La Mesa del Congreso de los Diputados admitió hace unos días la proposición de ley de Libertad de Elección Lingüística presentada por la asociación “Hablamos español”, para su tramitación como Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Agrupadas en la Plataforma Hablamos Español (http://hispanohablantes.es/) las asociaciones promotoras, Galicia Bilingüe, la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana o Padres de Escuelas Infantiles de Pamplona, cuentan con el apoyo de otras muchas entidades, como Sociedad Civil Catalana, Somatemps, Círculo Cívico Valenciano, Fundación Gustavo Bueno, Fundación Villacisneros, Libre Elección de Lengua (Baleares) o Salvar el Archivo de Salamanca.
Desde los años 80 del siglo XX, los nacionalistas han impuesto en los territorios donde mandan, con variantes, una especie de apartheid lingüístico consentido por todos los partidos que han gobernado España desde la Transición.
Es usted, lector, quien financia con sus impuestos un régimen lingüístico que margina a los hispanohablantes y hace que muchos se sientan extranjeros en su tierra. Es usted quien paga la máquina burocrática que se ha creado para eliminar de la vida pública todo lo que tenga que ver con el español. Ningún político le ha preguntado si quería que su dinero se gastará en esto porque su papel en la farsa es pagar, obedecer y callar.
Si cree que ya es hora de decir basta, aquí tiene una oportunidad para hacerlo.
El español está amenazado en España
A grandes rasgos, la situación que denuncia la Plataforma es la siguiente:
· El uso del español en ámbitos oficiales (enseñanza pública, relaciones con la Administración, políticas culturales) está prohibido o restringido Cataluña, el País Vasco Baleares, la Comunidad Valenciana y Galicia.
· Se impide u obstaculiza a los hispanohablantes el acceso a empleos públicos, a la enseñanza en español y a las políticas culturales promovidas por las Administraciones. Los niños y adolescentes suelen tener peores resultados académicos que los hablantes de la lengua cooficial.
· Existe una ingeniería social apenas disimulada tras las políticas lingüísticas nacionalistas. El objetivo es convertir a los hispanohablantes en un grupo social inculto y pobre que debe acostumbrarse a la marginación desde la escuela.
Por Comunidades Autónomas, en Cataluña la única lengua vehicular es el catalán en todas las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En enseñanza obligatoria, el español se enseña sólo dos horas semanales como asignatura, una hora menos que el inglés. En literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística, premios y certámenes, sólo se potencia la cultura en catalán desde todos los ámbitos oficiales. En la Administración autonómica, la rotulación, comunicaciones, cartelería, publicidad institucional es monolingüe en catalán y la comunicación en español exige petición previa.
En el País Vasco, las políticas de imposición del monolingüismo en euskera se dirigen sobre todo a los niños. En la enseñanza, el modelo A, con el español como lengua vehicular, está desprestigiado y crea guetos de alumnos desestructurados. Se ha generalizado el modelo D (con todo el currículo en euskera) en zonas hispanohablantes, con la eficaz intervención de agentes sociales (grupos de padres y sindicatos nacionalistas) que actúan como comisarios políticos. Literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística dirigidas a los niños están solo en euskera, al igual que los premios literarios subvencionados.
En Galicia, gracias sobre todo a la Xunta, la imposición del gallego a los hispanohablantes se ha convertido en un negocio muy lucrativo para determinados grupos de presión que se enriquecen con toda clase de subvenciones (para edición y traducción, compra de libros para las bibliotecas públicas, aunque los lectores no los demanden; obras audiovisuales, premios, charlas y conferencias, presencia en la cultura “oficial”). La libertad lingüística amenaza sus intereses. Piden más dinero, difaman a los defensores de la libertad de lengua o crean plataformas a favor de la imposición.
En la Comunidad Valenciana, la Generalitat catalana gasta cientos de miles de euros al año para fomentar la cultura y la lengua catalana. Las organizaciones pancatalanistas, defensoras de las tesis soberanistas e independentistas del nacionalismo catalán en esta Comunidad, reciben ahora numerosas ayudas de la propia Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y de los ayuntamientos gobernados por el PSPV, Compromís y Podemos.
En las Islas Baleares, el Círculo Balear ha realizado un seguimiento de las actividades de las asociaciones pancatalanistas y denunciado el trato de favor del Gobierno a estas las asociaciones en el reparto de subvenciones públicas. Mientras los bancos de alimentos agotan sus existencias, subvencionan con millones de euros públicos a organizaciones cuyos fines son anticonstitucionales. La prioridad es financiar con el dinero de todos los ciudadanos un fanatismo nacionalista que no es compartido por la mayoría de la sociedad.
La situación española no tiene igual en ningún país del mundo. En aquellos donde se hablan dos o más lenguas, la enseñanza pública y las relaciones con los poderes públicos se basan en el principio de libre elección por los ciudadanos. En Finlandia, que posee uno de los mejores sistemas educativos, los padres pueden elegir como lengua vehicular el sueco o el finés. En Irlanda, que ha alcanzado una notable prosperidad económica en los últimos años, se puede optar entre el inglés y el gaélico.
¿En qué consiste la proposición de ley?
Su punto de partida es el artículo 3 de la Constitución Española:
1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2.-Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
El artículo 1 de la proposición declara que el castellano es lengua oficial en todo el territorio español y que las demás lenguas de España podrán ser también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas si así lo disponen sus Estatutos de Autonomía. Teniendo esto en cuenta, la ley pretende garantizar:
1º) El derecho de los padres a elegir la lengua en que quieren sean instruidos sus hijos menores y el de los estudiantes mayores de edad aquella en la que desean cursar estudios, incluidos los universitarios.
2º) El de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones en la lengua que elijan.
3º) Que el desconocimiento de la lengua cooficial de una Comunidad Autónoma no impida a cualquier ciudadano español acceder al empleo público en ella, salvo excepciones (por ejemplo, profesores de esa lengua).
4º) La libertad de empresas y entidades no pertenecientes al sector público para utilizar la lengua que deseen en la prestación de sus servicios o en sus relaciones con los clientes.
5º) La presencia del español en la información y señalización dependiente de las Administraciones: cartelería, impresos, formularios, información general deberán ser bilingües en las Comunidades donde exista otra lengua oficial.
6º) En cuanto a las subvenciones, como regla general, no se podrá condicionar su concesión al uso de una determinada lengua, excepto cuando se trate de actividades relacionadas con su uso o promoción el en ámbito cultural y artístico, siempre que no se excluya de su concesión el uso de la otra, a la que debe reservarse al menos un tercio de su cuantía. Las ayudas para creadores serán concedidas en igualdad de condiciones a los de ambas lenguas.
¿Otra ley más?
No es casualidad que un gran lingüista, Rafael Lapesa, escribiera hace casi treinta años: “Lo que sucede hoy –y mi responsabilidad de intelectual me obliga a denunciarlo– es que estamos asistiendo a un calculado intento de desintegrar España.”[1]
Tenía razón porque el nervio de la Nación española, su más poderoso vínculo, es la lengua. Los separatistas saben que el arma más eficaz para destruirla es la persecución de los hispanohablantes y la exclusión del español de todos los ámbitos de la vida social.
Algún lector se preguntará, con razón, para qué queremos otra ley si en cuarenta años los políticos han sido incapaces de cumplir un artículo de tres líneas.
Esta es la verdadera cuestión. Más allá de lo estrictamente jurídico, la iniciativa de “Hablamos español” tiene trascendencia política. Puede ser un medio para que los españoles conozcamos la realidad del acoso a nuestra lengua común y un cauce de expresión en defensa de los hispanohablantes. El adoctrinamiento ideológico en las escuelas catalanas se sabía desde hace muchos años, pero solo ahora el pueblo está empezando a reaccionar. Reaccionemos también contra este absurdo al nos han llevado los separatismos alentados por la pasividad, cuando no la abierta complicidad, de quienes gobiernan en Madrid.
Es necesario crear una opinión pública favorable a la libertad lingüística tan firme como la que se han manifestado a favor de la unidad del país. Defender los derechos de los hispanohablantes es otra forma de defender a España.
¿Cómo participar?
Plataforma “Hablamos Español”:
http://hispanohablantes.es/nace-hablamos-espanol.php
¿A quién beneficia la imposición de lenguas en España?
http://hispanohablantes.es/quien-beneficia-imposicion-lenguas.php
Cómo participar en la Iniciativa Legislativa Popular:
http://hispanohablantes.es/como-puedes-ayudar.php
Entrevista de César Vidal a Ernesto Ladrón de Guevara, portavoz de la Asociación Hablamos Español: http://www.cesarvidal.com/index.php/Podcast/escuchar-podcast/entrevista_a_ernesto_ladron_de_guevara_10_11_17
[1] Lo recordaba Santiago Navajas hace unos días: http://www.libertaddigital.com/opinion/santiago-navajas/destruir-el-espanol-desintegrar-espana-83566/
