Seguimos repasando los motivos para no votar a Zapatero. El primero era su errónea política respecto a ETA. El segundo tiene que ser el daño infligido a la unidad nacional. Podemos representarnos la situación del siguiente modo: la unidad del Estado, a causa de la presión separatista, se asemejaba a una presa en la que empezaban a aparecer serias fisuras; Zapatero, en su escalada hacia el poder, se ha dedicado a introducir en esas fisuras pitones de expansión, haciendo que las grietas se agrandaran. El proceso abierto con el nuevo Estatuto de Cataluña tiene mucho de irreversible; hará falta un gigantesco esfuerzo para frenar el cuarteamiento de la unidad de España promovido desde los poderes autonómicos.
Ya sea porque el PSOE necesita el respaldo de los separatistas para mantener una mayoría hegemónica, o ya sea porque verdaderamente Zapatero tiene un concepto confederalizante y disgregador de España, el hecho es que esta legislatura se ha caracterizado por una fragilización exponencial de la unidad de la nación. El problema no lo ha inventado Zapatero: deriva del propio sistema autonómico y, en particular, del hecho de que no haya un mecanismo institucional de cierre del modelo, es decir, de un sistema que permita limitar las transferencias de poder hacia las regiones ni vigilar las competencias autonómicas (ya no digamos recuperarlas). Este sistema se concibió en un momento en el que se trataba de dar satisfacción a los nacionalismos regionales, confiando en que éstos, a su vez, no tensarían demasiado la cuerda. Pero el paso del tiempo ha tensado la cuerda hasta extremos insostenibles: voces del poder autonómico en Cataluña y el País Vasco ya plantean abiertamente un referéndum de autodeterminación, es decir, de independencia.
Echar gasolina al fuego
En este contexto, la política de Zapatero ha sido echar gasolina al fuego. El nuevo Estatuto de Cataluña, promovido por el PSOE antes incluso de 2004, ha dado una oportunidad de oro a los separatistas para extremar sus aspiraciones; de hecho, hay que recordar que los socialistas gobiernan en Cataluña con un socio abiertamente independentista. Como la única forma de hacer pasar este sapo era mostrarlo como un “progreso” general de todas las regiones, al estatuto catalán le salió un primo andaluz que se definió a sí mismo como “realidad nacional”. En esa atmósfera, las comunidades gobernadas por partidos con vocación excluyente, como el País Vasco y Galicia (en esta última, una vez más, gracias al PSOE), han podido desplegar con toda impunidad políticas muy agresivas de “nacionalismo obligatorio”, sin que el Estado haya osado emplear ni uno sólo de los mecanismos de corrección que la ley le proporciona, desde la inspección general en materia educativa hasta la ley de banderas.
¿Cuál es el balance hoy, cuatro años después? Podríamos hablar de vice catástrofe. “Vice” porque esto aún no ha estallado, pero catástrofe porque el caos tiene mal arreglo. No ha habido todavía estatuto de Cataluña, entre otras cosas, por la probable inconstitucionalidad de su articulado, pero el proceso ha dado pie a una escalada reivindicativa que ha tomado el Estatut como plataforma para ir mucho más lejos. Abierta la puerta de la disgregación, todas las fuerzas centrífugas que amenazaban al Estado desde 1978 parecen disparadas. La irresponsable intersección del problema autonómico con el proceso de negociación con ETA –intersección alimentada desde el propio poder- complica todavía más las cosas. Si el tejido autonómico ya era, por sus características, difícil de gobernar, el paso de Zapatero por Moncloa lo ha convertido en un avispero incontrolable. Hoy tenemos “problema territorial” para los próximos diez años. Es una razón de peso para no votar a Zapatero.
