JOAN LLUÍS PÉREZ-FRANCESCH/FORUMLIBERTAS.COM
Se recuerda un informe de un folio por que el que pagaron 11.999 euros… y hay otros casos. Últimamente ha estallado el escándalo del descubrimiento de una elaboración masiva de informes para el Gobierno tripartito catalán. La mayoría de dichos informes parecen bastante inútiles, a no ser que por utilidad se entienda el beneficio económico de amigos o personal afín a los partidos que detentan el poder.
El problema de ese tipo de informes no es nuevo. En etapas anteriores ya se había denunciado la realización de informes de dudosa utilidad e interés. Curiosamente, los que cuando estaban en la oposición criticaban algunos excesos en dicha actividad, ahora cuando han llegado al poder parece que no tienen empacho en aumentar los abusos. Claro que dicha incoherencia se mueve en la lógica de quien no tiene límites ni rubor en pactar cualquier cosa con tal de llegar al poder y mantenerse en él, a pesar de perder las elecciones autonómicas y disminuir en votos.
Además, para simular que si hay algún problema éste no es nunca del propio Gobierno, se solicita un informe sobre “la desafección política”, eufemismo que describe el lógico desconcierto de los ciudadanos después de un proceso de reforma estatutario liderado por el ex presidente Pasqual Maragall, que se da de baja en el partido; un referéndum estatutario que no servirá para decidir del todo el texto final estatutario, porque se definirá en el Tribunal Constitucional; y la ausencia de la función de gobierno por el caos interno y el guirigay entre los partidos que engrosan la nómina del Gobierno de la Generalitat.
¡Realmente, estamos apañados si quienes nos pretenden gobernar se piensan que los problema de la vida política y de la democracia se solucionan con la petición de informes a los amigos!
El volumen de informes inútiles en los últimos años es colosal, lo cual nos lleva a la conclusión de que en Cataluña el amiguismo y el sectarismo no paran de aumentar. Recordemos que los temas van desde la seguridad en la China, hasta el cultivo de la chufa, pasando por estudios sobre determinados tipos de almejas, todos seguramente muy sesudos, a pesar de que, según las informaciones que se han publicado en la prensa, se dio en 2007 el caso del informe de un folio por el cual se pagaron 11.999 €, es decir, un euro menos de la cantidad que según la ley exigía un procedimiento competitivo formalmente.
No creo que nadie en su sano juicio dude de que en casos concretos pueda ser conveniente y hasta necesario solicitar y realizar informes “técnicos”, pero es evidente que no estamos hablando aquí de este tema. El escándalo alcanza a casos en los que los informes están copiados de internet o de fuentes de las que sin rubor se menciona cuáles son, con lo que se realiza una copia literal, para lo cual no parece que se necesiten capacitaciones especiales o precios altísimos.
El caso de los informes inútiles que comentamos está ahora en manos de la Fiscalía, después de iniciarse la vía penal a partir de una denuncia ya admitida a trámite. Pero el problema no es sólo jurídico. Es fundamentalmente ético, de esa ética de la que se vanagloria la izquierda.
El uso desmedido de dinero público para realizar actividades estúpidas en términos objetivos, para beneficiar a los amigos, conocidos, saludados, o por el hecho de compartir un carnet, es simplemente una muestra de corrupción sistemática.
A mi juicio es urgente establecer límites a la actividad de pedir y recibir informes, en nombre de la regeneración democrática y de la transparencia administrativa. Ante el abuso del poder por parte de determinados representantes de la peor manera de hacer política, urge impulsar la denuncia y luchar por un cambio de prácticas.
Hay que superar la política de la palabrería, el chalaneo, y la prepotencia. Hay que evitar que el progresismo se convierta en la secta de todos aquellos interesados en cobrar dinero público, por razones de estricta amistad o asuntos de negocios, como en tiempos que algunos -ingenuamente- pensábamos ya definitivamente superados.
