La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocido en inglés como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno de EE.UU. considera la asociación como un complemento a su Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. En cambio, la Unión Europea está siendo duramente criticada por el secretismo y la falta de transparencia con el que se están llevando las negociaciones, de espaldas a la opinión pública.
El objetivo del tratado es doble: primero, eliminar todo tipo de obstáculos aduaneros entre EE.UU. y la UE, incluidas las llamadas barreras no arancelarias, como son las constituciones y las leyes de los Estados firmantes, que no podrán intervenir en la regulación o intervención de sectores económicos estratégicos; y segundo, el poder atribuido a las grandes corporaciones para denunciar a los Estados cuando entiendan que éstos ponen obstáculos al libre comercio, el acceso al mercado y la libre distribución de bienes y servicios.
El pensador francés Alain de Benoist acaba de publicar el libro Le Traité Transatlantique et autres menaces. En él, De Benoist considera que estamos ante uno de los eventos planificados que marcarán el rumbo del siglo XXI, que él denomina como la “gran marcha transatlántica”, una amenaza neoliberal de la que depende buena parte del devenir de Europa. Se trata del mayor acuerdo bilateral, con una gigantesca zona de libre comercio, que reúne más del 40% del PIB mundial y más de 800 millones de consumidores con poder adquisitivo. El resultado será, a corto plazo, una auténtica unión económica y comercial entre EE.UU. y la UE. Un viejo objetivo de los medios financieros y liberales.
Así que ya se han constituido dos bandos. Por un lado están sus defensores, que subrayan el beneficio que supondría para el crecimiento económico de las naciones que lo integren, el espectacular aumento de la libertad económica y el fomento de la creación de empleo. Por otro, sus detractores argumentan que estos presuntos beneficios se producirían a costa del aumento del poder de las grandes empresas y que se produciría una drástica desregulación de los mercados rebajando los niveles de protección social y medioambiental. De esta forma, se limitaría la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos, especialmente en el sector de los trabajadores, que cederían sus derechos en favor de los privilegios de los empresarios. De hecho, el tratado no permitiría a los gobiernos nacionales aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, los servicios postales o las telecomunicaciones, contemplando que, ante cualquier expropiación, las empresas puedan demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses.
Las críticas lo califican de “un sueño neoliberal, una pesadilla democrática”, un nuevo instrumento demoledor del neoliberalismo desregulador, que va más allá de los acuerdos bilaterales vistos hasta ahora: es un ataque a la soberanía popular con el que se pretende reducir los estándares ambientales, sociales y laborales e incrementar los privilegios de las corporaciones en un solo acuerdo. Por ejemplo, el TTIP amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en salud pública, que van desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios, y también en los sectores de protección sociolaboral y medioambiental, que la Troika ya lleva tiempo desmontando. Mientras, los think-tanks neoliberales ya han empezado una gran campaña a favor del TTIP basada en un único punto: más comercio, más beneficio.
En palabras de Juan Torres López, uno de los dos economistas redactores del programa económico de Podemos, "la teoría económica, incluso la teoría económica ortodoxa, no ha conseguido demostrar que el libre comercio sea mejor que otro régimen comercial, salvo en condiciones de competencia perfecta que es imposible que se den en la realidad".
Pero, ¿qué riesgos implica el tratado para los Estados y la ciudadanía europea? Para el Estado hay unos riesgos esenciales. En primer lugar, su desaparición absoluta en el ámbito económico y la imposibilidad de aplicar políticas distintas a las normativizadas por los neoliberales en el TTIP. Además, las características de un tratado como éste, que depende de su aprobación por la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación por los Estados, aun en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación. En segundo lugar, la privatización de la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados.
Pero serán los ciudadanos europeos los que se lleven la peor parte: 1. Pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT. 2. Limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores. 3. Olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial. 4. Privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar. 5. Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta los efectos sobre los salarios que pueda tener la aplicación analógica con el NAFTA (con México) y el Acuerdo Trans-Pacífico (con países asiáticos). Tampoco los ciudadanos norteamericanos saldrían beneficiados: 1. Mayor dependencia del petróleo si se consuma la restricción a la utilización de los carburantes menos contaminantes. 2. No etiquetaje de productos modificados transgénicamente. 3. Eliminación de reglas sobre los mercados financieros, más estrictas en la actualidad en EE.UU. 4. Eliminación de las evaluaciones independientes de los medicamentos no producidos en los EEUU. 5. Eliminación de las reglas de preferencia nacional en los contratos públicos.
En España, el TTIP todavía es un gran desconocido porque, como es habitual, tanto los conservadores como los socialdemócratas están muy interesados en ocultar los debates de fondo. Pero debemos ser conscientes de que este tratado necesita del acuerdo favorable del Parlamento Europeo y el de los Estados miembros, pero sin ratificación posterior mediante consultas o refrendos populares. Por eso, los ciudadanos europeos todavía estamos a tiempo para movilizarnos y oponernos, rechazando la nueva amenaza neoliberal en cada consulta electoral.
