El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una reforma de la Ley de Memoria Histórica que pretende establecer una versión única de la historia a la vez que el castigo judicial de cuanto español pretenda disentir de esa versión. Es una imposición que proviene de la izquierda más revanchista, pero que contará con el apoyo de Ciudadanos, que ya ha anunciado que apoya el nuevo texto, y con la abstención del PP, que nuevamente se sumerge en su abstención cómplice.
El articulado del nuevo proyecto legal sobre la memoria histórica tipifica como delito el enaltecimiento de la labor política del franquismo, así como la oposición a los dictados de la nueva ley que se pretende aprobar. Así, se considerará “apología franquista” destacar por ejemplo los logros del régimen anterior en cualquier campo. Sostener que, con la creación de la Seguridad Social por parte de Franco, España experimentó un notable progreso social, o defender que las universidades populares respondieron al interés del régimen franquista de propiciar la integración universitaria de los hijos de los trabajadores, podrían convertirse en sendos pronunciamientos delictivos. Respecto a cuál sería la tipificación por identificar el desarrollo de la industria turística española con los ministros de Turismo nombrados por Franco, se espera que Rivera nos lo aclare pronto.
La ley socialista apoyada por Ciudadanos pretende exhumar a Franco del Valle de los Caídos y apropiarse de este monumento, construido en honor a todas las víctimas del conflicto.
Para ello propone ‘reconvertirlo’ en un “centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.
Si se aprueba la reforma, el 31 de octubre pasará a ser reconocido como día de recuerdo y homenaje a las víctimas en recuerdo del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada en en el Congreso y el Senado la Constitución del 78.
Además, se pondrán placas en aquellos lugares que se hayan cometido crímenes de guerra, según los expertos escogidos por PP, PSOE, C´s, Unidos Podemos, etc. Asimismo se endurecerán las sanciones a quienes no retiren los símbolos franquistas como se indica en la actual ley.
Se incluiría en el currículo de todas las edades la memoria democrática y se promocionaría la investigación sobre la represión franquista
También se obliga al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, así como a la formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la “represión franquista”.
Por otra parte, la ley insta a los medios de comunicación públicos, a promocionar “el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia” y dando difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica.
En lo que respecta a las medidas represivas contempladas por la nueva ley socialista que apoyan los de Rivera, se impondrán multas de 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.
De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.
De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.
También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.
Se contemplan asimismo penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica
En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.
Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.
Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.
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