GREGORIO IRIARTE
Creo que en estas dos palabras, indigenismo y separatismo, se pueden resumir todas las más graves tensiones que vive actualmente nuestro país. Por un lado tenemos los numerosos artículos de la Nueva Constitución Política, aprobada en Oruro, claramente indigenista y, del otro, algunos Estatutos Autonómicos, como el de Santa Cruz, con claras connotaciones federalistas y separatistas.
El fundamentalismo indigenista y el fundamentalismo autonomista.
La palabra “fundamentalismo” hace referencia a actitudes y propuestas impositivas y sectarias de ciertos grupos ya sean políticos, religiosos, culturales o regionales.
Si analizamos serenamente la Nueva Constitución vemos que, en efecto, no solo favorece a los indígenas, tan gravemente explotados, marginados y excluidos, a lo largo la historia (cosa que sería justa , legítima y necesaria), sino que tiene características de un “fundamentalismo indigenista,” es decir, separatista y exclusivista. Fracciona al país, dando origen a una especie de “feudos” sin organicidad nacional. Si analizamos el Estatuto Autonómico de Santa Cruz llegamos a la misma conclusión. El Estado dejaría de ser dueño de los recursos naturales ya que se privilegia lo indígena sobre lo nacional, lo particular sobre lo general y lo regional sobre lo colectivo.
Tanto los Pueblos Indígenas como los promotores de los Estatutos Autonómicos Departamentales quieren tener la propiedad exclusiva de sus recursos naturales, desconociendo o anulando los derechos del Estado. En el fondo este es del problema y el gran desafío nacional. Es evidente que detrás (o delante) de todo esto, están las ambiciones de pequeños grupos con gran poder, tanto económico como político.
Las 36 Autonomías Indígenas tendrán el mismo nivel y las mismas prerrogativas de las otras autonomías, es decir, la autonomía Departamental, Regional, Provincial o Municipal. Las Autonomías Indígenas serán totalmente independientes de las otras autonomías.
El proyecto de la Nueva Constitución aprobada en Oruro otorga a los pueblos indígenas aquello que el Estatuto Autonómico Santa Cruz y otros Departamentos desean para sí: poseer y explotar como bien propio y exclusivo los recursos naturales renovables y no renovables del propio territorio. Al Estado se lo toma como un mero colaborador. Eso significa desconocer y anular el concepto y la naturaleza misma del Estado. Sin embargo, lo que Bolivia necesita es fortalecer al Estado y a las instituciones fundamentales que lo garantizan. El tratar de poner a un departamento o a una región o una autonomía indígena sobre el Estado es avanzar peligrosamente hacia la destrucción del mismo Estado. Es dar luz verde a una serie de “republiquetas y crear un “puzzle” en vez de un país.
Esta es la gran amenaza y si no hay una decisión firme y decidida, tanto del Gobierno, como de las autoridades departamentales y de los dirigentes de los pueblos indígenas, estamos condenados a seguir el camino de Yugoslavia, una gran nación que ha llegado a desintegrarse totalmente ante los ojos sorprendidos del mundo.
¿Es viable lo organización territorial que nos propone la Nueva C.P.E….?
El artículo 30 en su inciso 17 dice que “las naciones y pueblos indígenas originario campesino (sic) gozan del derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Quiere decir que podrán explorar con gestión exclusiva los bosques y todos los recursos forestales, así como todos los recursos agrícolas.
Se les ofrece en bandeja un argumento a los promotores de los Estatutos Autonómicos más antinacionales: cuanto menos Estado, mejor. Las autonomías fundamentalistas no van solo contra la centralización absorbente sino contra la vigencia de un Estado Nacional, expresión y la garantía de la unidad nacional. Lo que en el fondo buscan los Estatutos Autonómicos más radicales, como el de Santa Cruz, es el ser dueños exclusivos de los recursos naturales. ¡Quien ha dado el primer paso, tan peligroso, en ese sentido, ha sido la Nueva C.P.E.!
Pero más allá de lo que se ha legislado hay que mirar si el cambio territorial que se nos propone la nueva C.P.E. es factible o no lo es.
Creemos que es difícil, por no decir imposible, el poder articular esas cinco distintas autonomías en forma armónica y equilibrada. Tememos que se constituya en un verdadero rompecabezas, ya que se da una superposición de autonomías con doble o triple pertenencia.
¿Se podrá territorializar lo cultural…?
Por otro lado, una de las identidades más fuertes que se da en Bolivia, como en otros muchos países, es la Departamental: “Yo soy potosino; yo soy orureño; yo soy cochabambino”… La gente se identifica con su Departamento de origen. No es difícil prever que cuando se quiera seccionar y separar a un área de cualquiera de los Departamentos, que sus habitantes se opongan a ello, sin distinción de razas o color político. Creen, y con razón, que se les está sustrayendo algo que es propio de su identidad. Lo mismo puede pasar a nivel municipal.
Pero, quizás, la dificultad mayor sea que las etnias más importantes no están territorializadas, como lo vemos en los pueblos Aymaras o Quechuas, mayoritariamente presentes en diversidad de Departamentos y municipalidades. El pueblo Guaraní, por ejemplo, está presente en el Departamento de Santa Cruz, pero está también en el de Chuquisaca, ¿se va a poder lograr que los guaraníes chuquisaqueños dejen de ser chuquisaqueños….?
Es muy difícil territorializar lo cultural, sobre todo cuando las personas y los grupos están entremezclados. Habrá que ver, por otro lado, hasta qué punto un grupo o una persona es indígena o es mestizo. Es muy probable que la gente opte, lógicamente, por aquello que más le convenga, tanto en lo económico como en lo social, relegando las opciones de tipo cultural.
Ni con la urnas ni con las armas.
Algunos, tanto del Gobierno como de la oposición, piensan que, frente a las tensiones y amenazas presentes que lo más conveniente es el poner en marcha los distintos referendos. Según nuestro parecer, los referendos no solucionarán absolutamente nada ya que no tocan el problema de fondo. Que sea éste u otro prefecto o que el latifundio llegue a 5.000 o a 10.000 Ha… nada tienen que ver con los peligros divisionistas que amenazan al país.
Si no hay un diálogo, franco, abierto y total, no se evitará el que el país avance, ciegamente, hacia una creciente confrontación que, lamentablemente, puede llevarnos al divisionismo y la fragmentación.
Pasar de la confrontación a la complementariedad.
La primera y principal responsabilidad de quienes están constituidos como autoridad, tanto a nivel gubernamental, como quienes lo están a nivel departamental o frente a los Pueblos Indígenas, es la de velar, ante todo y sobre todo, por la unidad del nacional. Esta es su primera e ineludible obligación.
Frente a los negros nubarrones que, actualmente, se ciernen sobre el país, su unidad presente y futura se logrará solo a través de un auténtico diálogo que logre pasar a los grupos en conflicto, desde las trincheras de la confrontación a actitudes de pacífica convivencia ciudadana. La democracia significa, no uniformidad, sino concertación ante la diversidad de ideologías e intereses. El país tiene por delante el gran reto de vivir juntos siendo tan diferentes… Para ello, es necesario armonizar los valores autonómicos con la unidad del país.
