Así se titula el documento elaborado por un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, entre ellos Santiago Muñoz Machado, Eliseo Aja y Francesc de Carreras, fundador e ideólogo de Ciudadanos. Merece la pena echarle un vistazo para ir vislumbrando el futuro constitucional de España tras las elecciones catalanas.
Ya desde las primeras líneas sus autores parten de un gravísimo error: constatar la "existencia de un conflicto político que debe ser abordado". Exactamente la misma idea y las mismas palabras con las que ETA y sus acompañantes llevan más de medio siglo justificando sus crímenes: un conflicto político previo (la invasión del País Vasco por Franco y la subsiguiente presencia de fuerzas de ocupación) que les obliga a asesinar a los enemigos de la patria. Dar por cierto el trampantojo del conflicto demuestra una sorprendente confusión entre los conceptos de causa y consecuencia: el conflicto no es la causa de la aparición de unos separatistas que habrían llegado para resolverlo, sino la consecuencia del régimen totalitario instaurado en Cataluña por esos separatistas gracias a la parálisis de los tres poderes del Estado durante cuarenta años. La aparición de los separatistas a finales del siglo XIX respondió a causas variadas y complejas que no tenemos tiempo de tratar aquí, pero desde luego no se debió a la existencia de ningún conflicto entre España y Cataluña.
A continuación afirman que no se puede mantener el statu quo. Es cierto: la permanente inestabilidad de España, provocada por la inagotable presión de los separatistas, tiene que ser resuelta de una vez. Pero ¿por qué no empezar por aplicar con todas las consecuencias una Constitución inaplicada y vulnerada desde su mismo nacimiento? ¿Por qué modificarla sin haber podido comprobar cómo funciona, incluido ese artículo 155 aplicado maliciosamente por Rajoy precisamente para engañar a los españoles evitando su aplicación de verdad?
Y como no se puede mantener el statu quo, los autores de este documento deducen que hay que introducir cambios en el modelo territorial. Cierto también. Pero ¿por qué ha de ser necesariamente en la dirección marcada por los minoritarios separatistas y no en la marcada por la mayoría de los españoles? ¿Acaso nos encontramos ante un clamor popular en toda España para descentralizar aún más la administración? ¿O más bien ante unos españoles crecientemente hartos del Estado de las Autonomías?
Afirman después que "el movimiento secesionista en Cataluña, como antes en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, se refuerza por los problemas no resueltos del Estado autonómico". Pero ¿se puede sostener seriamente que las quejas de los separatistas provienen del funcionamiento defectuoso de las instituciones? Aunque funcionaran a la perfección, ¿desaparecería el ansia de secesión inoculada totalitariamente a los catalanes desde el parvulario hasta la tumba? ¿Acaso esos "problemas no resueltos" no son más que las aspiraciones todavía no satisfechas de los separatistas? Lo que éstos desean no es modificar la técnica de reparto de las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, o las condiciones financieras y tributarias, o cualquier otra reforma del Estado autonómico, sino romper para siempre su carné de identidad español. La hinchazón identitaria no se baja con detalles administrativos.
Los autores del documento tienen por axioma que "la reforma del modelo territorial deberá hacerse en la línea de los sistemas federales". Pero ¿en qué texto, sagrado o profano, humano o revelado, está escrito que tenga que ser necesariamente así y no pueda hacerse en la línea de los sistemas unitarios? Por ejemplo, ya que hemos experimentado durante cuarenta años con el descentralizadísimo Estado autonómico, con las gozosas consecuencias por todos conocidas, ¿por qué no experimentamos ahora con otro tipo de organización, por ejemplo limitando las competencias regionales a las meramente administrativas y eliminando los carísimos, superfluos y feudales gobiernos y parlamentos autonómicos?
También hacen hincapié en las reformas constitucionales que habrán de centrarse en Cataluña, destinadas a cuestiones identitarias: en concreto, la lengua llamada "propia" y el derecho civil catalán. Pero, como ellos mismos admiten pocas líneas después, estos "hechos diferenciales" ya están reconocidos en la Constitución, y concretados y desarrollados estatutariamente. No se comprende bien, por lo tanto, que haya algo más que reivindicar por parte de los catalanes o que reconocer por parte del Estado. ¿Hay más singularidades catalanas necesitadas de proclamación y reconocimiento? ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿Moral? ¿Espiritual? ¿Antropológico? ¿Metafísico? Es más, lo que no está reconocido en Cataluña es tanto el hecho de que la lengua materna de la mayoría de los catalanes es la española como los derechos lingüísticos de esa mayoría, escandalosamente pisoteados contra todo tipo de legislación nacional e internacional.
Pero lo más preocupante de todo es que, sabedores de que la mayoría de los españoles no aprobarían estas reformas constitucionales con su voto, los catedráticos proponen realizarlas mediante la incorporación de una disposición adicional específica para Cataluña, lo que evitaría modificar el artículo 2º de la Constitución y, por lo tanto, el paso por las urnas. Es decir, un sigiloso robo a la soberanía nacional.
Finalmente, no hay que olvidar que todo esto, al igual que otras propuestas y declaraciones en la misma dirección, se plantea tras haber perpetrado los gobernantes separatistas un golpe de Estado queno acabó a hostias por milagrito del Niño Jesús. Por lo visto, ahora toca premiarles.
© Libertad Digital
