Anne-Marie Le Pourhiet
Por decreto del 9 de abril de 2008, el presidente de la República Francesa ha designado un comité, presidido por Simone Veil, encargado de revisar el preámbulo de la constitución francesa donde se consagra la filosofía política de Francia así como los derechos y las libertades ciudadanas.
Han pasado tres meses desde el anuncio hecho el 8 de Enero, y se le recordó juiciosamente al presidente que él no había sido elegido para crear comités, con la esperanza de hacerle renunciar a su inquietante proyecto. No se consiguió nada.
Es para afianzar la Quinta Republica en la tradición republicana, y calmar a aquellos que ven una deriva bonapartista en el régimen, que la ley constitucional del 3 de Junio de 1958 había obligado al gobierno del general De Gaulle a garantizar en la nueva constitución los derechos esenciales consagrados por la declaración liberal de 1789 y el preámbulo social de 1946.
La cohabitación no ha sido siempre fácil entre estas dos filosofías ya que el liberalismo impone al estado la renuncia a las funciones regias, mientras que el socialismo al contrario le invita a fortalecer las prestaciones y la reglamentación social. De todas formas, los textos de 1789 y de 1946 tienen en común un elemento esencial que asegura su coherencia: el universalismo, que no quiere ver ninguna relación entre el ciudadano libre y la nación soberana.
La consagración de la autodeterminación de un hombre dotado de consciencia y razón, liberado toda cadena o pertenencia a la herencia, las costumbres, la etnia, la religión o la lengua es la característica principal de la tradición republicana y, por lo tanto, de nuestra “identidad constitucional”, por usar la expresión utilizada por el consejo constitucional. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independiente de cualquier grupo, categoría o corporación, la abolición de los privilegios y la promoción basada exclusivamente en el mérito, es, desde la Revolución, la base fundamental de nuestros valores.
Ahora bien, la carta oficial dirigida por el presidente Sarkozy a la señora Veil, a pesar de las “precauciones lingüísticas”, promete claramente una revisión de ese trinomio fundamental. En efecto, no es suficiente afirmar que la revisión proyectada no se basará en “modificar o debilitar” los textos de 1789 y de 1946, y que se tratará sólo de inscribir en el preámbulo “derechos y principios fundamentales nuevos”. Los juristas saben bien que muchos “derechos nuevos” no se añaden simplemente a los derechos del hombre tradicional, sino que se contraponen a los mismos hasta el punto de destruirlos. Mientras que Marcel Gauchet afirma: “Ha nacido un nuevo hombre que necesita nuevos derechos, un hombre que no tiene nada que ver con su ancestro de 1789”, constatando simplemente que los nuevos derechos de hoy día, reivindicados o consagrados, desvirtúan las libertades fundamentales de la primera generación.
Introducir la paridad y la diversidad en el preámbulo equivale a minar el principio de igualdad de todos ante la ley y a destinar asignaciones en identidad sexual, étnica, lingüística o religiosa a las cuales el Consejo constitucional se ha negado siempre en nombre del universalismo revolucionario.
Se trata igualmente de poner en entredicho la meritocracia republicana así como introducir discriminación positiva, lo que quiere decir injusticias étnicas y sexuales, que constituyen privilegios, en el sentido etimológico de leyes privadas, en oposición a la res publica. No nos equivoquemos, se trata de la filosofía reaccionaria de Joseph de Maistre, ilustrada por su famoso: “He visto franceses, italianos, rusos; pero en lo que respecta al hombre, puedo decir que no lo he visto en mi vida”. Es esa filosofía la que está de vuelta y que se entendió claramente en el discurso de Dakar, que sólo quería ver, él también, “el hombre africano”.
Seguramente, el cuestionamiento de la laicidad no se encontrará expresamente en el programa del Comité Veil, pero se especula que rondará en forma de “diversidad religiosa” o de “dignidad de creencias”. Se sabe también que los defensores de las lenguas y “preferencias” regionales ya prepararon sus enmiendas “etnocéntricas”.
La dignidad constituye, hoy día, la amenaza más directa contra la Filosofía de las Luces y la idea republicana, el arma fatal contra las libertades. Erigir esta noción filosófica y moral, eminentemente subjetiva y relativa, en norma jurídica, es una locura.
Ya se viene observando, desde hace varios años, que es en nombre de la dignidad de los individuos y grupos, que militantes narcisistas e histéricos obtuvieron la multiplicación de las incriminaciones penales por acoso moral y sexual, por discriminaciones y observaciones sexistas, contra los homosexuales, contra los minusválidos, etc., consiguiendo un arsenal represivo que amenaza, en particular, las libertades de expresión y de prensa.
También en nombre de la dignidad humana se reivindica la eutanasia “muy activa”, y no es tampoco una casualidad que las recientes decisiones jurisdiccionales, aunque sean lo más pobres posible intelectualmente y cogidas por los pelos, se hayan vuelto sobre el fundamento de este manoseado concepto.
Pongámonos en guardia para que no se sustituya subrepticiamente la divisa “Libertad, Igualdad, Fraternidad” por la trilogía “Dignidad, Diversidad, Paridad” y el emblema “Azul, Blanco, Rojo” por “Negro, Blanco, Magrebí”.
Hasta ahora, el único texto constitucional francés que haya mencionado expresamente la “dignidad humana” y haya reconocido los “derechos de las comunidades” fue el proyecto de Constitución del mariscal Pétain. Da que pensar.
