En las últimas décadas nuestra vieja Europa parece instalada en el eterno debate de si es preciso avanzar hacia una unión política cuya meta es la fundación de un único Estado europeo o, por el contrario, si lo que hay que hacer es marcar de una vez las diferencias, poner límites nacionales y, tal vez, liquidar la moneda única.
Septiembre ya está aquí y con él llegará el otoño y, según las previsiones, se avecina un período incierto de protestas, movilizaciones e incluso de altas tensiones sociales. Personalmente no me extraña.
Llegados a la situación social, nacional —también mundial— y espiritual a la que hemos llegado sólo nos puede salvar un cataclismo. Dicho así, a voz de pronto, puede sonar contradictorio e incluso, si me apuran, derrotista.
Desde que estalló la crisis económica se ha intensificado el debate acerca de lo intolerable que resulta permitir el fraude fiscal.
Ha pasado más de medio año desde que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta. En aquella jornada, una izquierda desencantada desertó, en parte, de las urnas. Lo hizo tras dos legislaturas gobernando el Partido Socialista y tras constatar no sólo la ineficacia de su política a todos los niveles, empezando por lo económico, sino la pérdida de cualquier ascendencia moral en todas las áreas políticas y sociales.
De un tiempo a esta parte se ha abierto el melón de las Comunidades Autónomas. La crisis económica ha obligado a cuestionar una estructura del Estado insostenible dado su elevado coste. Pero el asunto tiene un alcance mucho más profundo y sus raíces van más allá del aspecto meramente económico.
