De un tiempo a esta parte el bombardeo por parte de los medios de comunicación españoles sobre el fenómeno de la okupación es constante, y siempre con un posicionamiento a favor o en contra, en función de la ideología del medio. Este hecho ha producido un importante debate en la sociedad española. Estamos viendo cómo, desde la izquierda, su lideres no tienen ningún inconveniente en hablar de ello como algo natural, normal y aceptado socialmente. Pero ¿es esto así? No, rotundamente no, el Código Penal español es muy claro: bien sea usurpación o allanamiento, es ésta una conducta delictiva.
Según los últimos datos publicados por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de 2023 se habían producido en España la escalofriante cifra de 3.898 casos, recogidos por La policía nacional, Guardia Civil, policías locales y autonómicas sin contar la vasca. Es decir, si contásemos a ésta y le añadiésemos las personas que han sufrido este hecho delictivo y no lo han denunciado, las cifra sería muy superior.
En España se está produciendo una media de 83 okupaciones diarias
¡Estamos hablando de 83 okupaciones diarias!
Ante la inacción de las administraciones y cuerpos policiales, el que suscribe no puede más que preguntarse: ¿a qué es debido todo esto? Desde mi humilde opinión, los diferentes gobiernos están traspasando un problema de su competencia al sufrido ciudadano, y más concretamente al propietario. El cual ha de recurrir a la justicia ordinaria, o a una empresa “especializada” para recuperar su posesión. Aparte de la contratación de una alarma para evitar que el hecho se repita. Con todo ello, podemos afirmar que estamos hablando de una “industria de la okupación” que mueve mucho dinero, bien sea por las partes implicadas o por los mismos que okupan de forma profesional o realquilan, con lo cual el hecho criminal aumenta.
Curiosamente, en esta ocasión nuestro gobierno no nos habla de nuestros vecinos europeos ni busca la comparativa, algo a lo que nos tiene acostumbrados. Es lógico que lo haga así, pues España constituye una excepción en este aspecto.
No hay equivalente en ningún país occidental a la permisividad española
No hay equivalente en ningún país occidental a la permisividad española: por ello nos estamos convirtiendo en un centro de llamada para delincuentes internacionales.
La izquierda española, una vez más, ha vuelto a manipular socialmente para crear un nuevo mantra — así se han proferido frases del tipo “no pasa nada, el piso es de un gran tenedor”, “la gente no puede quedarse en la calle”, “no existe alarma social para las okupaciones”—, llegando a pasear por diferentes medios a jueces y expolicías, ahora en sus filas, para repetirlos una y otra vez.
Pero a este problema se añaden otros nuevos, ya que normalmente estos pisos okupados son un nido de otras actividades delictivas: a la ya conocida sustracción del fluido eléctrico, en la mayoría de ellos tenemos cultivo y tráfico de droga. Es muy frecuente que cuando, después de mucho tiempo, se recupere la posesión, se encuentren drogas, armas, etc.
Con ello, como hemos comentado al principio, la sociedad empieza a normalizar un hecho delictivo como algo habitual. Incluso ya se empieza a polarizar el querer recuperar una propiedad privada como algo, según ellos, “de derechas o ultraderechas”. Nada más lejos de la realidad: se llama Estado de derecho, y ello obliga a cumplir con la ley y respetar la propiedad privada. Nada más. Otra cuestión es que haya voluntad para ello.
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