De labios de diputados y ministros socialistas, e incluso del presidente Sánchez, salieron las siguientes sentencias antes de las elecciones del 23 de julio. Fernando Grande-Marlaska: "La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico". Adriana Lastra: "No cabe la amnistía en nuestra Constitución". José Luis Ábalos: "Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía". Juan Carlos Campo: "La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe". Miquel Iceta: "Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso". Carmen Calvo: "Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial". Salvador Illa: "Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de eso". Pedro Sánchez: "Pero el independentismo pedía la amnistía. Pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá".
No hará falta recordar que hoy esas mismas personas defienden lo contrario. La conclusión inevitable es que el contenido de la Constitución –y no precisamente sus aspectos menos importantes– depende del interés partidista de cada momento. No cabe mayor prueba de la destrucción del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Porque, además de esta traca final, los españoles llevan muchos años sufriendo indolentemente que sobre ellos caiga todo el peso de la ley hasta por el menor detalle mientras que los políticos, tanto los corruptos y ladrones como, especialmente, los enemigos del Estado, están por encima de la ley y pueden ser indultados, amnistiados y encumbrados al gobierno.
Pero nada de esto debe asombrarnos, pues la probable amnistía que se avecina no es otra cosa que la consecuencia lógica del llamado régimen del 78, caracterizado por la parcialidad y por llevar dentro de sí el germen de su autodestrucción. Esto último se entenderá con sólo mencionar el absurdo término "nacionalidades" y el título VIII, todo ello diseñado por nuestros constituyentes para satisfacer los deseos de los separatistas, que sabían muy bien lo que necesitaban para comenzar su paciente demolición del Estado utilizando sus propias instituciones.
Por lo que se refiere a la parcialidad, fijémonos en la Ley de amnistía de octubre de 1977, concebida con el bienintencionado objetivo de pasar la página de la división nacional que condujo a la guerra civil. La primera grieta en el asunto fue meter en el mismo saco guerra y régimen de Franco por un lado y terrorismo, fundamentalmente etarra y comunista, por otro. Porque habría mucho que discutir sobre la consideración de los crímenes de ETA y GRAPO como consecuencias de la guerra de 1936. Pero lo más importante fue un detalle que suele pasarse por alto. El apartado a) del artículo 1 declaró amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, día en el que se celebró el referéndum sobre la Reforma Política. Por su parte, el apartado b) extendió la amnistía a los actos de la misma naturaleza que hubieran sido realizados entre aquella fecha y el 15 de junio de 1977, día en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas, pero con la condición de que hubieran respondido a "un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España". Es decir, los crímenes cometidos por los terroristas comunistas y separatistas, fundamentalmente GRAPO y ETA.
Y aquí está la clave de la cuestión. En primer lugar, la expresión "pueblos de España" demuestra que sus redactores habían caído en la trampa ideológica y lingüística de los separatistas, que negaban la existencia del pueblo español y defendían la de diversos pueblos incluidos contra su voluntad en la invasora España. En segundo, es absurdo considerar que los comunistas del GRAPO pretendían restablecer las libertades públicas; y más absurdo aún, que el objetivo de los etarras fuese la consecución de la autonomía, cuando su ideología y su actividad criminal posterior al estatuto autonómico demostraron que lo que perseguían, y siguen persiguiendo sus portavoces políticos, es la secesión.
Y tan importante como todo esto es que, a contrario sensu, declaró no amnistiados los actos cometidos entre esas fechas con otros móviles. Es decir, los de la extrema derecha, en concreto la célebre matanza de Atocha de enero de 1977, en la que fueron asesinados cinco abogados vinculados al Partido Comunista.
En suma: nuestros legisladores proclamaron que la vida humana tiene un valor u otro dependiendo de en nombre de qué se la ponga fin. Si el asesino es comunista o separatista, el asesinato es bienintencionado y legítimo, y por lo tanto amnistiable. Pero si es de extrema derecha, es malintencionado e ilegítimo, y por lo tanto inamnistiable.
Los episodios que fueron llegando a continuación confirmaron esta doble vara de medir. En primer lugar, el PP de Aznar, con mayoría absoluta, colaboró el 20 de noviembre de 2002 con socialistas, comunistas y separatistas en la condena parlamentaria del alzamiento del 18 de julio de 1936 sin decir ni una sílaba de la revolución socialista de octubre de 1934, de las elecciones fraudulentas de febrero de 1936 y del caos revolucionario estallado tras ellas, hechos que condujeron y provocaron el 18 de julio. Esta condena, históricamente aberrante, dio pie a la Ley de Memoria Histórica promulgada por Zapatero cinco años después, basada en la misma parcial y maniquea vara de medir.
En 2017 llegaría la aportación de Rajoy y su artículo 155 con la puntita nada más. Compárense la actuación gubernamental y las consecuencias penales para los golpistas de 2017 –golpistas separatistas, y por lo tanto buenos– con los de 1981 –golpistas ultraderechistas, y por lo tanto malos–.
Y durante la última legislatura han llegado la nueva vuelta de tuerca de la Ley de Memoria Democrática, los indultos a los golpistas buenos y ahora, como guinda del pastel, la amnistía.
El camino es lógico y rectilíneo, motivo por el que no puede dejar de llegar a su estación final, que es la destrucción de España.
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