Es la principal prioridad que debe emerger tras las elecciones del domingo, y lo mismo habría ocurrido si los resultados hubieran sido otros. España tiene serios problemas objetivos que hay que resolver de manera urgente. Hay que hacerlo con un amplio consenso, y éste sólo puede nacer de un pacto de Estado entre el PP y el PSOE. Ambos partidos han demostrado que gozan de la confianza de la inmensa mayoría de los españoles. Estos deben ser los puntos del gran pacto.
Contra ETA sin rodeos ni atajos. ETA es el primer enemigo de la democracia española. No ha dejado de demostrarlo nunca desde su fundación, y quienes han querido creer otra cosa deben reconocer su error. Hay que volver al espíritu del pacto por las libertades y contra el terrorismo: persecución policial, judicial y política, sin tregua, de los terroristas y de quienes les apoyan. No hay otra opción.
Cierre del modelo constitucional. El proceso abierto por las reformas estatutarias catalana, andaluza y valenciana tiene que cerrarse de inmediato. Hay que cerrar el modelo constitucional para que el Estado de las Autonomías quede definitivamente configurado de una vez por todas. Eso probablemente implicará revocar aquellos artículos del Estatuto de Cataluña de más flagrante inconstitucionalidad. Al mismo tiempo habrá que afrontar un desafío mayor: el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno vasco. Ni una cosa ni otra podrán resolverse sin conflictos. Pero tales conflictos deben ser asumidos con la resuelta convicción de que España debe ganar, y no perder.
Crisis económica: medidas de urgencia. Pasado el fervorín electoral, los españoles nos vamos a encontrar sobre la mesa el negro panorama de la crisis económica: colapso de la construcción, aumento exponencial del paro, precios por las nubes… Por no hablar de los fenómenos asociados, como la inmigración, que pueden llevar a un rápido deterioro social. Los discursos de campaña tienen que dejar paso a un frío y serio examen objetivo de la situación. La envergadura de la crisis hace preciso adoptar medidas que impliquen a sindicatos y empresarios.
Ley Electoral: regeneración democrática. Estas elecciones han vuelto a demostrar el sinsentido de la ley electoral española, que termina siempre sobrerrepresentando a las minorías separatistas y, por esa vía, haciendo que la política del país dependa de fuerzas que están expresamente contra el propio país. La progresiva radicalización de los partidos separatistas en los últimos diez años obliga a tomar medidas firmes y urgentes antes de que el problema sea definitivamente irreversible. Hay que reformar la Ley Electoral para que ésta actúe a favor de la democracia en España, y no en su contra.
Poder Judicial: pacto de no injerencia. Ninguna de las grandes reformas que debe afrontar el Pacto de Estado puede ejecutarse sin el concurso de la Justicia, especialmente en los niveles superiores, tanto de la administración de justicia como del gobierno judicial: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial. Buena parte de nuestros problemas provienen de una Justicia que adolece de una excesiva presión partidista. Aliviar esa presión es un objetivo prioritario, que pasa por la no injerencia de los partidos en los tribunales.
¿Y quiénes deben pactar? Todos los que representan a la nación. Desde luego, en primer lugar, los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que no sólo representan a la inmensa mayoría de los españoles -323 diputados en una cámara de 350-, sino que, por el singular peso que los partidos tienen en nuestra vida pública, son piezas esenciales en el funcionamiento de la Justicia, los medios de comunicación y la vida económica.
Pero no puede tratarse solamente de una cuestión de partidos. Más allá de una firma solemne o de una puesta en escena, se trata de introducir a la nación en una tendencia general de afirmación de sí misma, y para eso ha de contarse con el compromiso de las fuerzas más representativas de la nación española.
La Corona, en primer lugar, debería mostrarse especialmente interesada en amparar una operación de este género, pues le va literalmente la supervivencia en ello. Tampoco pueden quedar fuera los grandes medios de comunicación, a los que hemos visto últimamente enviscados en vergonzosas manipulaciones de la realidad ajenas a cualquier criterio profesional. Otro tanto puede decirse de los poderes económicos. Y, por cierto, no puede eludirse el necesario compromiso de la Iglesia española, que debe terminar con las ambigüedades de sus obispos secesionistas.
En los próximos días oiremos cosas muy distintas al planteamiento que aquí exponemos. Oiremos, sobre todo, voces de confrontación. Pero ni un sólo español consciente ignora que nuestros grandes desafíos, en el orden político, se sustancian en los puntos que hemos señalado. Ignorarlos equivale a un suicidio nacional.
