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La noticia la publicaba El Mundo este fin de semana: ciudadanos por el bilingüismo y contra la imposición separatista de una lengua única. Son asociaciones cívicas que ha crecido al margen de los partidos políticos. Su objetivo es que la letra de la Constitución sea letra viva: el castellano es la lengua oficial del Estado, que todos tienen el deber de conocer y el derecho de usar, y las lenguas regionales serán cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. El modelo constitucional garantizaba la unidad cultural de España y, al mismo tiempo, protegía la diversidad lingüística. Sin embargo, hace años que los gobiernos separatistas en Cataluña, el País Vasco y Galicia están vulnerando esos principios, ante la pasividad de los poderes públicos del Estado.
En Cataluña se aprobó en 1998 una Ley de Política Lingüística que suponía la desaparición del castellano de cualquier ámbito de la vida pública catalana. Hoy, como es sabido, los comerciantes catalanes son multados si rotulan sus establecimientos en castellano, y es tarea imposible hallar un centro de enseñanza público donde se impartan clases en castellano.
En el País Vasco, hasta ahora era posible elegir entre varios modelos lingüísticos en la enseñanza, de modo que se garantizaba el poder estudiar en castellano o vascuence libremente. Pero a partir del próximo curso los nacionalistas han decidido suprimir el modelo de enseñanza en español para que el euskera se convierta en “lengua vehicular”.
En Galicia, la política de concesiones al nacionalismo en materia cultural, política iniciada con los gobiernos de Fraga, ha conducido a una situación en la que el nuevo poder nacionalista-socialista ha podido emprender una agresiva campaña de “galleguización” forzosa de la vida pública; en particular, el Decreto sobre el Uso y Promoción del Gallego en el Sistema Educativo atiende a la galleguización completa de la enseñanza, pero las normas de imposición del gallego se extienden a ámbitos tan dispares como las verbenas o la liturgia en las parroquias.
El nuevo caciquismo
Ninguna de estas agresivas políticas separatistas responde a un riesgo real para sus respectivas lenguas. Nunca han estado tan protegidas como en el último cuarto de siglo las lenguas catalana, gallega o vasca. Y si no hay peligro real para estas lenguas, ¿cuál es entonces el objetivo de los separatistas? Un objetivo político: se trata de construir un círculo de poder cerrado sobre sí mismo y a cuyo calor se perpetúe la hegemonía de una casta política identificada con el nacionalismo.
Los principales perjudicados por estas políticas son los ciudadanos, cuyos derechos quedan seriamente limitados, y en particular las nuevas generaciones, obligadas a formarse en unas lenguas que las inhabilitan para cualquier proyección laboral y profesional fuera de su comunidad de origen. Por eso ha surgido una resistencia cívica a las imposiciones del nacionalismo en Cataluña, País Vasco y Galicia. En Cataluña, Convivencia Cívica Catalana, liderada por Francisco Caja, y la Asociación por la Tolerancia; en el País Vasco, una Plataforma en Defensa de la Libertad Lingüística promovida por padres y madres de alumnos y que en sólo dos meses ya tiene más de 2.000 asociados; en Galicia, la plataforma Galicia Bilingüe, que reúne a un millar de padres y profesores en contra de la "inmersión lingüística en el gallego" impuesta por la Xunta.
Llamativamente, la posición oficial de los partidos políticos de ámbito nacional, PSOE y PP, es de una extrema ambigüedad. En Cataluña, el PSOE abandera el despotismo lingüístico, mientras el PP mantiene una posición, hoy, crítica, aunque no siempre fue así. En el País Vasco, el PP está con los que defienden el bilingüismo y contra los separatistas, mientras el PSOE guarda silencio. En Galicia, el PSOE encabeza el proyecto monolingüista galleguizante, ante el silencio del PP.
Como en otros asuntos serios de nuestra vida pública –la asignatura Educación para la Ciudadanía, el derecho al aborto, etc.-, es la sociedad civil la que ha enarbolado las banderas de la oposición al Gobierno socialista.
