LLUÍS SEGUÍ/PAGINASDIGITAL.ES
En primer lugar se trata de una propuesta realista: la educación, en Cataluña, no funciona. Tanto los resultados de los informes externos –PISA, etc.- como los de los estudios locales –Fundació Jaume Bofill- muestran una situación alarmante: Cataluña está en la cola de los resultados en educación. Y aunque no se apuntan causas, a nadie se le escapan los motivos principales: la mentalidad asamblearia que ha nivelado por abajo la calidad y destrozado la autoridad, sea cual sea la teoría pedagógica en que se sustente. Es por esto que el proyecto de la nueva ley –la primera que Cataluña puede desplegar en función de las competencias que le confiere el Estatut- de algún modo responde a la realidad: más autonomía para los centros, más autoridad para los directores, más estabilidad para el sistema educativo, etc. Sin duda, se ha tomado nota de algunas de las principales reivindicaciones que la comunidad educativa ha estado apuntando durante los últimos 15 años. Y a pesar de la precipitada contestación de la escuela pública a través de sus sindicatos –convocantes de la huelga-, se percibe en la Conselleria la suficiente firmeza y convencimiento para acometer una reforma tan necesaria.
Pero lo que sorprende, además de lo que dice, es lo que silencia. Ninguna referencia a las causas de la situación que se afronta ni propuesta pedagógica alguna. Y esto no tiene por qué ser malo si, como parece, los centros tendrán autonomía para trabajar y serán evaluados externamente. Los mejores se llevarán el gato al agua. Para venir del PSC no está mal, ya que se aparta del clásico discurso sobre la igualdad y el déficit de financiación.
Una ley para el catalanismo
Quizás lo que más sorprende sea lo que dijo el conseller cuando presentó el documento en el Congreso de la FAPEL, el 16 de febrero. Después de defender la legitimidad de la escuela concertada –cosa que en el ambiente es de agradecer-, dijo que la ley debía contribuir a formar ciudadanos para el país, y que así ayudaría al país a construir su futuro y su sistema de valores. Esto es lo preocupante. La nueva –y primera- Ley Catalana de Educación no nace de una tradición, sino de un proyecto político muy claro y definido: el catalanismo. Las referencias al país y a la lengua catalana fueron muy numerosas durante la intervención de Ernest Maragall. Y lo más grave es que parecía que el aforo, mayoritariamente la escuela concertada católica, estaba de acuerdo. Excepto el PP i Ciutadans , los demás no protestaron. Una llei per a un país, fue el punto central que hábilmente manejó Maragall para no entrar en temas más comprometidos.
Por otra parte, y aunque se puede discutir mucho de temas importantes como la financiación, el reconocimiento del profesorado, la necesidad de la disciplina en los centros, la garantía de la libre elección de centro, etc. -todo ello muy positivo y en cierto sentido “novedoso”-, lo fundamental a mi juicio es lo que falta: el significado. En ningún lugar aparece referencia alguna al significado como centro de la educación; es más, no aparece ni como una cuestión accidental o secundaria.
