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Recordemos sumariamente los hechos. El desequilibrio hidrológico entre el norte y el sur de España es un problema permanente de nuestro país. Desde finales del siglo XIX se auspició la construcción de grandes obras hidrológicas que pudieran paliar ese desequilibrio irrigando con agua del norte tierras secas del sur; ese sur incluía también a las llanuras aragonesas, y basta mencionar las propuestas de Joaquín Costa. Tanto en la época de Primo de Rivera como durante la segunda República y, sobre todo, durante el régimen de Franco, se llevaron a cabo obras de infraestructura destinadas a explotar los recursos hídricos tanto para la agricultura como para el abastecimiento energético. El aumento de la población y el consiguiente aumento del consumo hicieron que las viejas obras quedaran rápidamente obsoletas.
Los gobiernos de Felipe González pensaron un Plan Hidrológico sobre la base de los cuantiosos excedentes del Ebro, muy poco aprovechados; este Plan, promovido por el ministro Borrell, no llegó a salir. El Gobierno de Aznar lo retomó, lo reformó y programó una ejecución completa sobre la misma base de los excedentes del Ebro, con atención al caudal ecológico tanto en el paso del río por Aragón como en su desembocadura en Cataluña. Por razones verdaderamente incomprensibles desde el punto de vista técnico y económico, discutibles desde el punto de vista ecológico y solo comprensibles desde el punto de vista político (en el peor sentido del término), los socialistas emprendieron una campaña virulenta contra el Plan Hidrológico cuyo argumento fundamental era la posesión de las aguas del Ebro por los gobiernos autonómicos aragonés y catalán, ambos en manos socialistas. Del mismo modo, los socialistas catalanes se oponían en aquella comunidad a los planes del gobierno autonómico (entonces de Convergencia i Unió) para hacer un mini-trasvase del Ebro hacia Barcelona.
Todos sin agua
Perdidas las elecciones de 2004 por el PP y ganadas por el PSOE, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue aniquilar el Plan Hidrológico, frustrando así las expectativas de las comunidades de Valencia y Murcia, y de la provincia andaluza de Almería, que iban a ser las principales beneficiarias del trasvase del Ebro. En vez de eso, el Gobierno del PSOE se lanzó a una intensa campaña de defensa de las plantas desaladoras como alternativa a la sequía. Ahora bien, las desaladoras presentan extraordinarios problemas de carácter económico, por su coste, y ecológico, tanto por la energía contaminante que consumen como por la salmuera que se arroja al mar después del proceso de desalinización. A pesar de la intensa propaganda gubernamental, el Plan de las desaladoras ha sido un fracaso.
Mientras tanto, las lluvias irregulares de los últimos años han provocado sucesivos desbordamientos del Ebro, inundaciones en las áreas aledañas y el vertido al mar de un excedente hídrico inusualmente alto. Todo ello mientras los problemas de abastecimiento llegaban también a Cataluña y en particular a la ciudad de Barcelona. Desde años anteriores, los gobiernos catalanes habían barajado la posibilidad de incrementar la disposición de agua potable en Barcelona con trasvases del Ródano (desde Francia) o del Segre. Dejados de lado ambos planes por su excesivo coste, se ha verificado que la mejor opción es abastecer a Barcelona con… un trasvase el Ebro.
Sorprendidos en una evidente contradicción, los gobiernos central, aragonés y catalán, en manos socialistas, arguyen ahora que esto no es en realidad un trasvase, porque, como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, “es temporal”. Pero nadie ha inventado aún el trasvase eterno; todo trasvase es temporal por definición. Al final del proceso, lo único que queda en evidencia es la extraordinaria irresponsabilidad política de un Gobierno que manipuló demagógicamente una cuestión tan importante en España como la política del agua y ahora tiene que rectificar para satisfacer sólo a una parte de España en perjuicio de todas las demás.
Al Plan Hidrológico de Aznar (y antes al de Felipe) le faltaba probablemente algún ajuste en materia ecológica, especialmente en el cálculo exacto del caudal ecológico para no dañar al Delta del Ebro, y también en la cuantificación precisa del agua necesaria para las comunidades del sur. En todo caso, ha sido el mejor Plan concebido hasta ahora, porque operaba sobre la base de un cálculo muy razonable de excedentes, los desviaba cuando el río ya había pasado por Aragón, beneficiaba a esta comunidad con otras obras de irrigación muy necesarias y no perjudicaba al abastecimiento en Cataluña. Por eso este Plan fue aprobado por la Confederación Hidrográfica y gozó de un respaldo técnico casi general. Su supresión fue un gesto de arbitrariedad incalificable. Que ahora vuelva a plantearse trasvasar agua del Ebro, pero sólo en una dirección, no es incalificable: se puede calificar como una auténtica frivolidad. Lo razonable sería que el Gobierno retomara, con las modificaciones precisas, el Plan Hidrológico Nacional. Sabemos que es exactamente lo que no ocurrirá.
