Inmigración: el problema

No hay que regatear méritos a Rajoy por su propuesta de un “contrato de integración”, es decir, de un mecanismo que marque deberes sociales a los inmigrantes. Por discutible que sea –que lo es, y en varios sentidos-, la verdad es que el mero hecho de proponer tal cosa exponía al candidato popular a todo género de críticas desde la inquisición de lo “políticamente correcto”. Otros en la derecha –Gallardón, por ejemplo- no se habrían atrevido a hacerlo; ya no digamos en la izquierda. Rajoy ha osado plantear públicamente un problema que preocupaba a la inmensa mayoría de los ciudadanos y que los políticos españoles se habían empeñado tenazmente en ocultar. Vaya eso por delante: Rajoy ha tenido valor. Sin embargo, la propuesta del PP tiene un inconveniente, y es que no se aparta de la doctrina oficial sobre la cuestión de la inmigración. Esa doctrina puede resumirse así: la inmigración es buena, aquí caben todos y el problema está en la integración de las poblaciones extranjeras en la sociedad española. Pero es precisamente aquí donde está el problema: no puede juzgarse “bueno” un fenómeno que supone la expatriación forzosa de millones de personas todos los años, para entrar en una sociedades donde, por otro lado, no es verdad que quepan todos. Ninguna sociedad puede soportar una entrada masiva de población alógena en pocos años –como la que ha sufrido Europa en general y España en particular- sin ver sus equilibrios básicos alterados. Sin duda el sistema económico puede verse –ocasionalmente- beneficiado por ello, pero lo económico no es el único factor decisivo para la supervivencia de una comunidad. De manera que la cuestión no puede reducirse sólo a forzar una integración de los inmigrantes menos traumática para las sociedades de acogida, sino que habría que plantearse de manera global el problema: ¿Queremos inmigración? ¿Para qué? ¿Con qué límites y en qué condiciones? ¿Qué actitud tomar hacia las culturas específicas de los inmigrantes? ¿En qué medida la asunción de deberes sociales puede ser contrapartida de derechos políticos? ¿Hasta dónde regular la repatriación de los inmigrantes? Esas son las grandes cuestiones. La propuesta del PP no las resuelve. En todo caso, es un paso en la buena dirección.