“¡Todo esto es una chorrada!”, cuentan que se le oyó decir a Baltasar Garzón, el polémico Juez titular el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, a su abogado, después de firmar el Acta de su comparecencia del pasado 9 de septiembre ante el Tribunal Supremo, en el que se le leyeron sus derechos, se le informó de la acusación y se le tomó declaración como imputado de un delito de prevaricación. Pero al abogado no le pareció ninguna chorrada.
El Juez Instructor del Tribunal Supremo, D. Luciano Varela, puso en un brete a Garzón con una batería de preguntas incisivas, sobre todo una relativa a la conferencia que había pronunciado en Bogotá en la que criticó la configuración del delito de desapariciones forzosas. Resulta que en las mismas fechas en las que dictaba su polémico auto ordenando exhumaciones de cadáveres de fosas de la Guerra Civil, certificaciones de fallecimiento de Francisco Franco e investigaciones sobre la identidad de los jefes de la Falange, por el delito de detenciones ilegales, él era consciente de que la legislación española y los convenios internaciones suscritos por España no permitían la apertura de diligencias criminales sin vulnerar la ley penal. Y esto no es ninguna chorrada.
Parece que le ha llegado a Garzón la hora de rendir cuentas; á el, a ese funcionario de la carrera judicial que, desde hace décadas, se ha atrincherado en un despacho de la Audiencia Nacional que le ha reportado fama, dinero, honores y prácticamente carta blanca para hacer y deshacer lo que le diera la gana.
Ha perseguido a jefes de Estado extranjeros. Ha empleado medios más que dudosos para destapar una trama de corrupción dentro del Partido Popular. Ha dirigido sumarios contra los capos de la droga… que han terminado en absolución por defectos en la instrucción. Ha protagonizado escándalos sobre sus emolumentos archimillonarios cobrados por conferencias pronunciadas en el extranjero, mientras en España se le escapaban sus presos.
Sus decisiones fueron siempre muy polémicas, pero la independencia del juez en un Estado de Derecho amortiguó las consecuencias de sus actos. Los Felipe González, Mariano Rajoy y tantos prohombres de la vida pública española hubieran deseado ver a este señor fuera de la Audiencia Nacional. Pero, como el famoso Alien de la película de Sigourney Weaver, el magistrado sobrevivía a conflictos internacionales, organizaciones de narcotraficantes, al terrorismo de Estado y la corrupción nacional, que no es menos peligrosa que lo anterior.
La confianza en su suerte le va a llevar a la picota donde menos se lo esperaba. En vez de ser quien excavara la presunta tumba de García Lorca, descubriera su cadáver y se hiciera la foto en la exhumación, lo único que ha conseguido excavar ha sido su propia tumba profesional. En el procedimiento criminal seguido contra Francisco Franco y su gobierno, según informa la acusación popular del sindicato MANOS LIMPIAS y la asociación LIBERTAD E IDENTIDAD, Garzón actuó en fraude de ley, ignorando las normas sobre la prescripción de los delitos, las leyes de amnistía, la doctrina jurisprudencial, las normas de competencia de su juzgado, la prohibición de apertura de causas generales, etc. Y para ello ignoró hechos notorios como el fallecimiento de Franco y los restantes miembros de sus primeros gobiernos, que el delito de detenciones ilegales es un delito sujeto a prescripción, que empieza a contar desde el momento del secuestro y desde el descubrimiento del cadáver, que existen leyes de amnistía que tenían por objeto facilitar la convivencia democrática en España, etc.
De todo ello tenía sobrado conocimiento el ilustre Juez. Cuando en 1998 se pretendió la apertura de diligencias criminales contra Santiago Carrillo, por su responsabilidad en el genocidio de Paracuellos de Jarama, no admitió a trámite la querella porque los delitos estaban prescritos, era de aplicación la ley de amnistía y afirmó, en términos muy duros, que los querellantes y sus letrados actuaban en contra de la buena fe.
Diez años después prendía abrir sumario contra Franco por las desapariciones ocurridas en la zona del bando nacional. Sobre la base de unos listados de fallecidos —no contrastados— ordenaba el inicio de un macroproceso ignorando las mismas normas que con Santiago Carrillo eran sacrosantas.
D. Luciano Varela parece tenerlo claro: ¿no dio Baltasar Garzón una conferencia en Bogotá donde criticó la prescriptibilidad del delito de desapariciones forzosas y que no se configurara el delito como de naturaleza permanente, al mismo tiempo que definía en España las detenciones ilegales como imprescriptibles y permanentes?
Según han manifestado a Elmanifiesto.com fuentes fidedignas, el abogado del Sr. Garzón trató de detener, interrumpiendo al Juez Instructor, las preguntas de éste, lo que le valió un rapapolvo de Su Señoría. Era necesario que el imputado contestara por qué empleaba esa doble vara de medir según estuviese en Bogotá o en Madrid, en una conferencia o dictando una resolución judicial.
La pregunta quedó sin contestar. Y no es ninguna chorrada.
