La cuestión militar  

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Pocos hablarán de ello. Elmanifiesto.com sí lo ha contado. Los militares están hartos. Y no, no se trata de “ruido de sables”, ni de conspiraciones de cuartel ni de nada parecido. Simplemente, los militares quieren ser ciudadanos como los demás, con los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano en materia de asociación, reunión, expresión, etc. Todos los militares aceptan, en general, que tales derechos y libertades han de tener en su caso unas ciertas limitaciones. Pero una cosa es aceptar limitaciones de presencia pública por razón de oficio, y otra muy distinta es ver cómo la democracia española, desde hace la friolera de veintinueve años, viene negándose a resolver una cuestión que ya debería estar solucionada por imperativo legal.

¿Por qué se discrimina de ese modo a los militares? España arrastra desde los años ochenta un pesado lastre en esta materia: la fuerte y sostenida campaña de opinión contra el ejército en particular y lo militar en general, motivada originalmente por la prevención hacia los residuos de franquismo, terminó creando una sociedad donde no se puede pronunciar la palabra “milicia” sin suscitar una inmediata avalancha de sentimientos negativos. Semejante estado de opinión, irresponsablemente alimentado por la izquierda y nunca adecuadamente combatido desde la derecha, está detrás de la mediocre condición de nuestras Fuerzas Armadas, y también es la causa de que nadie se sienta particularmente inclinado a hacerse eco de la reivindicación militar. Eso da la medida del país que tenemos.

Los militares tienen derecho. Lo han reconocido reiteradas veces tanto el poder judicial como el poder legislativo. Es el ejecutivo el que viene congelando desde hace tres décadas el asunto. Esa discriminación debe terminar.

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