Asistimos patidifusos, con el gobierno del estado de excepción como único protagonista, a una auténtica damnatio memoriæ o condena a la memoria efectuada sin ningún tipo de filtro y con el objetivo único de enterrar, por siempre, aquello que incomoda, molesta o increpa al gobierno de turno. En otras palabras, el uso de la censura como mecanismo social de la opinión pública.
La damnatio memoriæ es una práctica milenaria, pues ya era practicada en Roma, donde el recuerdo de un enemigo del Estado era condenado a desaparecer. Consistía esta en la eliminación de todo lo que recordase al enemigo de turno, desde imágenes o monumentos hasta su propio nombre. Domiciano, Publio Septimio Geta y Maximiano sufrieron oficialmente esta práctica.
Más cercano en el tiempo, tenemos el ejemplo de la Unión Soviética de Stalin, quien desde 1934 hasta 1953 tuvo por costumbre aplicar la condena a la memoria contra los enemigos políticos, eliminando sus nombres de la prensa, libros y cualquier registro histórico. ¿Quién no ha visto en cualquier libro las fotografías retocadas por el tirano soviético? Trotsky, Bujarin o Zinoviev sufrieron alguna de las víctimas.
Roma, la URSS…, quizás suene lejano, pero son solo dos ejemplos de regímenes autoritarios donde se castigaba no solo con la vida, sino con el recuerdo, a todo elemento contrario o subversivo al poder oficialmente establecido.
Por desgracia, el ejemplo fehaciente de todo lo anterior lo encontramos en nuestra querida España que, en el artículo 20 de la su Carta Magna dice lo siguiente:
1.Se reconocen y protegen los derechos:
- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…)
Como sabemos, es un artículo que carece de toda validez en un Estado secuestrado y en proceso de convertirse en un régimen chavista. Ahí van algunos ejemplos.
Todo empezó con el artículo 15.1 de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, donde se dice que: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. El gobierno social-comunista atenta frontalmente contra la libertad de información de los medios. Incluso se han erigido estos meses como adalides de la verdad, acusando directamente a personalidades de Vox o el PP de promover bulos e informaciones falsas sobre el Covid19. Lejos de esto, inyectan 15 millones de euros a TV privadas, principalmente propiedad de Mediaset y Atresmedia después de saquear a los autónomos en un mes negro.
¿Qué decir de Newtral? Según su página web, se dedican a hacer fact-checking, desmienten noticias falsas y cuentan historias que importan. La pregunta es, ¿a quién le importa? Al gobierno de turno. Todo aquello que vaya contra él, es inmediatamente eliminado, condenado al olvido. En busca del pensamiento único, a la manera del Ojo que todo lo ve que describe Orwell en 1984, los que no pensemos o sintamos como ellos, pasamos a formar parte de su lista negra. O roja y morada, vayan ustedes a saber.
Por último, no hemos de olvidar la anulación del Portal de Transparencia del gobierno de España aprovechando, nuevamente, el estado de alarma.
Han creado la Policía del Pensamiento, el Ministerio de la Verdad, los “dos minutos de odio” tienen su símil en la actuación de las multitudes digitales favorables a un gobierno que, como el Gran Hermano, todo lo ve.
Solo nos queda aguantar e intentar no sucumbir a la tortura confesando que “dos más dos es igual a cinco” o, lo que es peor, que el gobierno de turno es el menos malo de los posibles.
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