Hay que esperar que en el día de hoy, primero después de las elecciones autonómicas catalanas, los poderes del Estado, que aún se llama España, se pongan inmediatamente a trabajar para recuperar todo lo perdido en estos treinta y cinco años de negligencia. Gobernarán los separatistas, pero un 52% de los catalanes está contra la independencia. Sobre esa base hay que empezar a actuar.
Hay que esperar que el jefe del Estado, que aún se llama España, convoque a los líderes de los tres grandes partidos nacionales con peso en Cataluña, que son Ciudadanos, el PSOE y el PP, y les inste a formar una oposición estable en esa comunidad con el propósito expreso de frenar el aparato pre separatista creado por Convergencia y Esquerra.
Hay que esperar que la oposición constitucionalista (C’s + PSC + PP), cuyos votos superan el 40% de los sufragios, exijan que el nuevo Gobierno autonómico catalán reponga los símbolos nacionales de España en todos los centros y lugares públicos de la geografía regional, aplicando en su caso la ley a los recalcitrantes.
Hay que esperar que la oposición no independentista (añadamos aquí a Podemos) presione para que el nuevo Gobierno autonómico catalán rectifique el proceso de “inmersión lingüística”, esto es, de discriminación del castellano, y garantice con los instrumentos que sea menester el derecho de todos los ciudadanos a recibir enseñanza en su lengua vehicular y a utilizarla en cualesquiera ámbitos públicos o privados, según prescribe la Constitución.
Hay que esperar que la oposición no separatista inste al nuevo Gobierno catalán a reestructurar la plantilla y funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (siete canales de televisión, cuatro de radio y otras tres plataformas de diversos servicios), ajuste su dimensión a su auténtica función y meta mano en el desorbitado presupuesto de este aparato de comunicación puesto al servicio del separatismo. En 2010 el poder público financiaba a la CCMA con la friolera de 450 millones de euros; el año pasado, aun con los obligados recortes, su presupuesto era todavía de 297 millones, que fueron 307 en 2015.
Hay que esperar que la oposición no separatista requiera al nuevo Gobierno autonómico una actuación seria y expeditiva contra aquellas entidades que, durante estos años, han estado elaborando listas de “catalanes afectos y desafectos” hacia el proceso separatista.
Hay que esperar, también, que el presidente del Gobierno de España y el jefe de la oposición socialista acuerden de inmediato un programa de mínimos –ya que de máximos parece imposible- para bloquear cualquier expectativa separatista. No basta con que socialistas y populares actúen de consuno en Cataluña, sino que la coordinación en este punto, que es de trascendencia nacional, ha de extenderse a todo el país y en particular a los territorios que pudieran sentir la tentación de emprender un camino semejante al abierto por los separatistas catalanes. El nacionalismo vasco ya ha aprovechado el río revuelto para buscar sus propios peces.
Hay que esperar que el Gobierno de España haga trabajar a la Inspección General del Ministerio de Educación, que para eso está, y no sólo vigile eficazmente la aplicación de contenidos comunes en los programas de enseñanza de las distintas comunidades autónomas, sino que también intervenga con capacidad sancionadora allá donde la educación pública se haya convertido en adoctrinamiento contra el Estado de todos.
Hay que esperar, por supuesto, que las organizaciones financieras y empresariales, tanto catalanas como del conjunto de España, que durante largo tiempo han sido cooperadoras necesarias de la red de poder tejida desde la Generalitat, examinen en profundidad su actitud y adecúen su estrategia a una realidad evidente: sin una nación llamada España, su negocio carecería de sentido y dirección.
Hay que esperar que la Iglesia, como institución de indudable peso en la sociedad española, ponga su grano de arena desautorizando a quienes emplean los púlpitos para abanderar la ruptura de la unidad nacional.
Hay que esperar que los instrumentos legislativos del Estado, con el mayor grado de consenso posible –y si no lo hay, sin él-, prevean los mecanismos legales precisos para neutralizar todos los pasos que desde hoy mismo va a emprender la nueva mayoría parlamentaria catalana.
Hay que esperar, en fin, que en el día de hoy España se convierta en un país serio, sus instituciones funcionen, la soberanía nacional no se vea arrastrada por los suelos todos los días y la democracia sea algo más que un reparto neofeudal de poder. Hoy es el día en el que hay que empezar a hacer todas esas cosas.
Y si no se hacen, la voluntad separatista de un 39% de los catalanes se impondrá sobre la voluntad españolista de un 52%. Y a España se le podrá reprochar que ha traicionado a su pueblo.
José Javier Esparza
La Gaceta, 01/10/2015
