No es la primera vez que ocurre, ni será la última. Una mujer murió en Motril y se siguió el protocolo ya habitual: el hombre al calabozo y los medios, ciertos medios, algunos medios, hablando de otra víctima de violencia de género y, dado que saben sumar, pues es función propia de quien gusta del dinero, de la existencia de un repunte del (sic) ‘terrorismo machista’.
El hombre, la pareja de la fallecida, ha sido puesto en libertad, pero nadie le quita el haber pasado, durante unas horas, como uxoricida, que es la palabra que el diccionario recogía para el sujeto que mata a su mujer antes de que las y los trepas del género metieran sus manazas, peritas en el erario, también en el lenguaje.
La difamación más ultrajante que quepa imaginar
Durante unas horas ha sido un ‘asesino machista’ más, y a la pérdida, vivida en el calabozo, ha tenido que añadir la difamación más ultrajante que quepa imaginar.
La desfachatez del periodismo gubernamental superó hace tiempo los umbrales de lo soportable. Las maneras totalitarias de esta gente, regada con dinero público y sobre unas licencias que son también públicas, vulneran cualquier norma de justicia, decencia y honor, y forma un rodillo aberrante, neurológica y moralmente atroz, que colabora con la producción legislativa.
El Gobierno, pues el gobierno legisla, hizo aquí unas leyes que al viudo le facilitan un velatorio en la cárcel, pero además fomenta y hasta participa (ya ha pasado) que esa vulneración de la presunción de inocencia se complete con un proceso de escarnio público: el hombre es computado automáticamente como asesino, añadiéndole además las motivaciones del odio de género.
La prisa para meterlo en la estadística se entiende: hay mucha pasta en juego, y mucha foto y mucho voto, pero esto debería tener una respuesta. Los que públicamente trataron de asesino a este hombre deberían pagar, no en crédito profesional, que no tienen ninguno, sino de otra forma.
Al negacionismo periodístico (el suyo sí) de toda violencia que desbarate su propaganda, hay que añadir la difamación sistemática de ciudadanos indefensos en connivencia con el poder político.
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