Don Juan Carlos, Zapatero y el aval real

Entre la rigidez protocolaria de Buckingham y la campechanía y distensión de La Zarzuela, un término medio podría resultar apropiado para mantener a la Corona española en el nivel de prestigio adecuado.

 

Entre el desaforado dispendio indispensable para preservar la majestad nostálgica imperial de la Corte de Saint James, y la ausencia de pompa que se manifiesta en los aledaños de la inexistente Corte española, hay distancias que conviene matizar.

 

En la Monarquía inglesa es impensable la comparecencia del monarca, en esta caso la reina Isabel, a cuerpo gentil, ante los periodistas, ávidos por obtener respuestas aptas para llenar las páginas de los periódicos y otros medios de comunicación, con llamativos titulares. Y como paradigma de información sensacional, el principio de que es más noticia que un hombre muerda a un perro que no al revés.

 

En la Monarquía española, la campechanía de quien la encarna y la aproximación a costumbres populares, tan propias de algunos borbones (léase el caso de Isabel II y de su hijo Alfonso XII), entrañan el riesgo de, a cambio de agradar a algunos, indisponerse con otros, y todo ello gratuitamente.

 

Tal es el caso de las declaraciones del Rey a bocajarro a los periodistas de los últimos días, cuando al referirse al presidente Rodríguez Zapatero, lo hizo considerando a éste como «alguien que sabe hacia qué dirección va y por qué y para qué hace las cosas» y amplió la opinión que le merecía definiéndolo como «hombre recto» e «íntegro»

No es lo mismo expresar simpatías por el Getafe, eludiendo manifestarse forofo de los grandes, en una decisión tan salomónica como intrascendente, que emitir opiniones de contenido político que pueden producir crispación en el ya de por sí crispado ambiente político español de los últimos años, los justos que arrancan en la legislatura presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. Pueden interpretarse las declaraciones del Rey como aval de la política de exclusión practicado por el presidente del Gobierno con el fin de situar extramuros del sistema a aproximadamente media España. Aval, según el DRAE, es un escrito en que uno responde de la conducta de otro, especialmente en materia política.

 

La media España, que ejerciendo el derecho, e incluso la obligación de disentir del criterio y de los actos de gobierno que han presidido la política de los últimos cuatro años, a raíz de las declaraciones laudatorias del Rey, se ha sentido presa de un desamparo desconcertante. En una intervención sin precedentes, el aval real se aprecia como un distanciamiento de la función moderadora, que la Constitución asigna al detentador de la Corona y lo convierte en actor político. El desfacedor del entuerto que lo desfazga buen desfacedor será, porque aducir que la declaración real es de carácter informal, constituye una misión imposible para llevar las aguas al cauce del que nunca tenían que haber salido.

 

¿Podría todo ello producir un paulatino desplazamiento del estado anímico de gran parte de la nación, la única nación, no la puesta en duda por el señor Rodríguez Zapatero, o con mayor propiedad, de aquella parte que tradicionalmente ha constituido el sostén de la Monarquía?

 

Veamos un antecedente no tan remoto. Los últimos meses del reinado de Alfonso XIII se caracterizaron por un trasvase de destacados personajes de la derecha española desde la fe monárquica hasta la contemplación de la República como salida a una situación de estancamiento producto o excusa de la intervención real en el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. La intención que presidía las decisiones de Miguel Maura, Alcalá Zamora y Sánchez Guerra, tres de los más conspicuos personajes de aquella situación, se basaba en anticiparse a hechos que se perfilaban en el horizonte, y la intención de no ceder todo el espacio de los tiempos venideros a la izquierda manifiestamente republicana.

 

Entre los desertores de la Monarquía propiciadores de la República, Ossorio y Gallardo figura, junto a los mencionados Maura, Alcalá Zamora y Sánchez Guerra, como otro de los representantes de la derecha española. El primero de éstos, como remedio a la situación planteada a la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, con la designación del general Berenguer como presidente del Gobierno para retrotraer a España a la situación que había propiciado la suspensión de la Constitución de 1876 con el golpe de 1923, fue claro en afirmar que «no veo otro remedio de esos males que la implantación de una República.» Y como Ossorio, que se proclamaba «monárquico sin Rey», para dar salida a la crisis planteada por la aquiescencia de Alfonso XIII a la Dictadura, sostenía que «no soy partidario de la República por convencimientos doctrinarios y por reputarla, cuando menos, prematura», para preguntarse: «¿Qué solución se habrá abierto paso en mi espíritu? No es ninguna agresiva, no es ninguna desconsiderada. Es legal, la admite la Constitución de la Monarquía: la abdicación. Ossorio describió premonitoriamente el fin de la Institución milenaria así: «Los regímenes políticos no se derrumban ni perecen por ataque de sus adversarios, sino por la aflicción y por el alejamiento de los que deberían sostenerla.»

La propuesta de abdicación de Ossorio mostraba, hay que admitirlo, la irresponsabilidad de éste por cuanto tanto el primogénito, como el segundogénito, llamados a suceder en el trono a Alfonso XIII, eran víctimas de una situación lamentable: el primero, don Alfonso, prácticamente postrado, aquejado de hemofilia, y el segundo, don Jaime, sordomudo, a pesar del esfuerzo por superar su dolencia, se hallaba disminuido física y psíquicamente. Sólo el tercer hijo, don Juan, estaba libre de hemofilia y otras taras, pero aunque las esperanzas de los Reyes se centraron en éste, optar por la abdicación a favor del tercer hijo no era una solución ni madurada por el Monarca ni requerida todavía por algún entorno suyo.

 

Volviendo al aquí y ahora cabe decir que avalar la ruptura del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, propuesto por cierto por Rodríguez Zapatero, que entre 2000 y 2004, puso a ETA contra las cuerdas, ruptura efectuada con miras a presentarse ante la nación como acreedor del título de El Pacificador, presentando como «hombre de paz» a alguien que se ha enorgullecido sin ambages de sus acciones criminales, solamente aceptadas y aplaudidas por gentes manifiestamente arquetípicas de conciencias deformadas, raya en irresponsabilidad. Se puede aducir en justificación del lapso la informalidad con que desde la portavocía de La Zarzuela se atribuye a la declaración real. Cierto, pero a ver quien amaina el viento para que no se convierta en tormenta.

 

Avalar como «alguien que sabe hacia qué dirección va y por qué y para qué hace las cosas» puede interpretarse como un rechazo a lo que el comité federal del PSOE, en manos sensatas y con alto sentido del Estado afirmaba en 1998: «Es grave y erróneo insistir antes, durante y después de los atentados (hacía referencia al asesinato del guardia civil Alfonso Parada), en proponer a los terroristas un diálogo o negociación política, sea ésta una oferta que se hace con la condición previa del cese de la violencia o sin ella.» La resolución del PSOE de aquellos días, agregaba: «Se está otorgando carta de naturaleza a una verdadera oferta de impunidad….dando la sensación de que sus crímenes serán impunes después de esa supuesta negociación o diálogo que la democracia les ofrece.» Avalar a quien, en giro copernicano se vuelve contra la posición de su propio partido de otros y mejores tiempos, entregándose a una aventura condenada al fracaso, como en efecto ha ocurrido, no merece precisamente elogios.

 

Aquella decisiva unidad entre los partidos en que se aglutina más del 80 por ciento de los españoles, el «hombre recto» e «íntegro» la puso en almoneda por el plato de lentejas que iba a saciar una pueril megalomanía. Toda rectificación puede ser plausible pero el sabor a oportunismo obliga a mantener una cautelosa vigilancia antes de otorgar una especie de cheque en blanco.

 

Por supuesto, el Rey no puede censurar decisiones tomadas por el presidente del Poder ejecutivo, pero elogiarlas, cuando es público y notorio el rechazo que producen algunas decisiones en un amplio espectro de la nación, es, además de una intromisión en funciones que no le son propias, incurrir en lapsus calamitate.

 

No es aventurado sostener que, por supuesto, el Rey no avala nada de lo que se desprende de las declaraciones desafortunadas. Dejémoslo en desliz propiciado por una incontinencia verbal momentánea. Un error simplemente.

 

Por cierto, el «Error Berenguer» fue el título de resonancia histórica con el que José Ortega y Gasset calificó la decisión de Alfonso XIII al designar como presidente del Gobierno a quien abrió el primer capítulo de los estertores de la Monarquía restaurada en 1874. La tentación es demasiado grande como para eludir un símil, así sea agarrado por los cabellos, que podría expresarse como el error Zapatero. En el «Error Berenguer» se atrevió Ortega a concluirlo emulando la admonición de Roma contra Cartago con un rotundo «Delenda est Monarchía.» Claro que el fervor republicano del filósofo pronto se apagó cuando a los pocos meses de proclamada la República desanduvo caminos proclamando «no es esto, no es esto», al comprobar que el régimen nacido el 14 de abril de 1931 se pervertía en manos de jacobinos, siempre al acecho.