ÁNGEL MAESTRO
“Continuar perfeccionando la labor del Partido y su autoridad ante las masas” es el mensaje clave lanzado por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro (Fidel sigue siendo el primero, aun con Raúl como presidente del Consejo de Estado). Tan inequívocas afirmaciones fueron proclamadas durante el VI Pleno del Comité Central, desmintiendo por enésima vez a esos comentaristas, periodistas y políticos europeos que creían ver algunas tendencias de liberalización al estilo occidental en la vida política cubana.
Raúl Castro ha fijado como una de las tareas principales la de la producción de alimentos, señalando el precio de los alimentos en constante ascenso y el de los combustibles, insostenibles para los países subdesarrollados importadores de ambos.
Una figura política conocida asciende posiciones como miembro de la dirección colegiada liderada por Raúl, verdadero centro del poder cubano, no en teoría, pero sí en realidad por encima incluso del Buró Político del Partido. Se trata del vicepresidente del Consejo de Ministros, José Ramón Fernández Álvarez, sobre quien recaerá la orientación ideológica y coordinación de las labores de los Ministerios de Educación y Educación Superior, y también de todas las actividades relativas a la formación educativa que desarrollen cualesquiera otros organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo los centros de enseñanza militares.
Raúl Castro calificó también de ingenuidad e irresponsabilidad la renuncia al “efecto disuasivo que provoca la pena capital en los terroristas mercenarios al servicio del imperio”, aun comprendiendo los argumentos del movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria. Por último, expresó la voluntad del Buró Político al convocar el VI Congreso del Partido en 2009, cincuenta aniversario de la Revolución.
Mientras en Cuba el Partido Comunista reafirma su control sobre la vida política de la isla, en España el Gobierno Zapatero le echa una mano. El Gobierno español, en efecto, abogará el próximo mes de junio ante sus socios europeos por suprimir, de manera definitiva, las medidas sancionadoras impuestas en 2003 a Cuba tras la llamada «Primavera negra», en la que fueron encarcelados 75 opositores al régimen.
Hay que recordar que las medidas de sanción, que incluían la invitación a los disidentes a las fiestas nacionales de las embajadas europeas y la limitación de las visitas oficiales a Cuba, fueron suspendidas de manera temporal en 2005, también a instancias de España.
