BANGKOK, 22 de octubre. Tailandia vive al borde de un conflicto civil. La polarización de la sociedad en torno a los partidarios y detractores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra se ha agravado considerablemente en las últimas semanas. Las incesantes manifestaciones antigubernamentales, las amenazas veladas de un nuevo golpe de Estado por parte de la cúpula militar y la tensión fronteriza con Camboya están elevando la temperatura política más de lo humanamente recomendable.
Entrevistado hace pocos días en la televisión, el general Anupong Paojinda recomendaba al actual primer ministro Somchai Wongsawat que dimitiera por su responsabilidad en los sucesos del pasado día 7 de octubre, cuando la policía cargó contra los manifestantes de la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD en sus siglas en inglés) que cortaban los accesos al Parlamento, causando dos muertos y alrededor de 500 heridos. Las palabras del general fueron interpretadas como un aviso de reedición del golpe de Estado que a finales de 2006 acabó con el gobierno de Thaksin Shinawatra. Los partidarios del magnate de las telecomunicaciones anunciaron al día siguiente por boca de la UDD (Frente Unido por la Democracia y contra la Dictadura) que, en el caso de que el Ejército intentara un nuevo golpe, “ya no serían recibidos con flores en las calles, sino con cócteles molotov”.
La crisis política se remonta a finales del año pasado. Un año después del derrocamiento de Thaksin, el gobierno militar promulgó una nueva Constitución y celebró elecciones generales. A pesar de los esfuerzos del Ejército por desbaratar el entramado de poder del ex primer ministros, sus acólitos, reunidos en torno a las siglas PPP (Partido del Poder del Pueblo), ganaron las elecciones, y su líder, Samak Sundaravej, fue elegido primer ministro. El veterano político conservador hubo de enfrentarse desde el principio a las críticas de la oposición, encabezada por el PAD, agrupación que no acabó de aceptar el veredicto de las urnas, denunciando compra de votos en las zonas rurales. En los meses de mayo-junio comenzó un auténtico calvario para Sundaravej.
Antes de nada hubo de enfrentarse a los primeros problemas con Camboya por los terrenos adyacentes al templo de Prear Vihear. La ONU falló a favor del antiguo reino khmer, pero las tierras que rodean al templo permanecieron en disputa. Ambos países acordaron retirar las tropas de los alrededores del templo y el problema pareció solucionarse. Pero no para el primer ministro Sundaravej, quien vio cómo los ánimos en el país se calentaron súbitamente con los rumores de la vuelta al país de Thaksin Shinawatra, exiliado en Gran Bretaña desde que fuera depuesto. El PAD se lanzó a la calle cuando efectivamente Thaksin volvió a pisar suelo tailandés. El Tribunal Supremo, investido de mayor independencia que en regímenes anteriores, procesó a Shinawatra y a su esposa por corrupción, pero volvió a huir a Inglaterra, donde aún permanece. Al negarse el gobierno de Sundaravej a pedir su extradición, ello acabó de radicalizar definitivamente al PAD, que esta vez salió a la calle para pedir la dimisión incondicional del gobierno, acusándolo ya abiertamente de corrupción e incluso de delito de lesa majestad, e incitando también al ejército a que actuara. La audacia de los líderes del PAD les llevó, hace dos meses, a la toma de la residencia gubernamental. Ni aún así consiguieron, sin embargo, la dimisión del primer ministro que sólo dejó el gobierno cuando un juez le obligó a ello tras encontrarlo culpable de un delito de incompatibilidad con su cargo al aparecer en un programa televisivo de cocina.
La elección de un nuevo primer ministro, lejos de calmar a la oposición, le dio más excusas para proseguir su campaña en la calle. Somchai Wongsawat, cuñado de Thaksin, fue elegido por el PPP para ser nuevo presidente del gobierno. Wongsawat trasladó la sede del gobierno al viejo aeropuerto de la capital, uno de los pocos que no ha sido tomado por el PAD en los dos últimos meses. Precisamente, grupos de manifestantes antigubernamentales armados cortaron los accesos al Parlamento, donde iba a efectuarse la elección formal de Wongsawat, al tiempo que mantenían durante varias horas como rehenes a varios senadores y diputados, hasta que el jefe de policía de Bangkok, Salang Bunnag, ordenó entrar a saco para liberar a los rehenes, originando dos muertos y 500 heridos entre los manifestantes, que a su vez dispararon con armas de fuego sobre la policía.
En este contexto se reproducían los problemas en la frontera camboyana. El primer ministro de Camboya denunció que Tailandia aún no había retirado a sus soldados de la zona de Prear Vihear y lanzó un ultimátum al gobierno tailandés. El pasado miércoles, tras conversaciones fallidas entre ambos gobiernos, se produjeron varias escaramuzas en la zona. Dos soldados camboyanos resultaron muertos y tres tailandeses gravemente heridos. La tensión aún no ha remitido, ya que ambos países han movilizado a sus tropas. Mientras tanto, los fieles al gobierno se preparan para hacer frente en las calles a un posible golpe de Estado.
La situación en Tailandia es cada día más insostenible. La figura política de Thaksin Shinawatra ha dividido en dos a la población. La atmósfera, especialmente en la capital, es irrespirable. La fractura social está siendo más grave de lo que en un principio parecía, pues familias, parejas y amigos rompen sus relaciones como consecuencia de disputas políticas, como recogía estos días el New York Times. Ningún diario quiere aún mencionar la palabra maldita: guerra civil; pero condiciones no faltan para que en Tailandia ocurra una tragedia de estas dimensiones.
Las causas últimas de esta situación hunden sus raíces en los inicios del Estado moderno en Tailandia a principios de los años 30. Concretamente, se han saldado con un estrepitoso fracaso los proyectos de desarrollo político de la población que, especialmente desde los años 60, han venido intentando poner en pie un moderno Estado. A lo largo de los últimos setenta años el consenso sobre el modelo político ha sido prácticamente nulo. La existencia de diecisiete constituciones desde 1932 habla bien a las claras de ese fracaso histórico. La disputa social en torno a la figura de Thaksin Shinawatra en realidad enmascara corrientes más profundas del conflicto: la incapacidad de los grupos de interés para consensuar un marco político donde todos se sientan a gusto, es decir: los grandes empresarios, la burocracia provincial y las clases campesinas frente al ejército y las clases medias y altas de las ciudades. El frágil equilibrio entre estos grupos fue dinamitado por Shinawatra con sus políticas pro-campesinas y su retórica nacionalista, que han acabado por provocar una hemiplejia nacional, que unida a una posible guerra con Camboya, nos hace presagiar un futuro nada halagüeño.
Mientras tanto, los Hunos y los Otros, como diría Unamuno, siguen a la espera de la intervención del idolatrado rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) que en el pasado fue moderador esencial en los momentos de emergencia nacional. El silencio del monarca Chakri hace aún más inciertas las previsiones para el futuro inmediato de un país que no consigue encontrar su camino a la modernidad política.
