La manifestación del pasado viernes tenía por objeto reclamar el cierre de la clínica Isadora, propiedad de la ex diputada comunista Marisa Castro. Los grupos pro-vida apelaron especialmente a la sensibilidad de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, responsable política directa de la situación. No hay todavía respuesta alguna por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
A juzgar por el silencio de la Comunidad de Madrid, que ha rehusado arbitrar las medidas administrativas correspondientes, la clínica abortista Isadora podrá seguir ejecutando libremente las prácticas que la han conducido a ser objeto de una investigación oficial por la guardia civil. El SEPRONA de la Benemérita halló en los contenedores de la clínica abundantes restos de fetos humanos junto a material documental y otros desechos sanitarios, cosa
Fotografía de un momento de la marcha contra el aborto
que está estrictamente prohibida por la ley. Por otro lado, aún se desconocen los resultados del análisis forense de los restos humanos; como se recordará, la alarma se ha disparado al constatar que un centro semejante, el Centro Médico Aragón, en Barcelona, practicaba abortos por encima de los veinte meses de gestación.
El contexto de estas polémicas es la clara insuficiencia de la legislación española en materia de aborto. En principio, nuestra normativa niega el derecho al aborto y sólo lo concede en tres casos: malformaciones graves del feto, violación y riesgo grave para la madre. Ahora bien, este último supuesto ha sido interpretado arbitrariamente por las autoridades sanitarias, que consideran “riesgo grave” tanto el riesgo físico como el psicológico. ¿Y quién define el riesgo psicológico? Las propias clínicas. Como la ley no contempla limitación de plazo para este último supuesto, el resultado es que una legislación restrictiva se convierte, en la práctica, en una legislación absolutamente permisiva. Esta situación ha sido reiteradas veces denunciadas por voces tan autorizadas como la del jurista José Luis Requejo, miembro del Consejo General del Poder Judicial. Pese a ello, ningún partido político contempla entre sus proyectos la reforma de la ley del aborto.
