En El negocio del Poder, sus autores, Federico Quevedo y Daniel Forcada, dan cuenta del inmenso patrimonio (coches, palacios, motos…) de que dispone la Familia Real. El experto en los Borbones José María Zavala dedica un capítulo de su biografía del duque de Cádiz, El Borbón non grato, a tratar, por primera vez de manera sistemática, la herencia de Alfonso XIII. Reproducimos un episodio curioso en que Don Juan vendió una isla gallega expropiada para regalársela a su padre y, cuya propiedad, después de ser confiscada por la II República, le fue devuelta por Franco.
En 1978 don Juan vendió la isla de Cortegada, en la localidad pontevedresa de Arosa, expropiada a los vecinos de Carril a principios de siglo para regalársela al rey Alfonso XIII a fin de que estableciese allí otra residencia veraniega.
El empresario local Daniel Poyán estaba convencido de que la presencia de la Familia Real supondría un espléndido negocio turístico para la isla. Pero Alfonso XIII sólo visitó el lugar un día de septiembre de 1907 y ya nunca más volvió allí. De la promesa incumplida de Alfonso XIII daba fe el propio alcalde de Villagarcía de Arosa, en una carta al ministro de Hacienda de la República, fechada el 2 de septiembre de 1932:
“[…] Que este pueblo de Villagarcía de Arosa con sacrificio sin igual, como que lo ha llevado a cabo con evidente desproporción de sus medios económicos, donó un día graciosamente a don Alfonso XIII, que era rey, la isla de Cortejada que se asienta en esta expléndida [sic] e incomparable bahía arosana.
“Y el pueblo que a la sazón creía en el rey, no reparó en el sacrificio y pagó la isla a precio de oro, porque el rey le había solemnemente prometido erigir en ella un suntuoso palacio convirtiéndola en residencia veraniega, viendo en ello el pueblo una posible y justa compensación a su desprendimiento.
“Pero transcurrieron los años, fueron allá cerca de veinte, y el palacio no ha sido construido. La palabra del rey no se cumplió (que también los reyes incurren [sic] estos pecadillos) y un pueblo modesto y pobre como el de Villagarcía, no sólo hubo de perder sus dineros, sino que sufrió además un brusco retroceso en múltiples actividades y como en ninguna, en su desarrollo urbano por la elevación del precio de los terrenos y solares edificables, al conjuro del ofrecimiento del entonces rey de España.
“Proclamada la ansiada República y hecho cargo el Estado de los bienes del ex monarca, cree este Ayuntamiento y con él todo el pueblo de Villagarcía, que ha llegado el momento de que como justa compensación a tantas pérdidas y sacrificios, se le devuelva la preciosa isla que al fin y a la postre ha pagado y ha donado a quien no supo estimarla.
Setenta años después de esta carta de reprobación al rey por haber faltado a su palabra, el 6 de noviembre de 1978, el conde de Barcelona compareció ante el notario de Madrid José Fernández Ventura para vender la isla de Cortegada a José Otero Túñez, constructor de Santiago de Compostela y representante de la inmobiliaria Cortegada S. A., de la que era consejero delegado.
Por 60 millones de pesetas
Como sucedió con los palacios de Miramar y de la Magdalena (Santander), el precio de la transacción fue irrisorio: tan sólo 60 millones de pesetas, equivalentes hoy a más de 350 millones de pesetas.
Parecía mentira que una isla como la que a continuación vamos a describir pudiese venderse por aquella ridícula suma. Cortegada formaba un archipiélago junto con los islotes Malveira Grande, Malveira Chica, Briñas y Con, y yacía enclavada en la desembocadura del río Ulla. Con una superficie de 147,2 hectáreas, estaba considerada el «jardín botánico» de la comunidad autónoma gallega por su privilegiado bosque de laurel, el mayor de Europa. Por si fuera poco, su ecosistema y la singularidad de su paisaje conformaban un espléndido refugio para la fauna y para una significativa representación de aves.
Los nuevos propietarios se enfrentarían luego a un rosario de recursos contencioso-administrativos, entablados ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y más tarde resueltos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante sentencia de 10 de julio de 2002 a favor de la Xunta.
