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Desde el punto de vista formal, la clave de la cuestión es esta: una entidad privada –una ONG- se ha beneficiado de fuerte ayuda pública. Esa ayuda no ha sido arbitraria, sino sujeta a los canales habituales de subvenciones oficiales y contratos por servicio (aunque alguno de éstos sea tan singular como la asistencia a los jóvenes de un remoto villorrio en El Salvador); en ese sentido, es verdad que todo es legal. Ahora bien, esa entidad privada no es enteramente tal, sino que la preside un diputado del partido en Gobierno que, además, juega un papel relevante en uno de los proyectos fundamentales del Ejecutivo. Es imposible pensar que la Liga no ha concurrido a las ayudas en posición de privilegio (como poco). No parece una actitud muy propia de quienes, cada vez que abren la boca, blasonan de virtud cívica y superioridad ética.
Metodología de la guerra cultural
Pero la cuestión presenta otra perspectiva mucho más interesante, que es el sistema de financiación de la lucha cultural. Esto a la derecha española le suena a chino, pero la izquierda la viene practicando desde hace mucho tiempo y con notables resultados. Las cifras de subvenciones y contratos publicadas por Juan Fernández-Cuesta en ABC son realmente notables.
La Liga dice que todos sus contratos son estrictamente legales. Será verdad. Pero uno de ellos, por ejemplo, ha sido suscrito con el Ayuntamiento de Colmenarejo, feudo –casi diríamos que en el sentido estricto del término- de la familia socialista Peces-Barba. Gregorio Peces-Barba es uno de los grandes impulsores de la llamada “Educación para la Ciudadanía”. La alcaldesa de Colmenarejo es María Isabel Peces-Barba, hermana de Gregorio; en ese municipio, además, reside uno de los campus de la Carlos III, la Universidad de la que Gregorio ha sido largo tiempo rector. Este Ayuntamiento contrató con la Liga la gestión de una escuela infantil. El servicio fue valorado en 1.146.000 euros. La concesión fue firmada por la alcaldesa. Contra lo que es usual, esta vez la adjudicación no se basó en un baremo de puntos, el sistema que mejor garantiza la limpieza en la decisión final. Pero todo fue legal, por supuesto.
La Liga se benefició de otros contratos: tres con el Ayuntamiento de Alcorcón y uno con el de Fuenlabrada, los primeros por un total de 644.000 euros y el segundo por 64.896 euros. Los conceptos: actividades lúdico-educativas, asesoramiento socio-familiar a menores y familias, gestión de “casas de niños”… El caso más notable es el del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, que también contrató –y por mucho dinero: 2,6 millones de euros- los servicios de la ONG socialista para desarrollar actividades extraescolares. La adjudicación la firmó la concejala Ana Botella, esposa del ex presidente Aznar.
En total –resume ABC-, la ONG que preside el diputado socialista Mayoral ha recibido doce adjudicaciones de cinco ayuntamientos, todos de la Comunidad de Madrid, y todos de izquierdas menos el de Madrid, que encabeza Alberto Ruiz Gallardón; el importe total de las operaciones asciende a 5.400.000 euros
Eso, en lo que concierne exclusivamente a la actividad “municipal” de la Liga. Aparte están las subvenciones obtenidas del Gobierno, que ascienden a 2,3 millones de euros en los últimos siete años, es decir, también con el Gobierno Aznar. La Liga recibió de los gobiernos del PP casi un millón de euros entre los años 2001 y 2003 por sus programas de “casas de niños”. En el cómputo total y a fecha de hoy, la mayor parte de las subvenciones –informa ABC- proviene del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, generalmente para programas con inmigrantes y menores. También hay subvenciones de los Ministerios de Educación y de Asuntos Exteriores. Los conceptos son muy plurales; alguno de ellos, gestión de “centros de orientación para la salud”.
La Liga de Mayoral, por su parte, ha emitido un comunicado en el que trata de salir al paso del revuelo levantado por ABC. Dice que La Liga es una ONG sin ánimo de lucro, que Mayoral no es ideólogo del PSOE, que ellos trabajan con Ayuntamientos de cualquier signo político, que estas actividades no son incompatibles con el puesto de diputado de Mayoral… Entre otras cosas, la nota de la Liga desvela –¿por qué?- que llevan trabajando veinte y diez años respectivamente en los ayuntamientos de Fuenlabrada y Parla, tradicionales feudos del voto de izquierda.
Al margen de la responsabilidad política y moral de Mayoral, que queda en entredicho, lo más significativo de la información publicada por ABC es que nos enseña cómo funciona la “guerra cultural”, esto es, la ofensiva por influir en el pensamiento de los ciudadanos. Esta Liga, y otras entidades como ella, llevan muchos años ejecutando programas sociales, educacionales y culturales que han ido dejando un fuerte poso en la opinión pública. Es así, con este tipo de iniciativas, cómo poco a poco la izquierda ha ido apoderándose de la conciencia de la gente, de sus principios y de sus valores. Frecuentemente, gracias al apoyo financiero de una derecha que aún tiene mucho que aprender.
