De acuerdo con ciertos estudios, el número de españoles afiliados a partidos políticos no supera el millón y medio. Cifra optimista (desde el punto de vista de los partidos), porque el Ministerio de Hacienda sólo registra poco más de noventa y cinco mil contribuyentes que manifiestan pagar cuotas a alguno cuando realizan su declaración del impuesto de la renta de las personas físicas, cada año.
Sea como fuere, aun aceptando los datos más optimistas, estas cifras demuestran el poco arraigo que los partidos políticos tienen entre los españoles. Sin embargo, pocos dudan de su utilidad en el juego democrático; pues, de momento, mientras no seamos capaces de inventar algo mejor, los partidos son el instrumento por medio del cual se articula la representación política en sus distintas vertientes ideológicas.
No obstante, los partidos que fueron concebidos por nuestra Constitución como instrumentos para la participación política (artículo 6) se han convertido en un fin en sí mismos y parecen haber secuestrado la participación y el interés público de los españoles. Incluso algunos militantes se sienten excluidos del debate político porque sus organizaciones no los tienen en cuenta, a veces, ni para pagar la cuota, pues los conservan como afiliados a pesar de no contribuir siquiera con un euro. De ahí la disparidad entre el número de afiliados que los partidos manifiestan tener y la cifra que registra cada año el Ministerio de Hacienda en las declaraciones del IRPF.
De manera que urge rescatar la democracia de los partidos políticos, devolviendo a los ciudadanos su capacidad de decidir. Por ello, me gusta la propuesta que realizó el presidente de Vox en el Viva 22 hace algunas semanas. Propuesta en la que propugna la celebración de referendos, donde se pregunte a los españoles sobre cuestiones políticas de especial trascendencia, tal y como prescribe el artículo 92 de la Constitución Española.
La Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum posibilita que las consultas a los ciudadanos se puedan realizar respecto de distintos ámbitos territoriales. Principalmente el nacional y el autonómico, que son los que de modo expreso menciona, aunque no descarta el provincial ni el municipal.
Las condiciones para la celebración del referendo son en extremo duras, por requerir que la propuesta sea realizada únicamente por el presidente del gobierno y aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Me hubiera gustado que un grupo parlamentario suficientemente numeroso también tuviese la potestad de hacer la propuesta de referendo, aunque al final debiera ser aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados (pues la Constitución no dice que necesariamente haya de ser absoluta). Sin embargo, el tenor literal del artículo 92 de la Constitución y la ley orgánica que lo desarrolla no lo permiten.
Queda reservada la posibilidad de hacer la propuesta únicamente al presidente del gobierno. Si bien, me pregunto, qué tipo de imagen tendría un presidente del gobierno reticente a la convocatoria de un referéndum sobre alguna cuestión de especial relevancia para los ciudadanos, instada por un grupo parlamentario importante del Congreso de los Diputados, si no fuera capaz de expresar un motivo bastante convincente para no convocarlo. Y qué opinión podrían llegar a tener los españoles de ese mismo presidente del gobierno si con reiteración se negase a convocar referendos, sobre cuestiones verdaderamente importantes, alegando como único pretexto el que para resolver ese tipo de cuestiones ya están los partidos políticos que forman parte del Congreso de los Diputados y del Senado. Un presidente del gobierno que se comportase así tarde o temprano terminaría por parecer una especie de secuestrador de la democracia (de la verdadera democracia) a los ojos de los españoles. Y lo mismo se podría pensar respecto de los grupos parlamentarios que con pertinacia mantuvieran una actitud obstruccionista a la celebración de los mismos referendos, impidiendo que los españoles pudieran manifestar su parecer de manera directa sobre cuestiones de especial transcendencia.
Como es lógico, no se debe abusar de los mecanismos constitucionales y menos de uno tan particular como el referéndum. Y tampoco adoptar posiciones demagógicas (y fraudulentas), propias de independentistas catalanes. Como dijo Abascal, hay decisiones de especial relevancia que afectan al presente y al futuro de los españoles que no se pueden dejar al criterio ideológico u oportunista de la mayoría parlamentaria de turno. La capacidad energética, la educación y formación de las diversas generaciones, la independencia de los jueces, la manera en la que España debe formar parte de los organismos internacionales y otros que irán surgiendo, son asuntos de suficiente enjundia como para que los españoles puedan manifestar su parecer sin intermediarios.
Se puede y se debe devolver el protagonismo político a los españoles. Son demasiados los entes que están tomando decisiones que nos son impuestas en los que se vislumbran enormes déficits democráticos. La ONU, la Unión Europea, la OTAN, la OMS, el gobierno, el Congreso de los Diputados (tal y como han puesto de manifiesto las sentencias del Tribunal Constitucional) y los gobiernos autonómicos han tomado el poder y dado muestras de ser capaces de ejercerlo despóticamente. Parece como si hubiéramos retrocedido algunos siglos y vuelto al despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
España debe decidir y la soberanía nacional no debería ser escamoteada por nadie desde dentro ni desde fuera de la nación. Algo mal estamos haciendo cuando permitimos la subversión que significa que los partidos políticos determinen las cosas no en nombre sino en lugar de los ciudadanos.
Comentarios