Curzio Malatesta
El gobierno de Trípoli ha anunciado el miércoles pasado que ya ha comenzado a expulsar a todos los inmigrantes clandestinos de suelo libio. La mayor parte de ellos son de países pobres africanos, en camino hacia El Dorado europeo.
“Invitamos a las autoridades libias a no llevar a cabo lo que parece ser una decisión apresurada que correría el peligro de burlarse del derecho de cientos de miles de personas, incluidos mujeres y niños”, ha subrayado en un comunicado un responsable de la ONG para la defensa de los derechos de la persona, Philip Luther.
El pasado viernes, los ministros de Asuntos Exteriores de Níger y Mali se han lamentado de no haber llegado a un consenso con Libia. Según Reporteros Sin Fronteras, la mayoría de los objetivos de esta medida son inmigrantes clandestinos, pero las autoridades libias hacen poca diferencia entre éstos y los que buscan asilo político, como los eritreos.
El gobierno libio ha sido objeto de presiones interiores para ocuparse de los clandestinos, acusados por la opinión pública de ser los responsables de la inseguridad ciudadana y de portar enfermedades. Tan antiguo como el mundo. Sin embargo, algo hay de cierto en ello, como hemos comprobado en Europa. Si bien el peligro real era el que señalaban los árabes del Golfo Pérsico: la erosión cultural.
Libia está igualmente presionada por Italia, su vecino europeo en la otra orilla mediterránea, y por otros estados europeos, para frenar el afluente de inmigrantes clandestinos.
El diario argelino El Watan denunciaba la contradicción entre las medidas tomadas por Gadafi con su discurso panafricanista. Sin embargo, una cosa es estar por la emancipación de los países africanos del comando occidental y el desarrollo, y otra aceptar la circulación ilegal de personas y el desequilibrio social de los países anfitriones, que resulta de la misma. No es contradictorio. Es harina de otro costal.
