Más razones para no votar a Zapatero: el clima generalizado de inseguridad. Estamos asistiendo a una situación sorprendente: nunca ha habido una actividad delictiva tan intensa y, al mismo tiempo, nunca ha habido una población reclusa tan alta. Si cada vez hay más presos y simultáneamente cada vez hay más delitos, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nuestra sociedad ha creado condiciones idóneas para que el delito quede impune y, aún más, para que la seguridad personal deje de ser una prioridad de los poderes públicos. Muchas cosas se mezclan aquí: la insuficiencia policial, el colapso de la justicia, la delincuencia juvenil (pequeña o grande), la inmigración ilegal…
No se le puede echar a Zapatero toda la culpa del aumento de la inseguridad ciudadana. Lo que hoy estamos viviendo responde a procesos iniciados muchos años atrás. Pero alguien que ha gobernado cuatro años no puede escurrir el bulto, porque en sus manos han estado todos los resortes judiciales, policiales y penitenciarios del país. En este aspecto, la política de ZP ofrece un balance inequívoco: el más absoluto vacío. Hay que recordar que este Gobierno llegó denunciando la falta de inversión en seguridad de los gobiernos del PP (reproche, que en general, era cierto) y anunciando mayor gasto en policía. Cuatro años después, ese gasto está lejos de haber satisfecho las expectativas y, sobre todo, no se ha demostrado eficaz: las comunidades con mayor grado de inseguridad son aquellas en las que las competencias policiales dependen del Gobierno de la nación, cual es el caso de Madrid. Cuyo jefe de policía, por cierto, ha venido a echar a los ciudadanos, siempre tan imprecavidos, la culpa de que haya delitos.
Responsabilidad gubernamental
¿Es todo cuestión de policía? Evidentemente, no, aunque la policía ayude. En el clima de inseguridad generalizada que se ha extendido por España, en particular entre el ciudadano común, pesan factores muy diversos. Ahora bien, casi todos ellos reconducen a una responsabilidad gubernamental. Por ejemplo, ha creado singular alarma la aparición de un tipo de delincuencia especialmente violenta y vinculada a la inmigración ilegal que no ha surgido de la nada, sino que es fruto de una ley de extranjería absolutamente nociva. Del mismo modo, los ciudadanos están muy preocupados por el aumento de la delincuencia juvenil (e infantil), delincuencia cuyo origen es posible remitir tanto a una Ley del Menor ajena a la realidad como a un sistema de enseñanza más preocupado por seguir doctrinas ideológicas que por formar a personas. En cuanto a la delincuencia común, es evidente que la Justicia no está cumpliendo con su misión preventiva, entre otras razones porque sigue adoleciendo de una torpeza exasperante. Todas estas cosas sí son responsabilidad gubernamental: es posible acotar la inmigración ilegal, expulsar a los delincuentes extranjeros, endurecer los mecanismos legales contra la delincuencia infantil y juvenil, agilizar los procesos judiciales… Pero nada de eso ha figurado entre las prioridades del Gobierno ZP.
En líneas generales, la imagen de la España de ZP es la de un país donde la ley ya no tiene valor. Basta pensar en la “ley de banderas” o en el bilingüismo en las comunidades autónomas. Estos casos de flagrante violación de la ley en el terreno político encuentran su correspondiente réplica en el terreno social. Es sintomático que todas las fuentes policiales coincidan en señalar que no sólo aumenta el número de delitos denunciados, sino también el de delitos que los ciudadanos no denuncian; no los denuncian porque han perdido cualquier esperanza de que la policía reponga lo robado, de que la Justicia sancione la agresión. El mayor indicio de inseguridad es precisamente ese: la pérdida de confianza en la seguridad. Y eso ha pasado a ser algo normal en la España de ZP. Es otra razón de peso para no volver a votar a Zapatero.
