La prensa popular inglesa conserva, de vez en cuando, una virtud que buena parte de la prensa continental ha perdido: llama a las cosas por su nombre antes de embalsamarlas en un editorial de sacristía progresista. Hace unos días, el Daily Mail publicó una investigación notable sobre una unidad discreta del Ministerio del Interior británico, la Research, Information and Communications Unit, RICU, encargada de intervenir en situaciones socialmente explosivas cuando un crimen cometido por un inmigrante, un solicitante de asilo o un extremista islámico amenaza con romper la superficie, ya muy quebrada, del multiculturalismo británico.
El nombre parece inofensivo: Unidad de investigación, información y comunicación. Podría ser el despacho gris de cualquier subsecretaría. Sin embargo, según el periódico, RICU fue creada en 2007 por Charles Farr, antiguo oficial del MI6, en el marco de la estrategia antiterrorista Prevent, y se inspiró en viejas técnicas de propaganda gubernamental. Su misión original era responder a la propaganda yihadista y orientar el lenguaje oficial sobre el terrorismo. Su evolución práctica parece más ambiciosa: impedir que determinados hechos produzcan determinadas conclusiones.
Ahí está el corazón del asunto.
La política contemporánea ya no discute sólo los acontecimientos. Discute el derecho a sentirlos. Un hombre es apuñalado. Una niña es violada y asesinada. Un joven queda desangrándose en la calle. Una familia recibe la noticia que destruye una vida entera. Y antes de que el dolor encuentre sus propias palabras, aparece el Estado, no siempre con un policía, un juez o un médico forense, sino con un redactor de comunicados, un especialista en «cohesión», un operador de crisis, un funcionario de la emoción correcta.
Lo que revela el caso británico es una mutación de fondo. La policía ya no se limita a perseguir al criminal. También vigila el relato del crimen. No basta con investigar quién mató, cómo mató y por qué mató. Hay que decidir cómo debe hablarse de ello, qué vocabulario conviene emplear, qué rabia debe ser desautorizada y qué tristeza debe ser aprobada. El cadáver pertenece a la familia. El discurso sobre el cadáver pertenece al sistema.
Las técnicas descritas por el Daily Mail son dignas de una novela de espionaje escrita por un burócrata. RICU habría ayudado a la policía a «controlar el relato» después de disturbios en Belfast, a identificar llamamientos a protestar en las redes, a presentar a los manifestantes como matones y no como ciudadanos irritados, y a preparar a los equipos de enlace que tratan con las familias de las víctimas. También se le atribuyen operaciones de influencia más teatrales: agentes encubiertos depositando flores tras ataques terroristas, carteles con lemas sentimentales, campañas de hashtags, imágenes cuidadosamente colocadas en la prensa y hasta un grupo musical financiado discretamente para cantar contra la radicalización en escuelas musulmanas.
Uno no sabe si reír o santiguarse. La vieja Inglaterra, que tuvo corsarios, almirantes, poetas, jueces, predicadores y primeros ministros de acero, parece ahora confiar la paz civil a un aparato de pedagogía emocional. Antes gobernaba mares. Ahora administra condolencias.
La técnica es siempre la misma: sustituir el hecho por una coreografía moral. Donde hay sangre, se coloca un hashtag. Donde hay rabia, se distribuyen flores. Donde hay un crimen que obliga a pensar, se prepara un comunicado que invita a no pensar demasiado. El dolor se admite, siempre que sea estéril. La tristeza se tolera, siempre que no tenga consecuencias políticas. El pueblo puede llorar. Lo que no debe hacer es concluir.
Richard North, en Turbulent Times, ha subrayado el aspecto más siniestro de este mecanismo: la posibilidad de que las familias sean inducidas, orientadas o empujadas a formular declaraciones que no parecen nacidas de la conmoción del duelo, sino del lenguaje plastificado de la gestión de crisis. No se trata de negar que una familia pueda pedir calma con sinceridad. Por supuesto que puede hacerlo. Tiene derecho a enterrar a sus muertos lejos de tribunos, pancartas, cámaras y oportunistas. La cuestión es otra: ¿cuándo la dignidad del duelo se convierte en la lengua esperada por el poder?
España no es Inglaterra. Tampoco es Francia. Y la Argentina, por razones demográficas evidentes, no vive el mismo tipo de fenómeno: no existe allí una población afro-musulmana suficientemente numerosa como para producir la misma serie de crímenes, tensiones y comunicados anestésicos que se observan en ciertas sociedades europeas. Sería absurdo importar mecánicamente el modelo británico al Río de la Plata. España, en cambio, sí conoce ya algunos síntomas del problema, aunque todavía bajo formas menos sistemáticas.
Basta recordar Algeciras, enero de 2023. Un marroquí asesinó a machetazos al sacristán Diego Valencia e hirió a otras personas en un ataque contra iglesias. El hecho fue tratado como terrorismo yihadista. La familia habló sobre todo desde el dolor, la exigencia de justicia y la necesidad de reconocer la naturaleza del crimen. No apareció, al menos con la claridad francesa, ese comunicado casi ritual contra la «instrumentalización política». Sin embargo, el reflejo oficial fue el mismo de siempre: llamar a la serenidad, evitar generalizaciones, impedir que el crimen dijera algo demasiado incómodo sobre la inmigración, el islamismo o la fragilidad española.
La España oficial parece vivir atrapada entre dos miedos: miedo al crimen y miedo a que el pueblo interprete el crimen. El primero es natural. El segundo es político.
También podrían citarse otros casos ibéricos, aunque de naturaleza distinta. El doble crimen de Almonte, en Huelva, con Miguel Ángel Domínguez y su hija María asesinados brutalmente a cuchilladas, derivó durante años en reclamaciones de justicia, reproches a las autoridades y prudencias políticas locales. Allí no había cuestión migratoria ni islamista, pero sí se vio ese pudor español ante la politización del crimen: que hablen los tribunales, que se respete el duelo, que nadie utilice a los muertos. La fórmula es noble cuando protege a la familia. Se vuelve sospechosa cuando protege al poder.
Francia ofrece ejemplos más claros. Tras el asesinato de Lola, sus padres pidieron que el nombre y la imagen de su hija no fueran utilizados políticamente. Tras la muerte de Thomas en Crépol, el entorno familiar insistió en el carácter apolítico del duelo. En Nogent-sur-Oise, después de la muerte de Hasan, la familia llamó a la calma, al respeto y al apaciguamiento. En Lyon, tras la muerte de Quentin Deranque, la familia condenó la recuperación política. En muchos casos, esas palabras fueron sinceras. Sin embargo, en su repetición se percibe ya una liturgia social: la familia ideal del régimen es aquella que no acusa más allá del asesino inmediato, que no relaciona nada, que no extrapola y que no molesta.
El Estado moderno quiere víctimas ejemplares. Quiere padres que lloren sin pensar demasiado, hermanos que perdonen antes de haber comprendido, vecinos que dejen flores y no preguntas. Quiere un duelo sin consecuencias, una elegía sin política, una compasión sin diagnóstico. No le molesta tanto la lágrima como la idea que puede nacer después de la lágrima.
El Reino Unido ha dado a esta tendencia una forma casi perfecta. Lo más llamativo del caso RICU es que no se limita a censurar. La censura pertenece al viejo mundo. RICU prefiere orientar, envolver, infiltrar, suavizar, inducir. No dice necesariamente: «cállate». Dice más bien: «habla así». No niega el crimen. Explica cómo debe ser metabolizado. No borra la sangre. La traduce al idioma del vivir juntos.
También en España conocemos ese idioma. Lo oímos después de cada agresión que no conviene mirar de frente. Lo oímos cuando el cuchillo entra en una iglesia, cuando una mujer es atacada por alguien que no debería estar allí, cuando la violencia importada se disfraza de suceso aislado, cuando el islamismo se reduce a desequilibrio, cuando la inseguridad se disuelve en «convivencia». Siempre aparece el mismo coro: no generalizar, no alimentar el odio, no instrumentalizar, no hacer política. Como si la política no consistiera precisamente en preguntarse qué decisiones hicieron posible que ciertas cosas ocurrieran.
No se trata de pedir venganza. No se trata de justificar turbas, represalias ni violencia callejera. Cuando una sociedad responde al cinismo del Estado con linchamientos, listas clandestinas o incendios, ya no recupera el orden: lo pierde definitivamente. Una nación no se salva entregándose a la noche. Se salva recuperando la verdad pública.
Y la verdad pública empieza con una libertad sencilla: nombrar.
Nombrar al asesino. Nombrar a la víctima. Nombrar la ideología cuando la hay. Nombrar el fracaso migratorio cuando existe. Nombrar el islamismo cuando actúa. Nombrar la cobardía judicial, la debilidad policial, la complicidad mediática y la mentira multicultural. Nombrar no es odiar. Nombrar es impedir que el poder convierta la realidad en una nube de eufemismos.
El problema de las sociedades europeas no es que sus pueblos sean incapaces de sentir compasión. Es que sus gobiernos sólo aceptan una compasión políticamente domesticada. Quieren ciudadanos sensibles, pero no lúcidos. Quieren lágrimas, pero no memoria. Quieren flores, pero no preguntas. Quieren elegías, pero no juicio.
Por eso el caso británico importa a España. No porque Madrid tenga necesariamente una RICU escondida en algún pasillo del Ministerio del Interior. Quizás no la tenga. Quizás no la necesite todavía. Lo importante es que ya existe el clima espiritual que la haría posible: una clase dirigente que teme más la reacción del pueblo que el crimen que provoca esa reacción; una prensa que vigila el lenguaje de las víctimas; una administración que confunde paz civil con anestesia moral.
La policía de las lágrimas y de las elegías es el nombre de esa nueva función del Estado. No protege tanto a los muertos como al relato construido sobre su muerte. No acompaña tanto a las familias como las rodea de palabras útiles. No busca solamente justicia. Busca apaciguamiento obligatorio.
Sic transit gloria mundi. Europa fue capaz de levantar catedrales, imperios, universidades, flotas, códigos y poemas. Hoy, en demasiados lugares, apenas se atreve a decir quién mata a sus hijos. Un continente que ya no protege a sus víctimas, sino el discurso permitido sobre ellas, no está solamente en decadencia. Ha cambiado de centro moral. Ya no está del lado de la verdad. Está del lado del apaciguamiento obligatorio.
