Según noticias confidenciales llegadas a este periódico, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia se disponen a adoptar, coincidiendo con el inicio del próximo año 2009, una medida excepcional que afectará a una fracción muy importante de la población de dichas Comunidades Autónomas.
Las negociaciones entre los tres Gobiernos autónomos están ya prácticamente concluidas, habiendo quedado definitivamente aprobado el diseño del instrumento que se repartirá masivamente entre la población que, para tal fin, ha sido debidamente catalogada por los servicios del Censo de las tres autonomías.
Según ha podido saber Elmanifiesto.com, el único punto de discrepancia entre las tres Administraciones se ha producido a la hora de decidir si se debía efectuar una distribución totalmente gratuita a la población afectada, o bien si se le debía exigir el pago de los costes originados, actitud esta última que fue defendida con ahínco, aunque sin éxito, por los representantes de la Generalitat catalana.
