Se acabaron los cultivos: en el granero de Italia, la región de Emilia-Romaña, se aplica desde este año un programa de abandono progresivo de la agricultura. Pronto se extenderán dichas medidas al conjunto de la agricultura europea.
Se invita a los agricultores locales a abandonar su actividad durante veinte años a cambio de una compensación mensual de entre 500 y 1.500 euros.
El programa ha pasado a formar parte de los amplios planes de la UE para una agenda verde en el marco de lo que denominan la Ley de Restauración de la Naturaleza, que obligará a los Estados miembros a reparar antes del año 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas y, para el año 2050, extenderlas a todos los ecosistemas dañados que necesitan restauración, todo ello a través de medidas jurídicamente vinculantes.
Europa se embarca en un suicidio colectivo. Emilia-Romaña es una de las regiones europeas más ricas. Según Eurostat, tiene el 23.º PIB per cápita más alto de todas las regiones europeas y el tercero más alto de Italia. Ciudades como Bolonia y Módena están entre las cinco más ricas del país.
A esta región —y a las demás, cuando les llegue el turno— se le pide que renuncie a sus poderosas y ancestrales tradiciones agrarias, incluida la producción de queso parmesano, jamón de Parma, Lambrusco, Trebbiano y vinos Sangiovese. Y los agricultores deben acabar engrosando las filas del paro.
Tales desafueros no se limitan, como decíamos, a Emilia-Romaña. Toda Europa está amenazada por ellos, como en Alemania lo saben muy bien los campesinos (¿se puede aún hablar de campesinos?, ¿no estará prohibido el término?), los cuales se han lanzado con sus tractores a bloquear las autopistas en el curso de enormes manifestaciones de protesta.
Lo que pretende la Comisión Europea, con su ultraecologismo de salón, es obligar a que todos los ecosistemas dañados —también los españoles, por supuesto— vuelvan a su condición original o, al menos, a un estado cercano al de antes de ser dañados. Aplicado al pie de la letra, ello significaría... hacer que el campo vuelva a la situación que tenía en el Paleolítico, antes de la gran revolución del Neolítico. Según los cálculos de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), ello supondría que “el 36% de la superficie terrestre de Portugal y el 40% de la superficie de España pasarían a ser improductivas porque no se permitiría la actividad agrícola tal como se realizaba hasta ahora”.
Lo que sí es seguro es que, en los yermos que, si no lo remediamos, sustituirán a los actuales huertos y trigales, habrá espacio más que suficiente para que, manejadas por las poblaciones árabes y africanas que sustituirán a la europea, se alcen las fábricas de producción de insectos con que alimentar tanto a unos como a otros.
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