Fernando de Haro
Es muy probable que la oferta de acuerdos en cuestiones esenciales como la política antiterrorista, la financiación autonómica, la justicia o la política exterior, quede en poco. Hay quien señala que detrás de esa voluntad de pactar con el PP que ahora exhibe Zapatero no hay más que una trampa. El viejo truco de los negociadores correosos que consiguen siempre que la otra parte se levante de la mesa y cargue con la responsabilidad de haber roto, cuando lo que ha sucedido es que se le han puesto condiciones inaceptables.
Quizás estos profetas aciertan. Pero el sólo hecho de que se empieza a hablar de cómo es posible dialogar es ya un avance. Ya lo hemos visto. Hemos visto a dos líderes políticos intentando ser precisos al referirse al contrincante, vigilando cómo sonaban sus palabras para no pronunciar una más alta que otra, no fuera a ser que se entendiera que hacían el primer ademán de romper.
Se agradece el cambio de tono. Hemos visto a Zapatero admitir que ha cometido errores y que quiere exigir a “ETA el cese incondicional de la violencia”. No sabemos cuál es su verdadera voluntad, los hechos confirmarán si quiere corregir. Pero para facilitar esa corrección hay que ser flexibles, a un Zapatero que acaba de ganar las elecciones no se le puede exigir que el cambio de rumbo necesariamente pase por repetir los mismos términos en los que la oposición formula la derrota de los terroristas. Y hemos visto cómo Rajoy, con eficacia, ha desmantelado la falacia de unos posibles pactos de Estado que no cuentan sinceramente con el principal partido de la oposición. El líder del PP, aunque sólo sea por razones estratégicas, necesita firmar alguno. No puede hacer oposición a cara de perro.
Más allá de las trampas o de los intereses tácticos, el cambio es relevante. Las últimas encuestas reflejan que los pactos de Estado son una demanda de la mayoría de los españoles. La sociedad civil, que durante la pasada legislatura ejerció una presión eficaz en muchas cuestiones, ahora que los políticos hablan de ellos, tiene la ocasión de reclamarlos. Ése es el factor que puede convertir en círculo virtuoso lo que seguramente se ha iniciado por cortoplazismo. La prioridad en la agenda de pactos, que no puede gestionarse con maximalismos ideológicos, es la educación y el terrorismo. Zapatero mencionó de pasada el problema educativo que sufre nuestro país y no quiso reconocer que tenemos un gran problema. Para “desideologizar” el asunto convendría encontrar una solución realista a la Educación para la Ciudadanía (EpC). No se le puede exigir que la retire pero sí pedir que, sin mucho ruido, le cambie el perfil. En Cataluña algunos colegios concertados la están impartiendo “según los principios de la doctrina social de la Iglesia”, sin que la inspección de la Generalitat haya puesto, de momento, problemas. Ésa sería un una buena solución, otra es darle un status semejante al de la clase de religión, con asistencia libre.
Desbloqueado ese punto, habría que remangarse para conseguir un pacto educativo. Es difícil, como también es muy complicada una renovación del Pacto Antiterrorista, siempre y cuando los únicos protagonistas sean los partidos representados en el Congreso de los Diputados. Los pactos sólo llegarán si la sociedad civil los demandan con fuerza, con expresiones lo más transversales posibles, que no obliguen al Gobierno a cerrarse en banda.
Hay política, si la sociedad civil sigue activa, más allá de la ideología. La sensibilidad por la verdad no es sensibilidad por las ideas correctas sino sensibilidad por un bien común posible que se puede construir si se parte de las necesidades reales de nuestra sociedad.
