O dicho en otros términos: por lo que a la libertad se refiere, en todas partes cuecen habas…
Francia sigue siendo, vista desde España, o más aún desde Buenos Aires o Santiago de Chile, la patria de la libertad. Es la nación de 1789, de los panfletos insolentes, de las barricadas y del ciudadano que le hace frente al poder con una proclama en la mano. En el imaginario europeo, el francés lleva la rebeldía en la sangre, así como el gaucho llevaba el facón en la cintura: no necesariamente para emplearlo, sino para recordar que no estaba inerme.
Esa Francia pertenece ya, en buena medida, a la leyenda. La Francia real se ha convertido en un país donde la palabra liberté permanece grabada en el frontispicio de las alcaldías mientras la libertad concreta retrocede, palmo a palmo, ante un ejército de jueces, autoridades administrativas, asociaciones subvencionadas y comités de vigilancia. Nadie la suprime abiertamente. Se la reglamenta, se la «modera», se la rodea de salvedades y guardianes hasta dejarla reducida a una puerta pintada sobre un muro.
El último episodio de esta mudanza concierne a Franz-Olivier Giesbert, conocido periodista y antiguo director de varios grandes semanarios franceses de izquierdas. La noche del 22 de marzo de 2026, mientras comentaba en CNews los resultados de las elecciones municipales, declaró que no le gustaría «ser judío en Roubaix» y que los últimos integrantes de la comunidad judía de esa ciudad probablemente acabarían marchándose.
Roubaix es una antigua ciudad textil del norte de Francia, situada en la vieja Flandes española, una tierra de fábricas, campanarios y fronteras movedizas. Su composición demográfica y religiosa ha cambiado profundamente en las últimas décadas. La antigua sinagoga cerró, el culto judío organizado desapareció a comienzos de los años 90 y, en 2015, un dirigente regional de la comunidad estimaba que apenas quedaban cinco o seis familias judías.
En marzo de 2026, la alcaldía fue conquistada por David Guiraud, figura de La Francia Insumisa, el partido de izquierda radical encabezado por Jean-Luc Mélenchon. Guiraud se ha distinguido por su compromiso con la causa palestina y ha sido acusado en repetidas ocasiones por sus adversarios de fomentar un clima hostil hacia los judíos. La opinión de Giesbert podía parecer brutal o exagerada; no había brotado, sin embargo, de un páramo sin hechos.
La Arcom, Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital, reprochó a CNews que sus palabras no hubieran sido «contradichas o puestas en perspectiva» en el mismo plató. Según el organismo, tampoco se apoyaban en elementos suficientemente documentados. El apercibimiento no fue pronunciado por un tribunal contra Giesbert, sino por una autoridad administrativa contra la cadena. El matiz jurídico no disipa la gravedad política del precedente: un funcionario invisible pretende ahora sentarse en cada plató para decidir qué opinión debe refutarse antes de que termine de resonar.
La reacción fue clamorosa. Giesbert agradeció con sorna a la Arcom aquella «condecoración» y denunció a la «policía del pensamiento». El escritor Alexandre Jardin afirmó que se había cruzado una línea roja. En Le Figaro, diario de la derecha liberal y de la burguesía acomodada, el filósofo Luc Ferry invocó a Orwell, mientras Jean-Éric Schoettl, antiguo director general del organismo que precedió a la Arcom, advirtió que la regulación audiovisual estaba convirtiéndose en una mordaza.
Todos ellos tienen razón. Lo descubren, empero, con esa lucidez tardía que asalta al pasajero cuando el agua ya lame el umbral de su camarote.
Durante años, buena parte de los liberales franceses aceptaron, y a veces celebraron, las restricciones impuestas a quienes se encontraban a su derecha. Los procesos judiciales, la clausura de cuentas digitales, la prohibición de conferencias y la persecución profesional les parecían saludables mientras afectaran a nacionalistas, identitarios o periodistas marcados con el hierro candente de la «extrema derecha». Se suponía que aquellas gentes algo habrían hecho para merecer su suerte.
La censura fue sucesivamente rebautizada como moderación, vigilancia, lucha contra el odio y defensa de la democracia. El liberalismo imaginó haber domesticado a la bestia. Creyó que podría soltarla contra sus enemigos y volver a llamarla al canil con un silbido. Ahora descubre que el animal no reconoce la voz de sus antiguos amos.
Carl Schmitt explicó que la neutralización aparente de la política no elimina la decisión: solamente entrega el poder a quienes definen las categorías de lo permitido. Alain de Benoist señaló, por su parte, que el liberalismo sueña con reemplazar los conflictos políticos por procedimientos técnicos y discusiones razonables entre individuos abstractos. La Arcom representa el desenlace burocrático de esa quimera. Cuando la realidad se niega a entrar en el molde, la administración no rompe el molde: amonesta a la realidad.
En la Francia contemporánea no se ordena callar de frente. El procedimiento es más fino y, por eso mismo, más temible. Se permite hablar, siempre que otro contradiga de inmediato lo dicho. Se tolera la opinión, a condición de escoltarla con la «puesta en perspectiva» correspondiente. Se declara adulto al ciudadano y, al instante siguiente, se lo coloca bajo la tutela de funcionarios encargados de impedirle sacar conclusiones inconvenientes.
España contempla todavía a Francia a través del vitral de 1789. Desde lejos se distinguen la bandera tricolor, la Declaración de los Derechos Humanos y la silueta romántica de las barricadas. Al acercarse, se advierte que el vitral está rajado y que, detrás de sus colores, se perfila un país cada vez más vigilado, donde las libertades se marchitan entre circulares administrativas.
Las protestas de los liberales son legítimas. Su estupor lo es bastante menos. Durante años alimentaron una censura que creían reservada a sus adversarios; hoy derraman lágrimas porque la sienten golpear a su puerta. El monstruo no los ha traicionado. Se limita a obedecer la naturaleza que ellos mismos le dieron.
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