El pasado 4 de mayo, la policía detuvo en Cataluña al disidente ucraniano Anatoly Sharí, que en YouTube tiene casi tres millones de seguidores. El partido político (“Sharí”) que éste fundó en Ucrania y con el que en las elecciones de 2019 obtuvo algo más del 2% de los votos y en las municipales de 2020 varias concejalías y cargos locales, fue ilegalizado por Kiev en marzo de este año junto con otros 10 partidos de la oposición.
Un día después de la detención de Sharí en Cataluña, Julio Ariza escribió lo siguiente en su cada vez más popular canal de Telegramm: “¿Desde cuándo la disidencia es delito? En Ucrania, sí, tras el golpe de Estado de 2014. Es una vergüenza que lo hayan detenido en España. No habrá extradición, claro, y pronto estará libre, pero que la policía tenga estas órdenes es una vergüenza…”. [En el día de hoy, y atendiendo a la premonición del autor, el juez ya lo ha puesto, en efecto, en libertad. N. de la Red.]
Juiciosas palabras, las de Julio Ariza. Las suscribo. Sorprende, en efecto, que un opositor extranjero sea detenido en España por sus opiniones como disidente, por mucho que lo solicite el país que sea. “Usar mecanismos internacionales de detención para procesamientos políticamente motivados es una práctica equivocada”, afirmó recientemente el gobierno de Lituania cuando Rusia pidió la extradición de un socio del opositor Navalny. ¿Por qué, entonces, varas de medir distintas en función de quién pida la extradición? Suena raro, ¿no?
Pero todavía más llama la atención un dato que poco después ha transcendido: el abogado que en España se hará cargo de impedir su extradición a Ucrania (ejemplar Estado de Derecho, como es sabido, donde a Sharí le aguardaría la atroz suerte que fácilmente es imaginable) es un tal Gonzalo Boye. Sobre el que, entre otras cosas, en Internet se lee lo siguiente:
- Propenso a casos polémicos y mediáticos, ha participado en la defensa de egregios y universalmente reconocidos hombres de Estado como Puigdemont o Quim Torra, por ejemplo.
- Defensor de causas perdidas (es decir perdidas en los tribunales casi todas) de notorios benefactores de la Humanidad como Sito Miñanco, o aquel condenado “progresista” de las patadas mortales a quien llevaba la bandera de España en los tirantes, o el en su día famoso y ahora ya casi olvidado Snowden, aficionado a airear a cuatro vientos secretos de Estado, o ese pintoresco rapero, más reciente, reconocido experto en injuriar en público al rey de España.
- Compulsivo litigante habitual, da igual si contra el gobierno de Aznar por el 11–M o contra Bárcenas; lo mismo da si contra altos cargos de EEUU o de Israel, o contra quien sea. O la última: personarse en la acusación contra los guardias civiles en Ceuta que cumplían con su deber de defender a España.
- Ah, casi lo olvido: Condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por colaboración con ETA a bastantes años de cárcel, donde según parece estudió Derecho.
Y ahora, válganos Dios, abogado del disidente ucraniano Sharí. ¡Qué raro! Misterio. Salvo el evidente afán de notoriedad del tal Boye, algo no cuadra en todo esto. Misterio. ¿Quién está aconsejando a Sharí? Aquí hay algo raro. Pero tarde o temprano se sabrá qué es. Y si no, quien quiera puede indagar en los tentáculos y entramados de diversas oenegés de subvención estatal y variopintos chiringuitos que reciben ayuda de las entidades controladas por… ¡Soros! Y ahí se resuelve el misterio. O parte de éste.
Luis Fraga fue senador por el PP (partido al
que sigue afiliado) durante 21 años: 1989-2011
© Rebelión en la granja
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