Cuando, el pasado noviembre, se celebró en Pamplona el juicio contra los cinco jóvenes sevillanos de La Manada, y al conocer la descripción general de lo sucedido en aquella madrugada de los Sanfermines de 2016, pensé lo mismo que pensaría cualquiera: que aquello era una pandilla de animales, que su versión de relaciones consentidas resultaba insostenible y que se merecían que cayera sobre ellos, de manera contundente y ejemplarizante, todo el peso de la ley.
Sin embargo, según se filtraban a los medios de comunicación ciertos datos acerca de los sucesos de esa noche, y de las circunstancias generales del caso, muy a mi pesar tuve que empezar a matizar mi seguridad inicial: como les dije a mis alumnos en clase de Filosofía, la cadena de acontecimientos no me parecía clara, había incoherencias y puntos oscuros que un desapasionado y racional examen se veía en la obligación de reconocer. Los jóvenes de La Manada, con sus whatsapps asquerosos, eran un hatajo de bestias; pero, como es evidente, incluso para una gentuza así resultaba necesario esclarecer con suma prudencia, en sede judicial, lo que realmente había sucedido: conocimiento sin el cual no se puede dictar una sentencia justa.
Ahora, pasados ya unos días desde la publicación de tal sentencia, enormemente polémica, y tras haber leído atentamente las declaraciones íntegras de todas las partes durante el juicio, me confirmo en mi impresión de hace unos meses: aunque pueda parecer increíble, el relato de la víctima presenta importantes incoherencias y ambigüedades y, por mucho que nos repugne la idea, la tesis de unas relaciones consentidas en aquel cubículo de un portal cualquiera no se puede calificar como absurda.
Nos dirán: “Pero ¿cómo puede ser eso? ¿En qué cabeza cabe que una chica apenas mayor de edad acepte mantener un sexo sórdido y brutal con cinco jóvenes a los que acaba de conocer?” Y sí, es cierto que parece un disparate, un imposible moral. Ahora bien: son las propias declaraciones de la joven durante los interrogatorios judiciales las que introducen todas las dudas. Repetidamente se escuda en la idea de que estaba en estado de shock, en que se encontraba mentalmente bloqueada por la situación y en que decidió someterse a los deseos libidinosos de los jóvenes para que aquella pesadilla pasara lo antes posible. En un principio, suena plausible; pero son los hechos admitidos por la propia chica durante su declaración los que, por mucho que nos pese, nos obligan –si somos intelectualmente honrados– a dudar seriamente de que ésa sea la verdad y toda la explicación de que se comportase como se comportó.
Una panda de animales engañan a una muchacha que en aquel momento de la madrugada se había quedado sola en medio de la juerga sanferminera y, sin miramiento alguno, la introducen en un portal para abusar de ella; si se prefiere, para violarla. Pudo haber sucedido así. Incluso podríamos desear que hubiese sucedido así, para que estos cerdos se pasaran en la cárcel veinte años o los que hicieran falta. Un buen escarmiento, aviso para navegantes, en la época del 8-M, del Me-Too y del furor feminista contra el machismo violador y asesino. Sólo falta un pequeño detalle: que los hechos encajen (pero ¿cómo no van a encajar?). Ahora bien: resulta –grandísima contrariedad– que no encajan. Recordemos aquel viejo adagio jurídico: Contra facta non valent argumenta. “Es que es de cajón, es que esto es una violación colectiva de manual...”. Argumento que, en principio, parece completamente irrefutable. Sin embargo –y es doloroso para mí tener que decirlo–, son los propios hechos reconocidos como ciertos por la supuesta víctima los que me obligan a plantearme muy serias dudas sobre lo que ocurrió realmente en aquella madrugada de desfase, bajos instintos desatados y una Pamplona anegada en ríos de alcohol.
No voy a entrar en detallar todas las incoherencias a las que me refiero: creo que cualquiera que lea íntegramente las declaraciones del juicio, y que realmente busque la verdad, se da cuenta de ellas. En mi humilde opinión, lo que ocurrió fue lo siguiente: por humanamente difícil de creer que resulte –que lo resulta–; la chica conoce a los chicos sevillanos, que iban a lo que iban, y, por razones que deben resultar confusas y hasta incomprensibles para ella misma, accede a participar en los planes sexuales de La Manada. La pandilla satisface sus brutales instintos en ese portal y ella, cuando repara en la falta de su teléfono móvil, se pone nerviosa y empieza a pensar en las posibles consecuencias de lo que acaba de suceder: que haya imágenes grabadas y se difundan por Internet y viralicen vía smartphones; que se haya quedado embarazada, que su familia se entere de lo ocurrido, que sea la comidilla de sus compañeros de facultad, que su vida se desmorone y se convierta en un infierno de vergüenza, burla e ignominia. Entonces llega la policía foral y la chica, angustiada, decide dar una versión de los hechos que en principio resulta perfectamente creíble, e incluso la única creíble: engañada, ha sido víctima de una violación grupal. Y entonces los acontecimientos se precipitan, el caso salta a los medios de comunicación y ella ya no ve más camino posible que seguir manteniendo esa versión.
Sin embargo, en el fondo no quiere destruir la vida de esos cinco chicos mandándolos veinte años a la cárcel. Así que, en el juicio, en vez de maquillar los hechos un poco más para reforzar su versión y decir que sí, que los jóvenes ejercieron fuerza sobre ella o que la amenazaron, lo que hace es ser fiel a la verdad de lo ocurrido en muchos aspectos que, en realidad, la perjudican; y, al proceder así, introduce dudas acerca de que su relato sea auténtico y veraz. El tribunal, que no es tonto, se da cuenta de esas contradicciones, ambigüedades, incoherencias y puntos oscuros, y también del marronazo que le ha caído encima con un caso que se ha vuelto mediático a más no poder.
¿Qué sentencia dictar, entonces? Me atrevo a decir –sin pruebas, es cierto– que los jueces toman la siguiente resolución: todos ellos ven perfectamente que el relato de la chica no encaja; pero también comprenden que una sentencia absolutoria, por muy bien fundamentada que estuviese, resultaría a día de hoy social y políticamente inadmisible; y, por otra parte, también les parece conveniente escarmentar a una pandilla de impresentables que no pueden seguir yendo por la vida en ese plan, buscando sexo en grupo y con vídeo por las tierras de España. Así que, aunque íntimamente todo el tribunal está convencido de que lo que hubo aquella noche fue un triste y vergonzoso sexo colectivo en el que todos consintieron, y dado que no aprecian fuerza ni intimidación por ningún lado, aplican el tipo penal de los abusos sexuales, y no el de violación. De este modo, consiguen una cierta pena de cárcel, no muy severa, para unos jóvenes cuya vida ya ha quedado profundamente trastocada –por su propia culpa– desde el verano de 2016. Así se consigue matar dos pájaros de un tiro, nadar y guardar la ropa: con una sentencia con la que, en secreto, la supuesta víctima creo que también se queda bastante conforme, aunque la presión social y la necesidad de mantener las apariencias jurídicas la obliguen a recurrir el fallo.
Y ahora, una cuestión en absoluto baladí: ¿qué necesidad tenía el juez Ricardo González de emitir un voto particular, sabedor de la que le iba a caer encima? Simplemente, podría haberse adherido a la tesis –pactada– de sus compañeros, con lo que habría seguido habiendo críticas, pero no tan feroces ni tan concentradas en su persona. Sin embargo, es él mismo quien dice que la fidelidad a los hechos le impide, en conciencia, emitir un voto distinto del que se inclina por la libre absolución de unos acusados que serán –que son– unos verdaderos cerdos, pero que al menos aquella noche no forzaron, engañaron ni intimidaron a nadie. Con su actitud, el juez González ha dado una lección de valentía –rayana en una temeridad casi suicida– que no puede sino despertar nuestro estupor.
Decíamos en el título del presente artículo, ya próximo a su fin, que el caso de La Manada constituye para la sociedad española actual una especie de piedra de toque. En efecto, es, en primer lugar, un síntoma de cierto clima social que hemos creado entre todos, y que se manifiesta en el creciente desmadre –o más bien desenfreno– de unos Sanfermines convertidos en botellón interminable en el que van quedando levantados todos los tabúes y límites morales. El desmadre independentista catalán y la corrupción galopante dentro del PP y otros partidos políticos sólo constituyen otras manifestaciones de un mal que tiene una raíz común: la entronización de la mentira, el falseamiento de la verdad de las cosas, la mixtificación ignorante elevada a categoría explicativa y definitoria de nuestro tiempo. El caso de La Manada es nuestra piedra de toque porque, al contacto con él, queda desafiada la disposición de nuestros contemporáneos a aceptar la verdad objetiva de las cosas por encima de la dictadura impuesta por sus opiniones, sus deseos, sus prejuicios y su voluntad particular, erigida en nueva Inquisición dispuesta al linchamiento sumarísimo en la era de las fatwas laicas emitidas en las redes sociales. Pregúntenle qué tal se lo está pasando estos bonitos días de abril el juez Ricardo González.
Lo de aquella madrugada de julio en Pamplona nunca debió ocurrir. Ocurrió por culpa de unos jóvenes educados en el porno duro y en una vulgaridad multiforme, hoy convertida en segunda naturaleza de una época triste y desnortada. Y también por culpa de una chica con poquísima cabeza e intoxicada por esa misma vulgaridad embrutecedora y tabernaria, seña de identidad también de unos Sanfermines degenerados en los que reina hoy el principio del “todo vale”. Contemplando tan tristísimo cuadro, sólo resta rogar por que el episodio sirva como catarsis purificadora y regeneradora para todos los participantes. En cuanto a la sociedad española, necesita que le den una buena bofetada para salir del desesperante atontamiento en el que ha caído. Un baño de realidad, una cura de humildad. Lamentablemente, no apuntan en esa dirección las reacciones de los últimos días, que han culminado en las demagógicas declaraciones contra el juez González de nuestro actual Ministro de Justicia.
El caso de La Manada, nuestra piedra de toque. Y, por desgracia, la muestra de que la sociedad española sigue apegada a sus a prioris subjetivos por encima de la realidad objetiva de las cosas. Lo cual sólo revela una contumacia que es preludio de que aún más desgracias se nos avecinan.
