Hace unos años era usuario de la sanidad pública catalana. Siempre me llamó la atención lo mal que funcionaba. Si solicitaba cita con el médico de asistencia primaria, me la adjudicaban para diez o doce días después. Las gripes, catarros y dolencias menores, en consecuencia, prohibidos. Los servicios de urgencia estaban siempre abarrotados. La autoridad sanitaria de Castelldefels colocó este anuncio en el centro Gregorio Marañón: “Se recuerda a los usuarios que el servicio de urgencias no puede utilizarse como consulta de atención primaria”. La sección sindical de CCOO replicó con semejante cartel, sujeto con esparadrapo al lado del anterior: “Y si nuestros hijos tienen fiebre, ¿qué hacemos? ¿Esperamos dos semanas?”
Uno, que venía de otra comunidad (de España, ya saben), donde la cita para el médico se obtiene por Internet, con elección de día y hora, se extrañaba mucho de aquel maremágnun. Aunque ahora, desde la perspectiva del tiempo pasado, dos evidencias han ido sedimentando en el recuerdo. Ambas son dos verdades incómodas, y precisamente por ello, por incómodas e incordiosas, las expongo tal cual:
-Las administraciones autonómicas de Cataluña, a lo largo de muchos años, han dejado que la sanidad pública fuera degradándose, poco a poco, imparablemente, a beneficio de las compañías privadas. El desvío de pacientes de la sanidad pública a la privada en esta comunidad es espectacular. El resultado: la atención en los centros de salud privados está casi tan masificada y es igual de deficiente que en los públicos. Entre una atención y otra se han repartido las dolencias de la ciudadanía, aunque los privados se quedan con el negocio y el servicio público con la bancarrota.
-El gasto sanitario en Cataluña se ha disparado descontroladamente, entre otras razones quizás de menor importancia, por el aluvión migratorio. Ni exagero ni hago demagogia y a la pura realidad me atengo. Cualquier día de la semana, a cualquier hora, cualquier servicio de urgencias de cualquier centro de salud u hospital en Cataluña está literalmente desbordado por familias enteras de inmigrantes, con o sin papeles, con o sin empleo, con o sin problemas de salud, que reclaman su derecho a ser atendidos y a que se les faciliten medicinas para el niño y la niña, el padre y la madre, la hermana, la abuela y la tía. Sé que decir esto es terriblemente impopular, poco solidario, poco humano y muy pero que muy sospechoso de xenofobia y tal. Pero es la verdad y cualquier ciudadano con ojos en la cara lo ha visto. Y lo sabe como yo lo sé. Otra cosa es decirlo. Y otra preguntarse quién saca réditos de este caos en la administración de un servicio público tan esencial.
La Generalitat ha ordenado el cierre forzoso de los centros de salud durante cinco días, para ahorrar. Sólo funcionarán los servicios de urgencia. Durante esos cinco días, ya lo verán y quien quiera puede comprobarlo, esos servicios de urgencia funcionarán con toda normalidad: tan atiborrados de “sin papeles” como otra jornada cualquiera.
