y combatirla con idéntica contundencia a la utilizada para perseguir otras sustancias ilegales, drogas cuyos estragos, comparados con los del tabaco, son algo así como poner en la balanza una liebre y un mastín leonés. Cualquier gobierno que pretenda defender, promover y precaver la salud de la población, no dudaría en penalizar severamente el uso, consumo y tráfico de las asesinas cajetillas de tabaco. Cierto es que dejar “seco” el mercado, de golpe, causaría enormes gastos médicos en atención a los adictos, enfrentados súbitamente al síndrome de abstinencia. Pero no es menos verdad que las enfermedades atribuibles al tabaco ya ocasionan gastos exorbitantes a la sanidad pública, de manera que saldríamos lo comido por lo servido, con el beneficio añadido de haber encarado el problema de una vez. Con coherencia.
Pero no. Mire usted por dónde, no. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, el Foro Español de Pacientes, la Sociedad Española de Cardiología, la Asociación Española contra el Cáncer y las Sociedades de Neumología y Cardiología, en respuesta coyuntural a este panorama expuesto por la OMS, lanzaron su propuesta con motivo del Día Sin Tabaco: subir 20 céntimos la cajetilla.
Pero vamos a ver, señores míos, estimados conciudadanos… Vamos a ver, vamos a ver. Que no estamos hablando de una mala costumbre como escupir en la acera, con riesgo de que pase una ancianita, pise el lapo, resbale y se rompa la cadera. Que no hablamos de la gripe porcina, cuyo número de víctimas en España, al día de hoy, ha sido de una o ninguna. Que nos estamos refiriendo a una plaga, la de peores consecuencias en la historia de la humanidad, con una perspectiva calculada de 400.000.000 de muertos, con sus correspondientes 400.000.000 de dramas familiares, con los inmensos medios sanitarios que necesitarán esos 400.000.000 de pacientes terminales. Un apocalipsis. De eso hablamos, o mejor dicho: de eso habla la OMS, que no es Perico el de los Palotes precisamente.
De verdad que no. La solución es evidente y, creo, obligatoria: prohibición absoluta. Cualquier día se le ocurre a un abogado de esos de las películas americanas meter un pleito al gobierno español por estar cometiendo un delito contra la salud pública, y ya la tenemos bien liada. La demanda está bien clara en sus fundamentos: saben que mata, permiten que se venda y se quedan con casi todo el beneficio de este comercio mortal. Hay que curarse en salud, nunca mejor dicho. Ley y humo, al mismo tiempo, no puede ser.
