Ignacio Santa María/Paginasdigital.es
El paro subió en el mes de mayo por primera vez desde 1997 con 15.058 nuevos desempleados. En los últimos 12 meses, ha aumentado en 2,3 millones de personas. Las grandes empresas de empleo temporal han advertido que tras el verano podría comenzar la destrucción de empleo, es decir, sería mayor la cifra de nuevos parados que la de puestos de trabajo que se crean. Es la cara más preocupante de una crisis que ya nadie puede disimular, provocada por la subida constante del precio del petróleo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los incrementos en los precios de los alimentos básicos.
La desaceleración se ha contagiado rápidamente a otros sectores en una economía cuyas previsiones de crecimiento van a la baja. El indicador de confianza de los consumidores que elabora el Instituto de Crédito Oficial ha caído un 40% en un año, lo que sin duda se traducirá en una contención del gasto de los españoles y por tanto en una mayor ralentización de la actividad económica.
La huelga de transportistas, pescadores y taxistas ha añadido dramatismo a la escena y ha puesto más en evidencia la escasa capacidad de reacción del Gobierno que, conociendo con dos meses de antelación la convocatoria del paro de los camioneros, no supo evitar el colapso de las redes de distribución y transporte durante dos jornadas completas.
Sorprende esta incapacidad del Ejecutivo para hacerse cargo de la situación, y especialmente la resignación que demuestran algunos de sus mensajes de las últimas semanas. El anuncio de la vicepresidenta De la Vega de que, tras la deducción de los 400 euros, el Estado no tenía capacidad para aprobar ninguna medida más para dinamizar la economía o las afirmaciones de Solbes en el Congreso y en el Senado con las que admite que "no podremos resolver nosotros solos" los problemas económicos.
Esta sensación de pasividad ha generado alarma en las fuerzas políticas de la oposición, que por primera vez en algo más de cuatro años han hecho frente común junto al PP para exigir al Gobierno que tome la iniciativa y adopte medidas para atajar la crisis.
Todos estos hechos acentúan aún más el divorcio entre la España virtual de Zapatero y la España real. El país de marketing político en el que supuestamente se "extienden y crean nuevos derechos sociales" y se avanza en una presunta segunda transición está cada vez más lejos del país real en el que cada vez más personas sufren la lacra del paro, tienen menor poder adquisitivo o soportan más ahogos económicos e incertidumbre, o el de pequeños empresarios que no pueden sacar rentabilidad a su trabajo.
Ésta es la paradoja: los gobernantes de la modernidad, que se creen poseedores del sentido de la Historia y motor de su avance inexorable, se declaran en cambio incapaces para ayudar a que se realicen las pequeñas historias y las aspiraciones de los hombres concretos y reales del presente.
