Los jueces cargados con sus puñetas

Sus Señorías

No nos lo acabamos de creer, pero estamos en una situación revolucionaria. La Constitución es un papel mojado que la gente pisotea en la calle. A eso se le llama revolución. Bienvenida sea.

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Nadie retrató mejor al estamento judicial que Honoré Daumier (1808-1879), cuya agudeza para la caricatura de los rábulas todavía hoy nos divierte y asombra. Y no han perdido actualidad sus estudios sobre la fauna del foro y las diversas clases de sanguijuelas jurídicas que parasitan a quien tiene la desgracia de verse metido en un pleito. De los jueces de la Monarquía de Julio francesa a los de hoy apenas ha cambiado nada en lo esencial: siguen siendo un instrumento de la élite dominante para aplastar a los enemigos del orden político. No, no nos hagamos ilusiones, el derecho no consiste en dar a cada uno lo suyo, sino en proteger los intereses de las castas dominantes mediante un aparato solemne de togas, palabras incomprensibles y razonamientos alambicados que favorecen siempre al que manda y donde se retribuye la obediencia con los correspondientes ascensos en el escalafón. El juez siempre ha sido uno de los baluartes de todo orden establecido, sea éste el que sea. No hay mayor insensatez que una magistratura revolucionaria. Si es magistratura, es que obedece a un orden ya asentado, aunque se llame a sí mismo "revolucionario".

La necesidad del derecho para perseguir y castigar a los enemigos de la sociedad es un imperativo de cualquier régimen político. Por eso, todo Estado es "de derecho", pues no es concebible sin unas leyes que lo articulen y defiendan y a las que se les da un carácter sagrado, cuya transgresión rompe un tabú que ocasiona el correspondiente castigo; en esto se parecen el Código de Hammurabi y las XII Tablas romanas a la muy profanada y raquítica Constitución de 1978. En la URSS, la aplicación del artículo 58 llenaba de náufragos el archipiélago GULAG, igual que ahora

Las leyes de violencia de género o de odio son la punta de lanza de la represión socialdemócrata

las leyes de violencia de género o de odio son la punta de lanza de la represión socialdemócrata. El derecho es un instrumento de dominio y su escenificación se produce en los tribunales de "justicia", desde los autos de fe hasta los procesos de Moscú. Por supuesto, todo este aparato represor se fundamenta en un principio básico: la defensa de la sociedad frente a sus "enemigos". Enemigos de los que tiene necesidad, que designa el legislador y a los que persigue el estamento judicial.

El instrumento básico para la defensa de una élite en el poder es la fuerza. Pero su desnuda ostentación puede ser contraproducente y da una imagen tiránica que nadie desea fuera de momentos revolucionarios, donde las ficciones jurídicas se disuelven ante la realidad de la política en bruto; salvo en esos casos, siempre es necesario un disfraz de asentimiento civil, de solemne "justicia". Para eso se crean las leyes, que no son otra cosa que la verbalización del poder, la expresión de sus exigencias y de sus imperativos sin la necesidad inmediata de la violencia física, que es la realidad esencial de todo Estado, la ultima ratio regum. La "justicia" no es sino una aspiración utópica, pues nada es "justo" desde el momento en que dos partes disputan por un asunto y lo ven desde muy diferentes perspectivas. Lo que concebimos por "justo" no es sino lo que deberíamos llamar con mejor criterio equidad, es decir, la aplicación de unas pautas de sentido común y de trato más o menos imparcial a una situación dada.

Las decisiones judiciales de los últimos tiempos no tienen por ello nada de sorprendente. Las sentencias de los casos Laínez, Arandina, Valle de los Caídos o la monumental puñalada a la unidad del Estado perpetrada por el Supremo no son "injusticias", sino la simple aplicación de la lógica política a la judicatura, que no tiene otra función sino la de servir a ese discurso expresado en leyes. Montesquieu lleva mucho tiempo muerto y enterrado y la división de poderes en España es una farsa, un cuento que ya no engaña a nadie y que deberíamos dejar de invocar. Ni siquiera merece la pena que nos indignemos. Los tribunales son un engranaje más del poder y defienden como buenos perros guardianes los intereses de la élite dominante. Así ha sido siempre y así lo será hasta el fin de los tiempos. Sorprende tanta sorpresa.

Más que indignarnos, lo que deberíamos hacer es aprender del rival.

La izquierda ha conseguido que la calle dicte las sentencias a los tribunales

La izquierda ha conseguido que la calle dicte las sentencias a los tribunales. Los jueces, siempre temerosos y serviles ante el poder, han venteado, con el perfecto olfato de mastín que les caracteriza, dónde están los que mandan y qué tipo de sentencias evitan problemas y facilitan los ascensos. La prensa progre nunca respeta las sentencias de los tribunales cuando no le favorecen: por eso ha montado escándalos con las sentencias que no le gustaban, ha perseguido y marcado a los jueces que se oponían a sus designios, ha arruinado la carrera de unos pocos para estimular a los otros y ha logrado ideologizar los tribunales hasta tal punto que matar de forma atroz a un "fascista" sale más barato que montar una algarada en presencia de los bonzos del separatismo. Un abogado de ETA tiene más peso que una sala del Supremo. Una ministra semiletrada puede obligar a los magistrados a olvidarse de la presunción de inocencia de los varones. ¿Y qué hacen los jueces? Obedecer. Para eso les pagan.

No debemos esperar nada de las instituciones ni de las magistraturas. Su valor civil está tristemente desacreditado. No es hora de quejarnos, sino de actuar y de organizarnos. Es la hora de aplicar el mismo método que tan buen resultado le da a la izquierda. A ver qué pasa. No nos lo acabamos de creer, pero estamos en una situación revolucionaria. La Constitución es un papel mojado que la gente pisotea en la calle. A eso se le llama revolución. Bienvenida sea.

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