J.J.E.
Cuando se adivina que va a faltar el pan, siempre aparece alguien vendiendo bollos. Lo más demagógico que se ha oído hasta el momento es, seguramente, el plan de Chaves, el presidente andaluz. Lo que Chaves ha prometido es la construcción masiva de viviendas -700.000 en diez años, nada menos- destinadas a la venta o alquiler. ¿Y quién las comprará? Ciudadanos que perciban menos de 3.100 euros al mes.
El plan suena bien, pero tiene algunas grietas que demuestran su carácter esencialmente demagógico. Primero, esgrime el derecho a la vivienda como un derecho exigible a las administraciones públicas, lo cual es papel mojado, porque ningún tribunal obligará a las administraciones a otorgar vivienda a un hipotético ciudadano demandante. Además, el proyecto de Chaves, que impone la obligación, sin embargo exonera al Gobierno andaluz de cumplirla, porque carga toda la responsabilidad sobre los ayuntamientos. Del mismo modo, prescribe que el coste del alquiler o la compra no supere un tercio del salario, lo cual obliga al sistema a algo tan complicado como congelar los precios. Otra grieta: ese límite salarial de 3.100 euros al mes, perfectamente arbitrario, porque esa cantidad no representa lo mismo para una familia numerosa que para un ciudadano que viva solo. Parece demasiado obvio que la única preocupación del Gobierno andaluz, con este plan, ha sido buscar votos. Es pura demagogia.
El plan Chaves, por otro lado, es exactamente lo contrario de lo que propone el también socialista Gobierno Zapatero: donde el andaluz promete facilidades para la compra, el Gobierno de la nación venía prometiendo facilidades para el alquiler. Bien es cierto que la política de alquileres del Gobierno ha sido un fiasco de dimensiones colosales. Mejor salgamos de aquí.
El problema de la vivienda (de verdad)
Mientras la demagogia calienta bocas, pocos son los que cuentan la verdad sobre el asunto. ¿Y cuál es esa verdad? Primero, que el precio de la vivienda en España es desorbitado porque su base, el precio del suelo, está cautiva del interés de los Ayuntamientos, que son quienes fijan su coste y sus fluctuaciones. Segundo, que la vivienda en España sube porque se compra, y se compra porque otros venden para comprarlas, y esto es así porque “el ladrillo” se ha convertido en la inversión más segura para las economías medias. Añadamos al paisaje: las inmobiliarias, dispuestas a sacar partido del proceso; los bancos, dispuestos a facilitar las hipotecas hasta el límite del endeudamiento (o más allá de él); los políticos, encantados de la vida al descubrir que hay un sector que tira de la economía española (una economía cuya potencia en otras áreas es limitadísima).
¿Dónde está la trampa? La trampa está en que todo depende del tipo de interés. A poco que éste suba, las hipotecas se encarecerán, la gente empezará a pasar apuros, la demanda se detendrá, con ella se detendrá también la producción y, tras ésta, inevitablemente, el sector construcción entrará en crisis y la economía en general experimentará un golpe en cadena que afectará a todos los agentes del proceso. Los más afectados serán, evidentemente, los ciudadanos, como siempre: los que están comprando vivienda porque, con sus hipotecas encarecidas, pueden ir preparándose para apretarse el cinturón, ya que su porcentaje de endeudamiento necesariamente subirá; los que aún no tienen vivienda, porque es poco verosímil que en un contexto de economía frágil vaya a circular dinero como para comprarla a mejor precio.
En este contexto, las declaraciones de los gobernantes españoles desconciertan por su demagogia, su oportunismo y su incompetencia. Desde los que niegan la evidencia, como la ministra Chacón, hasta los que alarman con la boca chica, como el ministro Solbes, pasando por la demagogia del presidente andaluz, que promete lo que no puede cumplir, y por la frivolidad del presidente del Gobierno, que le echa la culpa a la globalización (¿y por qué no al cambio climático?). Semejante zurriburri sólo indica una cosa: el Gobierno no se esperaba esto y ahora no sabe qué hacer.
Un sistema demasiado frágil
¿Y qué hay que hacer? En el aspecto concreto de la Vivienda, todos los observadores independientes coinciden en que la única solución viable pasa por liberalizar el precio del suelo, de modo que baje su precio. Eso, combinado con una política de alquileres que proteja los derechos de los propietarios y, por tanto, anime a éstos a alquilar, facilitaría enormemente el acceso a la vivienda. En el aspecto económico general, el mantenimiento de unos tipos de interés bajo es vital para las economías particulares, y téngase en cuenta que éstas son la base de la demanda en el sector de la construcción, vital a su vez para el resto de la economía.
No parece que ninguna de esas soluciones vaya a ser adoptada por el presente Gobierno, que, según parece, piensa más bien en estirar la situación hasta las próximas elecciones con medidas “de gracia”: subvenciones por hijo, aumento del salario mínimo, etc. Pero ahora, precisamente ahora –si no ahora, ¿cuándo?- debería ser el momento para plantear el debate a fondo sobre las grandes carencias de la economía española, una economía excesivamente dependiente en materia energética, muy floja en materia industrial, arruinada en materia agraria, alucinada con el señuelo de la inmigración, obsesivamente centrada en un “sector servicios” identificado con el turismo y que, más temprano que tarde, perderá competitividad frente a otros países que venden ocio más barato. El ladrillo ha sido una solución. Está empezando a dejar de serlo.
