PABLO VICTORIA
Los recientes escándalos de la llamada “parapolítica” en Colombia no dejan de sorprendernos cada día por la audacia de algunas detenciones de congresistas llevadas a cabo recientemente. En este país se volvió asunto cotidiano extender una boleta de captura a quien sea señalado de haber sido amigo de paramilitares o, simplemente, de haberse reunido con alguno de ellos en cualquier parte. En el momento en que escribo estas líneas hay más de 30 congresistas detenidos y más de 60 investigados por el más alto tribunal de justicia.
La situación ha llegado al punto en que hay comisiones casi totalmente desmanteladas e incapaces de tramitar proyectos de ley o siquiera juzgar a los propios magistrados de la Corte Suprema; tal es el caso de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Por eso nos preguntamos, ¿y al alcalde quién lo ronda?
La pregunta no puede ser más a propósito, porque en el sistema político colombiano la Corte Suprema de Justicia juzga a los parlamentarios, en tanto que la Comisión de Acusación juzga a los magistrados de la Corte. Pero, como van las cosas, la Corte se ha quedado sin sus jueces naturales. Esta anómala situación ocurre en momentos en que ahora salta a la vista pública el escándalo de un video incautado por los servicios de inteligencia del Estado (DAS) y otros documentos que revelan los nexos entre algunos magistrados, y el propio Fiscal de la nación, con Asencio Reyes Serrano y Giorgio Sale quienes, a su vez, están vinculados con un extraditable de nombre Jesús Ortiz. Giorgio Sale es dueño de una cadena de restaurantes (L’Enoteca) vinculada a Salvatore Mancuso, uno de los más reconocidos paramilitares del país y cuyas declaraciones en el sentido de que él se reunió con Mario Uribe en alguna oportunidad, tienen detenido al primo del presidente Álvaro Uribe. Por su parte, a Asencio Reyes lo vinculan con caletas de dinero halladas en la región del Casanare y con manipulación de expedientes judiciales.
Según testimonios de uno de los empleados de Sale, éste era invitado frecuente a todas las fiestas que se hacían en las ciudades de donde eran oriundos los magistrados. Por ejemplo, Sale pagó cuatro vuelos charter en los que viajaron los magistrados y sus esposas a un homenaje que hicieron al magistrado Yesid Ramírez en el 2006. Otro más: en el video de marras aparece Yesid Ramírez en una pesebrera de los hermanos Cabrera, presos por el robo a Cajanal, en una situación de amistad que ha valido a los congresistas autos de detención y apertura de juicios. Revelado lo anterior, miembros de la Corte han cerrado filas con sus colegas, en tanto toda la rama judicial colombiana cierra filas con los magistrados implicados en el escándalo de la “narcojusticia”.
Por todas estas razones los colombianos nos preguntamos con cada vez mayor insistencia: ¿los llamamientos a juicio de los congresistas detenidos que ha hecho la Corte Suprema en los últimos tiempos obedecen más a una persecución política contra el presidente Uribe que a delitos reales y verdaderos? ¿Constituye un delito (no tipificado en ningún código) ser amigo o haberse reunido con sindicados de paramilitarismo? ¿Obedece a la misma lógica que los magistrados del más alto tribunal de justicia estén incursos en similares delitos por ser ellos amigos de delincuentes? Que tiren la primera piedra, porque el desmantelado Congreso de Colombia reclama que se haga claridad sobre asunto tan delicado y los colombianos, atónitos, reclamamos que la Corte, ya sin juez natural, se llame a indagatoria a sí misma y se expida los consiguientes autos de detención.
A menos que lo que en el fondo se pretenda es ir por el presidente Uribe.
