J.J.E.
Y a todo esto, ¿por qué España no posee un barco capaz de hacer exploraciones arqueológicas en la mar? Tenemos barcos científicos en el polo sur, satélites que surcan los cielos y hasta una estación de escucha espacial para averiguar si hay vida extraterrestre. ¿Cómo es que no tenemos un barco para recuperar los tesoros hundidos? ¿Cómo es que estamos expuestos a la rapacidad de los “cazatesoros”? La historia es bastante triste. Veamos.
España, asombrosamente, carece de medios materiales para recuperar su patrimonio subacuático. España posee una enorme cantidad de pecios tanto en sus costas como en las aguas que un día surcaron las naves del imperio. Basta pensar en el constante tráfico marítimo entre Filipinas y Acapulco –el “galeón de Manila”-, en el Pacífico, y entre las costas atlánticas americanas y la península ibérica. Ese tráfico marítimo era una pieza muy codiciada por los enemigos de la Corona española, especialmente los piratas y corsarios holandeses, ingleses y franceses, de manera que entre los siglos XVII y XVIII hubo un importante número de naves españolas que acabó en el fondo del mar.
Para recuperar en la medida de lo posible ese patrimonio sumergido, y también para frenar la codicia de los “cazatesoros”, el Gobierno español exploró en su día diferentes procedimientos. En la última etapa de Aznar, y por iniciativa de la Armada, se redactó un protocolo de colaboración entre los ministerios de Defensa, Exteriores y Cultura (entonces, Educación y Cultura) para desarrollar por nosotros mismos el trabajo de exploración de pecios. Defensa habló incluso de poner un barco a disposición. La tecnología necesaria para las exploraciones, aunque costosa para una economía particular, no lo es para un presupuesto estatal. Aquella iniciativa, sin embargo, quedó en proyecto: por un lado, el ministerio de Hacienda veía con severidad cualquier gasto “no necesario”, dentro de la proverbial austeridad aznariana; por otro, algún alto cargo de otro departamento se encaprichó con el asunto y terminó convirtiéndolo en inviable. Después llegó el 11-M. Lo más que el Gobierno llegó a hacer fue publicar anuncios en la prensa oficial norteamericana advirtiendo de los derechos españoles sobre los pecios en alta mar.
Por otro lado, y aunque España organizara los medios técnicos y financieros para recuperar los pecios, habría que convencer a los arqueólogos españoles, que parecen casi unánimemente alineados en la tesis de que el mejor sitio para un pecio es el fondo del mar y, por tanto, hay que dejarlo todo allí. Esta tesis se basa en criterios conservacionistas extremos: los objetos hundidos en el mar se deterioran rápidamente al volver a la atmósfera, de manera que extraerlos del lecho marino puede conducir a su destrucción. El problema que se plantea es qué hacemos con los objetos que no se deterioran –metales, piedras, etc.- cuando están dentro de objetos que, como los barcos, sí se deterioran. Según el integrismo arqueológico, la respuesta es: nada, dejarlos en el fondo del mar. Los “cazatesoros”, mientras tanto, hacen su trabajo.
A este paisaje sólo le faltaba que se añadiera la acreditada incompetencia del Gobierno actual, particularmente visible en el área de Cultura. El gabinete de Carmen Calvo no ha seguido adelante con el protocolo de colaboración interministerial para protección del patrimonio subacuático; de hecho, lo más probable es que ignore que tal cosa existió alguna vez. Es, asimismo, un departamento que se ha caracterizado por una política muy burda de medidas efectistas, más movidas por el interés político inmediato que por el propósito de conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Este asunto del Odissey le ha cogido con el paso cambiado. Paralizado, aún no hemos escuchado una sola explicación del Ministerio de Cultura. Al menos los abogados están haciendo su trabajo –los abogados norteamericanos del Estado español.
No hay tiempo que perder: queremos un barco español que rescate nuestros tesoros. La memoria de nuestros antepasados lo merece.
