Lo ha dicho el consejero de Educación de Castilla-La Mancha: el Estado tiene el deber de promover una moral pública y la moral de los padres de familia debe subordinarse a los objetivos del Estado. Puede usted volver a leer la frase, frotarse los ojos y preguntarse si estamos en España o en la Camboya de Pol Pot. A la izquierda española se le está disparando el tic totalitario con el asunto de Educación para la Ciudadanía. Todo envuelto en una moralina blandorra que lo hace aún más detestable.
Nunca se insistirá bastante sobre este punto: lo pernicioso de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” es que pretende imponer por ley una filosofía moral; no aspira a sentar unos principios de orden cívico y de respeto a las leyes –que esa era la directriz europea que ha dado origen a este asunto-, sino que va más allá y conforma un auténtico útil de adoctrinamiento que vulnera el derecho de los padres a decidir la formación moral y religiosa de los hijos. Basta ver cualquiera de los manuales avalados por el Ministerio para constatar que esto es así. Y quien diga lo contrario, o está mal informado o está mintiendo.
En ese contexto, lo que se le ha planteado al Gobierno y al Partido Socialista en general es la necesidad de justificar semejante osadía en términos que puedan ser aceptados en una sociedad democrática contemporánea. No lo están consiguiendo. Como no lo están consiguiendo, los diferentes portavoces de la ofensiva gubernamental ensayan aquí y allá desarrollos teóricos crecientemente chuscos, y algunos, simplemente, intolerables. A esta última categoría pertenece el alarde del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, José Valverde, que ha dicho lo siguiente:
”La educación moral no es monopolio de los padres, sino una tarea compartida entre los padres y la escuela. El Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas que deben mantenerse en otra esfera. La pregunta no debe ser tanto si la parte de la formación moral que corresponde al Estado es conforme a las posiciones religiosas o morales de los padres o tutores, sino si la formación moral que corresponde a padres y tutores es conforme a los objetivos de la educación entre los que se encuentra el respeto a los valores constitucionales”.
Mentalidad totalitaria
Vayamos por partes. Primero: ¿Dónde está escrito que la educación moral haya de ser una tarea compartida entre los padres y la escuela? El consejero emplea la palabra “monopolio” para cargar con una connotación indeseable la educación moral en el ámbito familiar. El truco es retóricamente eficaz, pero no deja de ser una gruesa falacia: no estamos hablando de un monopolio, sino de un derecho reconocido a los padres de familia tanto por la declaración internacional de derechos humanos como por la Constitución española. Considerar que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos no es tal derecho, sino una suerte de “monopolio” ilícito, y que por tanto debe ser limitado por el Estado, tiene el mismo valor jurídico y político que pensar que el derecho a la vida tampoco debe ser un “monopolio” y, en consecuencia, que alguien debe intervenirlo desde el Estado.
Segundo: Valverde añade que el Estado tiene el deber de promover una moral pública. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué moral? El Estado tiene el deber de proteger personas y bienes, libertades y derechos, pero en modo alguno el deber de promover ninguna moral. El territorio del Estado no es el de la moral, sino el de la ley. Sirve exactamente para eso, y no para otra cosa. Subraya el imprudente consejero que esa moral estatal no entra en conflicto con la moral privada porque ésta ha de situarse en otra esfera. Se sobreentiende que la moral privada queda en una esfera subordinada a la de la moral estatal, y por eso no entra en conflicto. Esto es una enormidad de rasgos propiamente totalitarios. Es precisamente el rasgo decisivo que diferencia a las sociedades libres de aquellas otras donde la libertad no es posible, en cualquier momento de la historia. El camino natural es que la filosofía moral sea previa a la ley: los hombres entienden que no es bueno matar al prójimo; en consecuencia, crean un tabú moral; después, el Estado lo convierte en ley y prohíbe el asesinato. Valverde piensa al revés: el Estado –o sea, el que manda- encarna una moral y de ahí deduce una ley. En consecuencia, si el que manda decide que no es malo matar al prójimo, podría con toda justificación moral despenalizar el asesinato. El absurdo es completo.
Para cerrar el círculo, el Pol Pot manchego proclama que es la formación moral de los padres la que ha de subordinarse a los “objetivos de la educación”, es decir, a los objetivos del Gobierno. Esto es tanto como proscribir cualquier atisbo de libertad de conciencia. Expresa también el delirio de una casta política que se ha investido de rasgos mesiánicos y que se considera portadora de un proyecto iluminado ante cuyo fulgor debe eclipsarse toda libertad personal. Es una versión radical y primaria del sueño ilustrado, un perfecto ejemplo de esa desmesura de la modernidad que, en nombre de la libertad, termina desplegando una atroz tiranía. A Valverde le vendría bien releer un clásico del pensamiento de izquierdas del siglo XX: la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Los viejos maestros de la Escuela de Frankfurt caracterizaron como nadie el efecto desolador de ese iluminismo mesiánico: “La tierra entera resplandece bajo el fulgor de una triunfal desventura”.
Así la retórica progresista ha pasado de envolverse en protestas de libertad a predicar la negación más radical posible de la libertad misma. Por ignorancia o por maldad esta gente es un peligro.
